Pedro Pacheco no ha podido pescar desde el derrame de petróleo ocurrido en la costa central de su natal Perú, hace un mes. Es uno de los muchos pescadores que aseguran no haber recibido ayuda de la empresa propietaria de la refinería de origen del accidente, Repsol. Mientras la empresa y el Estado litigan para determinar responsabilidades, ambos han empezado a desplegar algún tipo de ayuda a los afectados, aunque las medidas parecen estar a una distancia sideral de la magnitud del problema. Esta debió haber sido la temporada alta para Pacheco, con el clima más favorable para pescar, y por ende la época más redituable, pero su familia está comiendo de ollas comunes y sus esperanzas en el Gobierno, que ha cambiado de gabinete tres veces en menos de un año, son pocas. ”Hemos tenido reuniones con varios ministros y ahora está todo nuevamente en el vacío, estamos en el aire. No sé qué están esperando”, se lamenta Pacheco. ”Nosotros podemos aguantar el hambre, pero los niños no”, dice. Como él, hay miles que perdieron su fuente de ingresos y no han recibido subsidios. El derrame de más de 11.900 barriles de petróleo en la región Callao ha contaminado 116 kilómetros cuadrados de mar y litoral, rompiendo no solo la cadena económica de la pesca, sino también las del turismo y la gastronomía. Calificado por una misión de expertos de Naciones Unidas como “el peor desastre ecológico” en la historia reciente de Perú, el accidente llegó en un momento en que la economía del país se ralentiza. La incertidumbre en la Administración del presidente Pedro Castillo y la falta de consensos entre el Ejecutivo y el Congreso comienzan a impactar la inversión.
Después del rebote en el producto interno bruto (PIB) del 13,3% el año pasado, analistas esperan un crecimiento menor, de alrededor de 2,5%, en 2022. Desde 2020, la pobreza incrementó en 10 puntos porcentuales, alcanzando al 30% de los peruanos. Según la sociedad de comercio exterior Comex, un 50% de micro y pequeñas empresas desaparecieron en el primer año de la pandemia. Al menos 200 embarcaciones pequeñas y 6.000 pescadores artesanales están registrados en las zonas afectadas por el derrame, el cual dañó dos áreas naturales protegidas, según datos del Colegio de Ingenieros del Perú. Sin embargo, se calcula que los damnificados son más, ya que —hasta antes del derrame— un número indeterminado pescaba en la orilla y en las peñas e islotes sin estar inscritos en un gremio o ante el ministerio de la Producción. “Hay, en la región afectada, unos 3.000 pescadores que en esta época del año ganan en promedio 10.000 soles al mes (unos 2.700 dólares, aproximadamente) por su pescado, por lo que cada mes que no pueden hacer su trabajo, en espera de que se limpie el derrame, se pierden 30 millones de soles (ocho millones de dólares)”, dice Alfonso Miranda, presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur (Calamasur), organización que conglomera a representantes de Chile, Ecuador, México y Perú. “El estimado no toma en cuenta a los estibadores, fileteadoras, operarios, transportistas, comercializadores en mercados, empresarios y empleados de restaurantes y hoteles que también perdieron su forma de ganarse la vida. El apoyo que ofrece el Gobierno es menor a 1.000 soles por mes: un monto insuficiente”, opina Miranda, “para pescadores que en esta época ganan en promedio diez veces más.” “A los pescadores no hay que darles una propina, hay que indemnizarlos, lo que no es lo mismo, no es un bono o una dádiva, ni nada como paliativo. Ellos tienen una expectativa de vida y esa debía ser atendida”, dice Miranda. “El Gobierno no puede esperar a que un juicio como este, que pudiera tardar cinco o 10 años, termine. Tiene que pasar de ser un espectador a ser un protagonista”, apunta, refiriéndose al proceso abierto para identificar responsables.
