La pesca es un trabajo peligroso. De acuerdo con estudios de la Organizacion Internacional del Trabajo se trata de unos 20 millones de pescadores de los cuales más de 20.000 mueren cada año. Muchos de ellos, desaparecen. El 29 de febrero de 2016, las autoridades argentinas se acercaron al HUA LI 8, un potero de bandera de China que había sido observado pescando ilegalmente en la ZEE. A pesar de los esfuerzos que incluyeron disparos de advertencia, el HUA LI 8 se dió a la fuga. Argentina solicitó apoyo de INTERPOL, quien emitió una notificación morada para alertar a los países miembros que el buque seguía prófugo. Dos meses después, autoridades de Indonesia arrestaron al buque en aguas de Sumatra. La noticia más relevante del arresto fue la presencia en la tripulación, de 29 ciudadanos indonesios que habían sido sujetos del tráfico de personas y trabajos forzados, según una investigación realizada por la Organización Internacional para las Migraciones. El informe es uno entre centenares que, originados en ONG´s, gobiernos u organismos multilaterales, procuran visibilizar y generar conciencia acerca de las condiciones infrahumanas, rayanas en la esclavitud, el tráfico de personas y los trabajos forzados que deben soportar cientos de miles de tripulantes de buques pesqueros en muchas partes del mundo. Según investigaciones realizadas por la ONG Global Fishing Watch (GFW), el caso del HUA LI 8 es un ejemplo paradigmático de una patología crónica de la industria pesquera. Las condiciones severamente inhumanas que caracterizan la vida de los marineros incluyen violencia física, privación del sueño, abuso verbal y amenazas de muerte, retención de pago y tratamiento médico, confiscación de identificación personal, alimentación escasa o inadecuada y, en casos graves, incluso asesinato. Estos hechos son indicadores de prácticas análogas a la esclavitud, trabajos forzados, servidumbre por deudas y trata de personas. Según la OIT, decenas de millones de personas fueron víctimas de trabajos forzados en todo el mundo. El Índice Global de Esclavitud publicado por la Fundación Minderoo informa que los siete países con mayor riesgo de esclavitud generan casi un 40% de las capturas pesqueras mundiales. La imposición de sanciones tales como prohibición de importaciones por incumplimiento de la diligencia debida en la protección de los marineros, se transformaría así en un límite cada vez más relevante. Aún en ausencia de normativas consensuadas, el margen para las sanciones existe. En efecto, la administración del Presidente Biden impuso recientemente sanciones financieras a dos grandes compañías de flotas pesqueras chinas: Pingtan Marine Enterprise, que cotiza en el Nasdaq, y Dalian Ocean Fishing. Ambas fueron acusadas de participar en pesca ilegal y abusos contra los derechos humanos. La responsabilidad del embanderamiento, los subsidios, el “transhipping” (reabastecimiento en el mar de las flotas pesqueras), extienden el reproche al estado chino. Una nueva guerra fría toma temperatura. Por otra parte, las responsabilidades del estado rector del puerto, extienden el escrutinio a otros países que participan como punto de apoyo logístico de la cadena de valor. A nivel global, el Área Adyacente Argentina (AAA), que es el borde exterior de la ZEE, se constituye en uno de los focos más relevantes de la pesca no declarada, no regulada y, eventualmente, depredatoria. En ella se reúnen cientos de buques que aprovechan la riqueza estacional del calamar y de “lo que salga”. Si bien la extracción del recurso se realiza legalmente fuera de la ZEE, el impacto en ésta, a través de las especies altamente migratorias y transzonales constituye una amenaza a un interés nacional. Desde la mirada de los consensos e instrumentos orientados a la protección del ser humano, la biomasa y el comercio justo, la ilegalidad no surge por el lugar donde se pesca sino por las prácticas a bordo de los buques. El responsable final es el estado de bandera. La pesca depredatoria en el Área Adyacente Argentina.
