Cuando se acaba de dar a conocer un informe sobre situaciones de violación de los derechos humanos por parte de la flota que opera en el Atlántico Sur y tiene al puerto de Montevideo como centro de operaciones, la Organización de la ONU puso el foco en los abusos laborales. Con motivo del Día Mundial de la Pesca que se celebra cada 21 de noviembre desde 1998, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Santa Sede se unieron en Roma con el propósito de solicitar cooperación para asegurar los derechos de los pescadores. El encuentro se tituló “Los derechos laborales son derechos humanos” y participaron el director General de la FAO, Graziano Da Silva, el director General Adjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Moussa Oumarou; el cardenal Peter Turkson y monseñor Paul Richard Gallagher.
Las organizaciones que participaron del encuentro pidieron más colaboración de los países en la adopción de la normativa internacional que regula y previene los abusos laborales y violaciones a los derechos humanos, como el Convenio 188 de la OIT vigente desde noviembre de 2017 y al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada de la FAO-ONU. Sin embargo aquellos países que realizan prácticas ilegales con los trabajadores en alta mar difícilmente adhieran a la normativa de la OIT y los resultados obtenidos en los países que funcionan como Estado Rector de la FAO no han sido satisfactorios. El reciente informe publicado sobre las irregularidades en el Puerto de Montevideo donde se desembarca un muerto por mes es un claro ejemplo de ello (Ver Muertos, drogas, pesca ilegal y barcos mellizos en el Puerto de Montevideo). Incluso el propio presidente de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay, Alberto Díaz Acosta, reconoció ante este medio que la pesca Ilegal No Declarada No Reglamentada (INDNR-IUU) no es prioridad para su gestión; que los trasbordos en alta mar que favorecen los abusos a bordo y la violación de derechos fundamentales, son una herramienta esencial para el desarrollo del puerto de Montevideo y reconoció también que no restringen el ingreso de barcos por haber sido denunciados por pesca ilegal o violaciones de los derechos humanos. No obstante desde la FAO insisten en que esta es la herramienta fundamental con la que se cuenta para terminar con los abusos laborales. La experta de la organización Nicole Franz invitó a los países a seguir sumándose al tratado internacional contra la pesca ilegal, que entró en vigor en 2016; e indicó “que los buques que realizan pesca ilegal muchas veces están vinculados a trata de personas, abusos laborales y a esclavitud”. Durante el encuentro Moussa Oumarou, de la OIT, sostuvo que más de 200 millones de trabajadores están vinculados al sector pesquero y que un porcentaje muy elevado es víctima de trabajo forzoso: “Es una de las profesiones más peligrosas del mundo, hay accidentes mortales, y a bordo se es más sensible a los abusos, también psicológicos y sexuales”, sostuvo. Por su parte, el cardenal Peter Turkson, a cargo de la Promoción del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, pidió que se “dejen de lado las diferencias, el antagonismo y la rivalidad y se unan esfuerzos para desarrollar una hoja de ruta hacia una extensa ratificación e implementación de los instrumentos internacionales. Esta cooperación debe llevarse a cabo a nivel mundial, regional, nacional y local, y debe garantizar la participación de la sociedad civil, la industria y los minoristas, las ONG, los sindicatos y la Iglesia”, dijo, señalando que “será el único camino para mejorar las condiciones laborales y luchar contra la pesca INDNR”. Desde el Vaticano indicaron que detrás de las cifras millonarias que arroja la pesca a nivel mundial se esconden “innumerables y persistentes cuestiones complejas” y que en los primeros puestos de la lista, “además de los abusos físicos y verbales, cabe destacar la explotación masiva de pescadores, incluyendo numerosos casos de trabajo forzado, la trata de seres humanos y la desaparición en el mar. Podemos observar un vínculo directo entre todos estos abusos y el uso de banderas de conveniencia, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), el crimen transnacional”. Otro de los graves problemas que enfrenta la pesca según la Santa Sede y la OIT es la explotación infantil. Citaron a Paraguay como un caso testigo, donde más de 20 mil menores de entre 5 y 17 años son ocupados en la pesca y la acuicultura. “Ningún país puede recurrir al trabajo infantil, hay que castigar a quien lo practica y compensar a las víctimas”, señalaron desde el Apostolado del Mar. Finalmente, el secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, Paul Richard Gallagher, pidió que se realice un monitoreo sistemático para perseguir las violaciones en el sector. https://revistapuerto.com.ar
