Las crecientes exportaciones de energía eléctrica a los países vecinos son un síntoma de problemas estructurales que se deben solucionar para poder bajar las tarifas. La información de UTE que el 30 de octubre se “batió el récord” de exportación de electricidad es sintomática de un problema estructural en el mercado uruguayo de energía. Ese día, el 54% de la energía generada tuvo como destino la exportación, mientras que solo el restante 46% se destinó al consumo doméstico. La totalidad de la generación de ese día fue de fuente renovable, y UTE agregó que en lo que va del año ha exportado un 23% de la energía y que solo el 2% de la generación ha sido de fuente térmica. “Exportación de energía renovable” suena muy lindo y rima con la “transformación de la matriz energética” con la cual los uruguayos vienen siendo aturdidos durante la actual campaña política. En un primer análisis esto podría ser positivo, y sin dudas esa fue la intención del mensaje publicado en la red de UTE. Sin embargo, estas exportaciones son el resultado de una política energética que con el tiempo fue confundiendo objetivos. En el inicio se buscó la independencia energética, meta que se ha logrado con éxito. Pero con el tiempo, la Dirección de Energía cayó en el canto de sirenas de las energías renovables y terminamos invirtiendo en un parque de generación eólica de una dimensión que parece excesiva. Más discutible aún ha sido la disposición del Ejecutivo de acomodar las necesidades de empresas extranjeras que para instalarse en el país exigen en algunos casos que UTE aumente su capacidad de generación y en otros, que adquiera energía a precios que exceden los precios de mercado actuales en la región. ¿Por qué estamos exportando tanta energía? Podría tratarse de una demanda externa genuina, motivada por costos de producción inferiores a los existentes en la región. Pero sabemos que esto no es el caso, ya que hasta Argentina con sus altas tasas de interés lograba el año pasado contratos de adquisición de energía eólica a la mitad del precio de Uruguay. Ni hablemos de Chile… La realidad es que estas exportaciones se explican por los extraordinarios excedentes estructurales en la producción de energía. ¿Por qué tenemos un excedente energético y en qué se origina? Uruguay tiene dos desbalances energéticos importantes. Por un lado se produce más de lo que se consume domésticamente, motivo por el cual es imperioso exportar el excedente a Argentina y Brasil. Por el otro lado existe una importante capacidad instalada ociosa. En el origen de este exceso de capacidad se encuentra el malogrado proyecto de Aratirí, que requería para su instalación que Uruguay hiciera un importante aumento en su capacidad de generación. Ello motivó que la Dirección de Energía acelerara el programa de generación de energía eólica más allá de los niveles originalmente previstos. Al despachar energía a nuestros vecinos a costos inferiores a la tarifa doméstica, estamos indirectamente favoreciendo la competitividad de empresas que compiten con las nuestras en el mercado internacional. Dado que la generación eólica no es estable, fue necesario construir además la planta de ciclo combinado como “respaldo”. Esta planta fue originalmente diseñada para que funcionara a gas, lo que requería la construcción de una planta regasificadora. El resultado en parte es que UTE se comprometió a adquirir energía eólica a precio firme por 20 años, la necesite o no. Los excedentes actuales producidos por estos parques no dejan a UTE otra alternativa que exportar esa energía a Argentina y Brasil, en una situación que por naturaleza, no le permite mucho margen de negociación. A pesar que el Ministerio de Energía promociona esto como un gran logro, este “negocio” de exportación tiene como fundamento evitar mayores pérdidas; como es el caso cuando hay que pedirle a los parques eólicos que no entreguen energía porque no hay a quién despacharla. ¿Cómo afecta lo anterior a las tarifas domésticas de energía eléctrica? Como ya vimos, UTE compra gran parte de la generación eólica a un precio firme y reajustable en dólares. Esto tiene efectos en la economía de la empresa, ya que en virtud de estos contratos, se obliga a adquirir toda la energía que se genere. En consecuencia, si se genera una pérdida entre el precio de exportación y el costo de generación renovable, esta debe ser absorbida por la tarifa doméstica. A lo anterior se agrega que, a pesar que se utilice muy poco, la planta de ciclo combinado también debe ser amortizada, y esto aumenta aún más el costo promedio de generación. De hecho, si bien las plantas térmicas produjeron solo el 2% de la energía en lo que va de este año, representan el 22% de la capacidad instalada. Estamos entonces ante una importante sobreinversión que, como no podría ser de otra forma, pagan los consumidores a través de la tarifa. Esto y la planta regasificadora son solo parte del “costo Aratirí”.
¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación? Lo ideal sería un retorno al crecimiento económico que permita absorber esta capacidad excedente de generación. Mientras tanto no existen muchas alternativas más allá de permitir a UTE capitalizar su relación histórica con las contrapartes de Argentina y Brasil para mejorar las condiciones de venta de energía. UTE ya ha demostrado que incluso en los peores momentos del gobierno de Kirchner, sus relaciones de largo plazo permitieron mantener el abastecimiento de energía eléctrica en momentos críticos. Cuanto menos interfiera el Ministerio de Industria mejor, y solo con pedirles a sus colegas en el Consejo de Ministros que se abstengan de hablar de Brasil, estarían contribuyendo enormemente a enmendar las consecuencias de su aventurada política energética. Deberán cuantificarse también las pérdidas económicas implícitas de estos proyectos para informar adecuadamente al Ejecutivo y Parlamento.
¿Qué cosas deberíamos evitar para no ahondar el problema? La lección de Aratirí es que comprometimos nuestra política energética en la búsqueda de inversiones, relegando de hecho a un segundo plano el objetivo de una tarifa doméstica competitiva. Con la planta de UPM2 pareciera que caímos en el mismo error, ya que el acuerdo ROU-UPM obliga a UTE a comprar energía firme a un precio que es casi el doble del precio spot promedio del año. Y también supera ampliamente los precios de exportación, comprometiendo el balance de UTE con otro subsidio implícito que beneficia a la empresa finlandesa. En algún momento se deberá sincerar esta situación económica, y si las tarifas están altas como consecuencia de decisiones tomadas en el pasado, quizás convenga asumir la pérdida, y no que esta la sigan absorbiendo los productores nacionales en cómodas cuotas. Paradojalmente, al despachar energía a nuestros vecinos a costos sensiblemente inferiores a los que cobramos a las empresas nacionales, estamos indirectamente favoreciendo la competitividad de sus empresas respecto a las nuestras. De lo anterior se desprende que cuando escuchamos a autoridades del MIEM decir que la compra de energía a UPM2 nos “evita” tener que hacer más inversiones en renovables, uno se pregunta cuál es el escenario de demanda que están viendo. Mientras tanto, se siguen utilizando fondos públicos para subsidiar inversiones a todas las luces innecesarias en la coyuntura actual de nuestro país. Nos referimos al proyecto del transporte eléctrico en Montevideo y el reemplazo de ómnibus a gasoil por eléctricos que cuestan tres veces más y cuya diferencia la subsidiará el Estado. Pero aún con el fuerte subsidio, llamó la atención esta semana que la principal empresa de transporte capitalino expresara públicamente que el proyecto no cierra.
¿Qué estamos haciendo? Las normas de gobernanza sobre el manejo de empresas públicas que plantea la oposición ayudarán a preparar mejor a las empresas públicas para evitar que se conviertan en presa de proyectos políticos de dudosa rentabilidad. Deberán cuantificarse también las pérdidas económicas implícitas de estos proyectos para informar adecuadamente al Ejecutivo y Parlamento en modo que estos puedan pensar en la mejor forma de asumirlas. Mientras esto no se haga, será muy difícil que se puedan bajar las tarifas domésticas.
Por: Cr. Pablo Sitjar (M.SC. Instituto tecnológico de Massachussets, Contador Público https://www.xn--lamaana-7za.uy/
