Un documento de la Comisión de Promoción y Defensa de la Libre Competencia puso en evidencia diferencias con la respuesta del Ministerio de Economía a la empresa uruguaya, que pide operar en igualdad de condiciones. Los reclamos de la empresa Montecon para que se le permita competir como operadora de contenedores en el puerto de Montevideo se reavivaron luego de que se conociera una opinión consultiva de la Comisión de Promoción y Defensa de la Libre Competencia —órgano descentralizado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— que presentaría contradicciones con los dispuesto por el mismo organismo ante la denuncia de la compañía de Uruguay contra el Estado y la empresa belga Katoen Natie.
La consulta sobre una operación de compraventa por parte de Terminales Graneleras del Uruguay (TGU) llevó a que Montecon retome su pedido para participar de las operaciones del puerto de Montevideo desde el mercado de los contenedores, tal y como había solicitado en septiembre de 2021. En la respuesta a TGU sobre una posible práctica anticompetitiva en el puerto de Nueva Palmira, la Comisión de Promoción y Defensa de la Libre Competencia detalló que todos los mercados, inclusive el mercado de servicios portuarios, se encuentran sujetos a la normativa de libre competencia. Sin embargo, desde Montecon señalan que, cuando presentaron la denuncia sobre restricciones a la competencia a partir del contrato firmado entre el gobierno y la Katoen Natie —que brindó prioridad a la empresa belga en los atraques de los portacontenedores del puerto de Montevideo—, la respuesta del MEF fue que es el Poder Ejecutivo el que establece la política portuaria y el control de su ejecución. Frente a esto, la empresa operadora de contenedores y carga general presentó una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), considerando la respuesta de la comisión a TGU tanto como una contradicción con lo afirmado por el MEF, como una antecedente importante para seguir defendiendo la libre competencia en el puerto de Montevideo. Para el director de Montecon, Fernando Reveco, “la confirmación de la posición de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia contra lo resuelto por el MEF genera una profunda contradicción en el propio Estado y muestra una inconsistencia institucional gravísima, que compromete la responsabilidad del Estado y genera inseguridad jurídica con miras a los procesos de integración internacional en los que Uruguay está inmerso o pretende comenzar”.
El camino de los reclamos de Montecon
En septiembre de 2021, la empresa uruguaya presentó una denuncia contra el Estado y Katoen Natie con el argumento de que la extensión de la concesión otorgada a la multinacional belga para Terminal Cuenca del Plata, así como los decretos que le otorgaban prioridad de atraque, limitaba y restringía su actividad dentro del puerto de Montevideo, y excluía competidores del mercado. En ese entonces, la Comisión de Promoción y Defensa de la Libre Competencia decidió avanzar con la denuncia, entendiendo que había elementos suficientes para investigar. Sin embargo, el MEF revocó la resolución. Lo mismo sucedió en febrero de este año, cuando la comisión volvió a tomar el caso, y la cartera dirigida por Azucena Arbeleche revocó una vez más dicha resolución, afirmando que el régimen de explotación portuario se encuentra sometido a una regulación especial, no siendo competencia de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia su tratamiento”; y que “quien determina la política portuaria es el Poder Ejecutivo, dado que la actividad portuaria es de interés general y está relacionada con el desarrollo económico del país”. Este argumento es el que ahora señalan como contradictorio desde Montecon que, además, hoy en día opera el 20% de los contenedores que ingresan al puerto de Montevideo cuando, previo a la extensión de la concesión a Terminal Cuenca del Plata, la operativa se dividía prácticamente en partes iguales. En paralelo, este año Montecon inició un arbitraje contra el Estado uruguayo por el contrato firmado con Katoen Natie. El fundamento es el mismo: que ese acuerdo atenta contra la libre competencia de los operadores privados del puerto de Montevideo. https://www.ambito.com/
