El practicaje y el peaje de Hidrovía SA, no se logró consenso
Por primera vez en 15 años el gobierno Argentino va a limitar las tarifas de practicaje que constituye uno de los costos logísticos que paga el productor cada vez que saca y trae sus productos de los puertos y que los traslada por nuestros ríos”.
El inicio del comunicado entregado en la “Audiencia pública: fijación de nueva tarifa máxima para los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina” despejaba dudas sobre el espíritu oficial de la norma.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, inauguró la ceremonia que se extendió por más de 6 horas y contó con 50 oradores inscritos. Algunos representantes no llegaron a la audiencia, otros estuvieron presentes y declinaron pronunciarse.
“Los puertos y las vías navegables tienen una importancia estratégica para el Presidente (Mauricio Macri). Lamentablemente por muchos años no tuvo suficiente atención. No es visible para la comunidad”, indicó Dietrich.
Advirtió asimismo que “todos tenemos responsabilidad en el creciente aumento de costos en dólares, y en su mala consecuencia para la competitividad y la producción, imposibilitando que un chacarero pueda desarrollar su actividad”.
“Recibimos el acompañamiento de casi todos, con mayor o menor resistencia”, agregó. Los remolcadores, la estiba, los amarraderos y las lanchas, por un lado, aceptaron una reducción de costos.
En tanto, en el practicaje y el peaje de Hidrovía SA, no se logró consenso para una baja de las tarifas como pretendía el Gobierno.
Le siguió el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz. “Venimos del sector”, dijo en relación con su equipo. Respecto del practicaje, destacó su “honorabilidad, sacrificio, responsabilidad, calidad y profesionalismo indiscutible”, por un lado, y lo “oneroso del servicio”, por el otro.
Con algo de exageración, definió: “(Tenemos) parte en el cambio del déficit comercial en beneficio de las exportaciones”.
“(El practicaje) es un servicio público que es al interés público. Es obligación del Estado la regulación de tarifas máximas. No se puede pretender que la sola cantidad de empresas implique ser una condición de mercado en competencia”, agregó.
“Venimos a escuchar sus aportes”, invitó Metz. En el auditorio estaba también Gustavo Deleersnyder, práctico a cargo de la Dirección de Transporte Fluvial y Marítimo, quien sin embargo no habló.
Oradores
Quienes defendieron la decisión oficial de aplicar tarifas máximas formaron un heterogéneo grupo de autoridades provinciales a cargo la gestión de puertos públicos, representantes de puertos privados, de exportadores, de la marina mercante y la industria naval, y de armadores del Paraguay, que especialmente se allegaron a la audiencia para solicitar que se acepte a los baqueanos paraguayos en la navegación, y revisar la legislación que obliga a contratar prácticos en buques que superen los 120 metros de eslora.
Rechazaron la propuesta todos los prácticos. En tanto, usuarios directos del servicio como el Centro de Navegación Argentina manifestaron no poder expedirse de manera rotunda respecto de la propuesta de tarifas máximas.
A continuación, un repaso de las principales ponencias, sin orden cronológico alguno.
Juan Carlos Venesia, provincia de Santa Fe: “Por nuestra provincia sale el 80% de las exportaciones de granos, harinas y biocombustibles del país, en más de 2500 buques, que demuestran la importancia del practicaje y pilotaje. El volumen proyectado es un desafío enorme para asumir. Entendemos a la actividad como indispensable, pero también que el Estado tiene un rol para que ésta se desarrolle como un servicio público indispensable, asegurando la disponibilidad de los servicios. Acompañamos la propuesta de la tarifa máxima”.
Osvaldo Bao, Asociación Civil de Prácticos del Río Paraná: “Esta circunstancia es lamentable. No percibimos el total de la tarifa que está en discusión. Estamos ante una actitud incomprensible de funcionarios que de buena o mala fe, por ignorancia y omisión tratan de confundir indicando que debido a nuestras tarifas la Argentina no es competitiva o se pierden puestos de trabajo. Es falso de toda falsedad. Nuestra misión es la seguridad en la navegación, ¿cuál es el valor de tarifa a juicio del Estado para la seguridad en la navegación para el buque, las vidas humanas a bordo y en la ribera, el medio ambiente y la protección de las millonarias inversiones del Estado en las vías navegables que quedaron obsoletas? ¿Puede hablarse de competencia en seguridad? ¿Es compatible con el lucro? ¿Qué precio tiene una sola vida humana? ¿Y el salario de una persona que resguarda de peligros ulteriores? ¿Es un gasto y obligación? Para los prácticos la seguridad es incompatible con el comercio, no es una mercancía más. Y una aclaración para el Presidente (Mauricio) Macri: no somos una mafia como en forma errónea y mal asesorado nos calificó. Jamás nos quedamos con una moneda que no nos ganamos de forma honrada y digna. Queremos dejar constancia”.
Gustavo Anadón, Puerto La Plata: “Hemos tomado (en el puerto) medidas de reducción de costos siguiendo los lineamientos de Provincia y Nación. Aprobamos el objetivo que persigue la audiencia de fijar precios máximos. No es de nuestro interés el encarecimiento del servicio”.
