La secretaría de estado asegura que los permisarios incumplieron el contrato, y que debieron remover todo el barco. El fallo en primera instancia, conocido el pasado jueves, condenó al Ministerio de Defensa Nacional y a la Prefectura Nacional Naval a “disponer y realizar la venta onerosa del Águila y del Telémetro del Graf Spee dentro de un plazo de 90 días (contados desde que quede ejecutoriada la sentencia) y a compartir el 50% de lo producido con los permisarios”. Según informara entonces la emisora puntaesteña FM Gente, el dictamen obliga al estado a abonar a dichos permisarios intereses legales sobre el 50% del producido que les toque, retroactivos a la fecha de la demanda, así como devolverles el depósito de garantía. El principal permisario fue el relacionista público Alfredo Etchegaray, que esperaba esta resolución desde el año 2004, cuando se localizó la pieza, que fuera extraída de las aguas del Rpio de la Plata el 10 de febrero de 2006. Sus socios eran su hermano Felipe y el buzo Háctor Bado, ya fallecido. Con esta resolución, “se termina con una injusta situación que duró más de trece años”, expresa un comunicado de prensa emitido en nombre de Alfredo Etchegaray, quien posteriormente dijo a Montevideo Portal que “el Estado tiene obligación por ley de lograr el mejor precio posible”, en un llamado a ofertas o “una subasta internacional, bien comunicada y con libre circulación”. Carlos Rodríguez Arralde, abogado de los empresarios Alfredo y Felipe Etchegaray, dijo también a Montevideo Portal que “seguramente el Estado apele la sentencia y lleve hasta la corte la decisión judicial”, algo que efectivamente ocurrió. Según informa Subrayado, el Ministerio de Defensa resolvió apelar el fallo judicial, para lo cual tiene 15 días hábiles de plazo para presentar el recurso. El escribano Ruben López, coordinador del departamento encargado de Hallazgos, Pecios y Material Arqueológico explicó al citado medio que el fallo rechazó la pretensión de los demandantes de subastar las piezas del barco, ya que el artículo 20 de la ley 14.343 establece que Prefectura debe enajenar de forma gratuita u onerosa embarcaciones varadas, hundidas o sus restos. Por otra parte, indicó que la apelación se fundamenta en que los privados incumplieron el contrato de extraer todo el barco, ya que el objetivo del acuerdo firmado en 2003 era retirar el acorazado alemán por obstruir un canal de navegación. El Ministerio entiende que se debe cumplir el espíritu de la ley que promueve el retiro de barcos hundidos o semihundidos que generan un problema de seguridad o navegación. El águila continúa entonces donde ha estado en los últimos años, dentro de una caja de madera en custodia de los Fusileros Navales (FUSNA), en espera de una resolución definitiva. En caso de concretarse la subasta, es difícil de establecer en qué monto se venderá. El objeto pesa 350 kilos, mide 2 metros de alto y 2,8 metros de largo y, según Rodríguez Arralde, “hay tasaciones que van desde 1 millón hasta 50 millones” de euros, cifra que Etchegaray estima que podría ascender a 60 millones. https://www.montevideo.com.uy
