Busca abaratar 30% los costos de un negocio estratégico, que quedó en la mira judicial por el presunto pago de coimas al kirchnerismo. El Gobierno prepara una licitación para el dragado y balizamiento del río Paraná, un negocio de U$S 200 millones anuales en obras para mejorar el canal fluvial, con un peaje de 3 dólares por tonelada a cada buque que entra o sale. El concesionario actual, Hidrovía S.A., quiere conservar la concesión, pero enfrenta un escollo: está mencionado en la causa de los cuadernos. Las principales empresas del sector, belgas, holandesas y chinas, están interesadas en el negocio. Pero la licitación está demorada y estaría lista recién para mayo de 2020. La concesión vence en enero de 2021. En 1995, el gobierno de Carlos Menem se la adjudicó a Hidrovía S.A., una UTE conformada por la empresa belga Jan de Nul, que aporta el know how técnico (dragado y obras en el río), y por Emepa SA, de Gabriel Romero. Este empresario local confesó como arrepentido en la causa de los cuadernos ante el juez Claudio Bonadio, que había pagado una coima de 600.000 dólares al gobierno de Cristina Kirchner por la prórroga de la concesión, por ocho años, que se fijó mediante el decreto 113 de 2010. La diputada y jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció a Romero y a Hidrovía SA por supuestos delitos de contrabando y tráfico de estupefacientes en aduanas y terminales portuarias de Gran Rosario. Los voceros de la firma no respondieron la consulta de LA NACION sobre la futura licitación. En el proceso licitatorio, a cargo de Mariano Saúl, subsecretario de Puertos y Vías Navegables, se buscará bajar el costo del peaje al menos un 30%. La tarifa actual, de 3,06 dólares por tonelada, rige desde el gobierno de Eduardo Duhalde. El objetivo estratégico del Gobierno es abaratar el costo logístico y mejorar la competitividad del comercio exterior y los precios de los productos en el mercado interno. El negocio del mayor peaje del país tiene interesados poderosos. Jan de Nul dejó trascender que quiere continuar, aunque sea sin Romero. Pero hay otros: el holding chino Shanghai Dredging Company (SDC) y las holandesas Boskalis, Dredging y Van Hool. El ministro de Transportes, Guillermo Dietrich, confirmó a LA NACION que su cartera trabaja en la licitación y sus voceros adelantaron que habrá cláusulas anticorrupción para evitar que participen empresas sospechadas. Una ONG de defensa de usuarios y consumidores abrió el debate. La Asociación Procurar, que preside Enrique Millán, envió cartas al presidente Mauricio Macri y a Dietrich, para reclamar que se excluya de la licitación a Romero por haber confesado ante la Justicia el pago de coimas. La ONG consignó que Romero dijo en carácter de arrepentido que pagó U$S600.000 en 2010 a Roberto Baratta, mano derecha del exministro Julio De Vido, para prorrogar la concesión de dragado. También, que le pagaba U$S500.000 dólares anuales al exsecretario de Transportes Ricardo Jaime. Por ese motivo, en sus cartas a Macri y a Dietrich, Procurar también pidió que el Gobierno incluyera cláusulas anticorrupción que impidan participar de licitaciones a empresas que hayan tenido vinculación con el pago de coimas o dádivas. En el Gobierno aseguran que eso se cumplirá a rajatabla. También pidió declarar la “ilegitimidad del decreto 113 por ser nulo, de nulidad absoluta e insanable”. Ese decreto había determinado la prórroga de la concesión, sin licitación y, según Romero, a cambio de una coima, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Fuentes allegadas a Dietrich señalaron que Hidrovías “se puede presentar, pero para poder participar de la licitación debe cumplir con los requisitos que establecen el decreto 1023 y la ley de responsabilidad penal empresaria”. Agregaron que existen otros operadores interesados, “tanto locales como internacionales, que hoy operan otras hidrovías”. Se van a aplicar, precisaron los voceros, los lineamientos que fijó la Oficina Anticorrupción: la ley de responsabilidad penal empresaria excluye a condenados por corrupción, y las prohibiciones para contratar con la Administración Pública Nacional que establece el decreto 1023, que en su artículo 28 no permite que el Estado contrate ni a condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena, ni a personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Por su parte, la Oficina Anticorrupción confirmó a LA NACION que ello debe complementarse con los decretos 1030/16 y 1169/18, que prevén como “inelegible” a personas jurídicas condenadas, con sentencia firme, por prácticas de soborno o cohecho transnacional, por un lapso igual al doble de la condena. También excluye a personas físicas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados por corrupción del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo. https://www.lanacion.com.ar
