La Armada argentina ha registrado alrededor de 430 buques pesqueros extranjeros de promedio anual faenando al límite de su ZEE. No es nada nuevo. Y armadores gallegos, propietarios de buques pesqueros reconocidos mundialmente como “piratas” por practicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, conocen sobradamente las posibilidades que la adscripción de Uruguay -en concreto su puerto capitalino de Montevideo- al régimen de Puertos Libres y su sistema aduanero y fiscal especial- ofrece a flotas de terceros países que faenan más allá de su Zona Económica Exclusiva (ZEE). Son actualmente más de 200 los barcos de pesca extranjeros (en su mayoría con banderas de Corea del Sur, China, España y Taiwán) los que utilizan como puerto base el citado de Montevideo convertido en centro de distribución para sus mercadorías con destino a puertos de otros países, muchos de ellos radicados en Europa, Asia y EE UU. Estos pesqueros tienen un único puerto de referencia y no es otro que el de Montevideo, donde se les brindan más servicios (y donde más impedimentos se han puestos a pesqueros españoles -en su mayoría gallegos- para utilizar el puerto de Montevideo como base para sus operaciones de transbordo de capturas a los mercantes que trasladarían a España las mismas- que faenan fuera de las 200 millas de la ZEE argentina. Las flotas pesqueras extranjeras dejan una ganancia anual de cientos de millones de dólares a la economía uruguaya. Además, no es la autoridad local la más proclive a mantener a raya la actividad ilegal de esos cientos de barcos que, en aguas del Atlántico Suroccidental desarrollan su trabajo cotidiano. Y todo ello, a pesar de ser Uruguay uno de los países signatarios del primer tratado internacional vinculante, centrado específicamente en la pesca INDNR y el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP) de la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) cuyo objetivo primordial es eliminar la pesca ilegal (INDNR) impidiendo que los buques que la practican utilicen sus puertos para para desembarcar capturas ilegales. Y frena, además, el flujo de productos pesqueros derivados de esa pesca ilegal hacia los mercados nacionales e internacionales con disposiciones que se aplican a los buques de pesca que solicitan entrar a puerto designado de un Estado diferente al de su pabellón de bandera. Si Uruguay autoriza el uso del puerto de Montevideo obviando servirse de un sólido proceso de diligencia debida a su disposición para la toma de decisión en tal entrada, es muy factible que se convierta en cómplice de actividades más allá de su mar jurisdiccional. Conviene recordar aquí que la Armada argentina ha registrado alrededor de 430 buques pesqueros extranjeros de promedio anual faenando al límite de su ZEE. Al caer la noche, muchos de estos barcos de pesca extranjeros -sino su totalidad- cruzan el límite de las 200 millas y se apoderan de recursos pesqueros como el calamar (pota) cuyo destino final se ignora oficialmente. Y tampoco puede obviarse que el pesquero Viarsa I, propiedad en octubre de 2014 del armador ribeirense Antonio Vidal, tenía bandera de Uruguay. Como uruguayo era también su capitán cuando, en 2002, el Viarsa I fue perseguido por una patrullera australiana durante 21 días y a lo largo de 4.000 millas náuticas, acusado de pesca ilegal de merluza negra. El pesquero, a bordo del cual había también algunos tripulantes gallegos, fue capturado al sur del Océano Atlántico por la patrullera citada y conducida al puerto de Perth. Ya en Australia y tras dos juicios con jurado, los acusados fueron absueltos, al no haberse podido probar que el Viarsa I había pescado en las 200 millas de la ZEE australiana. https://www.mundiario.com/
