Denuncian amenazas con armas de fuego y permisos “ilegales”. La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) denunció tiros y amenazas en el puerto de Montevideo. Además, advierte que la Administración Nacional de Puertos (ANP) está incumpliendo tratados internacionales referidos a la protección de buques e instalaciones portuarias y la intimó a prohibir la circulación de integrantes de organizaciones sindicales no vinculados a la actividad. El documento de intimación con fecha 25 de marzo —al que tuvo acceso El Observador— fue presentado por 15 empresas agrupadas dentro de la CIPU quienes entienden que la ANP no está cumpliendo con el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIB). El mismo se encuentra comprendido en el Capítulo XI2 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, ratificado en Uruguay por la Ley Nº 14.879 de fecha 23 de abril de 1979, que fue enmendada por la Ley Nº 17.504 del 18 de junio de 2022. En ese sentido, desde la CIPU advierten sobre “los riesgos, posibles daños y perjuicios que esta situación puede provocar” debido a la “irregularidad en cuanto a la falta de controles y de seguridad”.
En particular, las empresas denuncian que el actual procedimiento de otorgamiento de carnés de acceso y circulación en el recinto portuario para organizaciones sindicales u otras con personería jurídica —en el marco de la Resolución de Directorio 722/3512 de 2009— a la que califican de “ilegal e ilegítima”, otorga permisos que “no están relacionados a la operativa portuaria ni con plazo de vigencia, lo que resulta clave para la seguridad de buques e instalaciones portuarias”. A su vez, denuncian que el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) tiene una sede dentro del recinto sin ser operador portuario ni que esté previsto que pueda tener una. Frente a estos hechos, desde la CIPU intimaron a la ANP a que declare ilegal o revoque la Resolución de Directorio 722/3512 de 2009 y todas aquellas normativas que “no cumplan o contravengan al Código PBIP”, en especial las que permiten al Suntma u otros que “no sean operadores portuarios” a “gestionar indiscriminadamente carné de acceso al puerto”.
También se intimó a revocar de forma inmediata “todo carné emitido en el marco de estas normativas” y a retirar del recinto portuario la sede del Suntma, ubicada en el muelle 10 del Puerto de Montevideo.
Preocupación: tiros en el puerto Un directivo de la CIPU, que pidió no ser identificado, explicó a El Observador que los paros “constantes” por parte del sindicato atentan directamente contra la producción del sector, que hoy tiene 50 embarcaciones pesqueras que “dependen exclusivamente de la captura que traen a puerto”. En esa línea, informó que Uruguay llegó a exportar 120 mil toneladas de pescado y hoy exporta alrededor de 54 mil, lo que marca un claro descenso. En este momento se está en el comienzo de la zafra de pesca. Según la fuente, es “necesario que los barcos estén operativos” ya que “si no se trabaja no hay resultados”. “Acá las empresas al tener barcos parados tienen costos fijos. Entonces, cualquier problema que surja y que genera una interrupción, hace que las empresas mantengan sus costos fijos —que son en definitiva pérdidas cuando no está trabajando— y, a su vez, hacen que las tripulaciones tampoco cobren nada”, sostuvo.
La principal demanda de los empresarios va por el lado de los carnés de acceso y circulación al recinto portuario que otorgó el Directorio de la ANP en 2009. Según el directivo de la CIPU, el sindicato no tiene personería jurídica por lo que no debiera autorizarse el ingreso de personas vinculadas al mismo que no tengas relación con la actividad portuaria. No obstante, ello ocurre, aseguró.
“¿Quién garantiza el accionar de esas personas? Si bien las empresas estamos autorizadas a solicitar y emitir esos permisos ante la ANP, respondemos ante ellos, pero el sindicato no. Esto ha generado que minorías puedan estar en el puerto las 24 horas”, afirmó. En esa línea, mencionó que el Suntma tiene una oficina contenedor en el puerto y que no entienden cómo se autorizó algo así. “Hoy esas minorías permanecen dentro del recinto portuario, es casi como que estuvieran ocupando el muelle, el lugar de trabajo donde solo deberían estar las personas que están realizando una operación. Sin embargo, esa minoría toma decisiones que terminan englobando a todos los demás”, sostuvo. La fuente informó que por “razones desconocidas” se toma la decisión de parar un barco y quienes lo hacen son personas “que ni siquiera lo tripulan”. A su vez, los tripulantes no se animan a partir por miedo. “Arma blanca; hubo tiroteos, hay personas armadas. Existe el narcomenudeo constante y los hurtos”, denunció. El directivo de la CIPU también recordó un tema que ya había estado en la escena pública: el Suntma estableció que los obreros que no estén afiliados al gremio no puedan trabajar en el puerto. Roberto Cardozo, dirigente del Suntma, había confirmado a radio Carve que el sindicato tiene una oficina en el muelle por donde los obreros sindicalizados pasan los lunes para anotarse como “pescador del Suntma”. “Es una forma de control, nos cuidamos entre nosotros desde hace muchísimos años”, dijo. Al ser consultado sobre si esta situación lleva a que aquellos trabajadores que no están afiliados no puedan trabajar, Cardozo respondió: “Lamentablemente, no”. Y agregó: “Nosotros somos trabajadores sin estudio y lo único que sabemos hacer es pescar o descargar pescado y sino cuidamos este trabajo, estamos en el horno. Todos tenemos familia y queremos vivir”. “Si nosotros necesitamos un tripulante en un barco y decidimos que sea alguien que ya conocemos, que trabajó para nosotros y que es bueno, si lo llamamos no va a poder embarcar porque le van a pedir que presente un ticket emitido por el sindicato que lo habilita embarcarse; sin eso no puede hacerlo. Con eso se violan todas las leyes habidas y por haber y por supuesto la libertad de trabajo”, dijo el directivo de la CIPU.
Según la fuente, el tema ha sido planteado ante la ANP en reiteradas oportunidades pero el organismo “no ha encontrado las herramientas para revertir esto”. El Observador consultó a autoridades de la ANP respecto a las denuncias de los empresarios pero optaron por no hacer comentarios al respecto. El observador www.elobservador.com.uy