Jhossy Arango, de 31 años, es otra afectada que no recibe el apoyo gubernamental. “Yo era fileteadora y artesana de conchas y escamas de pescado”, dijo Arango al final de una misa en la catedral de Lima. “Hace un mes estamos atados de pies y manos, alimentando a nuestras familias con ollas comunes. Tengo dos hijos y ya vienen los gastos del año escolar, además los recibos de luz y agua no perdonan”, compartió. Ese día, una asociación de pescadores damnificados del distrito de Ventanilla llevó sus aparejos de pesca y canastas vacías como ofrenda y el arzobispo tocó las redes como un gesto de esperanza para ellos. Es en Ventanilla, uno de los siete distritos que conforman Callao, donde se ubica la refinería La Pampilla, operada por Repsol, en cuya infraestructura submarina se produjo el vertido. Según el censo de 2018, de 23% a 29% de la población de Ventanilla no cubre sus necesidades básicas, lo que lo convierte en el más pobre de la provincia. La compañía española Repsol ha reportado que firmó acuerdos con cuatro asociaciones de pescadores de Ventanilla para entregar vales de alimentos mientras dure la fase de limpieza de crudo de las playas, y que estaba en conversaciones con otros gremios para lo mismo. En el Congreso, el director ejecutivo de la refinería La Pampilla informó que la etapa de limpieza terminará en marzo. En el balneario de Ancón, otro de los puntos contaminados, las empresas subcontratadas para la remoción de crudo reclutan a algunos pescadores, pero no hay plazas para todos y se pelean a diario en el muelle por un lugar. En un correo electrónico, un vocero de Repsol informó que la petrolera apoya a más de 3.374 pescadores y comerciantes, mientras dialogan con asociaciones y gremios para apoyar a más personas. “Repsol se ha comprometido a mantener este respaldo hasta que las playas y el mar se encuentren aptos para el desarrollo de sus diversas actividades productivas”, dijo la empresa.
Si bien el daño económico del derrame no llega a sumar ni un punto porcentual del PIB, el accidente y su impacto han puesto sobre la mesa la posibilidad de cerrar la refinería —algo que llegó a insinuarse desde el Gobierno y desde el Congreso— , importante fuente de ingresos para Perú, explica Daniel Velandia economista jefe de la firma Credicorp Capital, al teléfono desde Bogotá. “No creemos, por ahora, que haya un impacto económico importante a nivel nacional, pero al final va a depender de lo que los organismos de control y el Poder Judicial definan”, opina Velandia. “Si llegamos a tener en un cierre la refinería, sería un escenario un poco negativo, porque no solamente frena la refinación, sino que seguramente también un incrementa los precios de combustibles”. Por su parte, Miranda, de Calamasur, recuerda cuando, en 2018, el presidente Pedro Pablo Kuczynski adjudicó por decreto concesiones a empresas petroleras para operar plataformas marítimas que van del extremo norte de Perú hasta al centro. Lo hizo poco antes de su dimisión, cuando ya había anunciado que renunciaría a la presidencia. “Los pescadores salieron masivamente a protestar por ese tema” por temor a que la pesca se viera afectada, dice Miranda. “No había una garantía en caso de que ocurriera un siniestro, y, cuatro años después, lo ocurrido me hace reflexionar que los pescadores tenían muchísima razón”, apuntó.
Llueve sobre mojado
Poco antes de que se derramara petróleo en Callao, se asomaba un freno a la economía. En los siete meses que ha estado en el poder, el presidente Castillo ha cambiado de gabinete tres veces. Además, sus propuestas han sido rechazadas por el Congreso, lo que genera una parálisis y esto ya se refleja en la caída de la actividad económica que empezó en los últimos meses del año pasado, apunta Velandia. “La economía traía una inercia y eso hay que reconocerlo”, explica el economista colombiano. “Perú ha estado muy favorecido por precios de metales, por todo el contexto internacional, las ayudas de los hogares por parte del gobierno por la pandemia, los retiros de ahorros mantuvieron el consumo dinámico y la inversión pública”. Dicho eso, apunta el especialista, hay una desaceleración a partir del tercer trimestre del 2021. “Es claro que cuando llega Castillo y se da el mayor ruido político, vemos una economía que en el mes a mes empieza a mostrar un enfriamiento”. En octubre y noviembre, en términos mensuales, la economía cayó, mientras que en diciembre subió levemente, un 0.4%. Perú había logrado, en los últimos 30 años, sostener una inercia económica fuerte a pesar de la inestabilidad política, la cual precede a Castillo. Entre 2018 y 2021, Perú tuvo cinco presidentes. Uno fue destituido, otro dimitió, dos fueron interinos. Sin embargo, la inversión y la actividad económica se mostraban resistentes a la inestabilidad porque, sin importar el partido del Gobierno en turno, la economía se manejaba con pragmatismo y por “vías separadas”.“En Perú ha habido una tendencia o una sensación de que la economía va por un lado y la política por otra”, dice Velandia. Con Castillo, esto cambió. “Hay un deterioro importante de la confianza empresarial, es ahí donde está el principal impacto visible de la incertidumbre política”. Desde 2000, cuando iniciaron las mediciones de confianza empresarial, ha habido tres caídas importantes: dos de ellas por choques exógenos, como la crisis financiera global y la pandemia. La caída reciente es la primera de la que se tiene registro que tiene su raíz en la política interna. https://seafood.media/