Horacio Pérez, Puerto Quequén: “Subrayamos como criterios rectores de la propuesta la necesidad de transparencia, previsibilidad y competitividad para el sector. Estamos contestes con la propuesta”
Claudio Tubio, Cámara de Practicaje y Pilotaje: “No podemos dejar de lado el punto fundamental de nuestra profesión, que es la seguridad. En Europa se habla de considerar al practicaje fuera de toda ecuación económica, porque no es parte del negocio marítimo, sino que es un seguro para los negocios. Nunca le sacamos el hombro al país, si no, miren en la condición que navegamos. No nos resulta agradable la manifestación presidencial que nos comparó con lo peor de la Argentina. Nuestro trabajo no es barato por las características que tiene. El ministro de Trabajo (Jorge Triaca) admitió en octubre del año pasado que el servicio de practicaje no era barato en ningún lugar del mundo. El vicejefe de gabinete, Gustavo Lopetegui, recibió en mano un informe con el desglose de tarifas que demuestra que no es cierto que seamos más caros, ni siquiera en comparación con la región. De hecho, en buques portacontenedores, en el Río de la Plata, somos un 20% más barato que los prácticos uruguayos. En Estados Unidos, los empleados públicos mejor pagos son los prácticos del puerto de Los Ángeles. En ningún momento tuvimos una actitud que no fuera la de negociar. Estamos de acuerdo en modificar y adecuar, pero este decreto (874/2017) no representa la realidad de nuestro servicio. Es difícil que una tabla (como la propuesta) refleje cada zona”.
Víctor Colace, Puerto de Bahía Blanca: “Nuestra función es garantizar servicios portuarios esenciales en condiciones de eficacia y seguridad para la llegada y salida, carga y descarga de buques. Damos nuestro claro apoyo (a la decisión oficial) y propiciamos que siga con los remolcadores, el amarre y el transporte de los prácticos”.
Sergio Borrelli, práctico: “Nuestro problema es que (la actividad) no es bien conocida, incluso por gente que trabajó en ella. Faltó una mesa común entre todos los interesados y una parte resolvió por su cuenta sin considerar al otro: el decreto 874 exige prestar servicios en todo momento y tener una guardia operativa del 33%, algo imposible si hay un práctico que opera por su cuenta o en puertos con menos de 3 prácticos. Todos deberíamos compartir la limitación eficiente de los descuentos estrafalarios que se hacen. Estamos a favor de la baja de costos, pero de manera inteligente y eficiente. Las comparaciones nominales no pueden hacerse fuera de contexto: se compara con otros puertos y se habla de 15 a 20 por ciento de diferencia (de tarifas) pero no se comparan las economías, los niveles de impuestos o el costo de vida”.
Ignacio Rinaudo, YPF: “El medio marítimo y fluvial todavía no es competitivo con los camiones en distancias que debería serlo. Como usuarios del servicio, logramos mejoras en remolcadores y amarres y apoyamos la iniciativa porque creemos que nos puede llevar a incrementar el transporte por agua”.
Claudio Venturini, práctico: “El marco que rodea al cuadro tarifario es extorsionador y punitivo, es una copia del que hizo Fermín Alarcia, que era un arquitecto… Para el legislador es más fácil meter la mano en el bolsillo del práctico que hacer obras: el costo no es el práctico en sí, sino las demoras del sistema. Desde 2013 no aumentamos la tarifa. La Cámara (del Practicaje) fue convocada para mediar en 2016 y logramos la reducción solicitada por el Estado. Al poco tiempo dijeron que no alcanzaba. No se puede querer lo mejor de la regulación y lo mejor de la desregulación. Cuando un buque navega desde Recalada hasta San Lorenzo lo hace en un canal deficitario, en condiciones no recomendadas para el cruce, pero lo hacemos porque Dios es argentino. Más allá del tarifario, me preocupa el decreto: lo único seguro en la cadena es el práctico, ¿por qué cambiar algo que funciona?
Ángel Padilla, Unión Industrial Argentina: “La tarifa del práctico y el piloto se convirtió en un costo creciente en la estructura de costos para firmas exportadoras e importadoras de insumos. La reducción de las tarifas de los servicios de practicaje permitiría mejorar la competitividad de la producción nacional siempre y cuando esta baja en la tarifa le llegue a los dadores de carga. Apoyamos la importancia de contar con un esquema que promueva la competencia”.
Miguel Villela, práctico: “El Estado está obsesionado con un tarifario ideal. ¿Qué busca? ¿Un emprendimiento comercial con algo de seguridad o un requerimiento obligatorio de seguridad con aspectos comerciales? La Subsecretaría nos involucra con el aspecto comercial, donde siempre menos precio equivale a menor calidad. Al querer bajar nuestras tarifas, ¿reconoce que nuestra calidad de servicio es baja? Al compararnos con otras partes del mundo usan valores, no parámetros de calidad, y toman ejemplos de puertos que no tienen distancias de 400 kilómetros al mar, ni (prácticos que) navegan con calados estáticos menores al de diseño, ni navegan sin asistencia de remolcadores en bajamar sin margen de seguridad bajo la quilla, ni tuvieron que proveerse de cartografía electrónica porque el Estado no tenía presupuesto para adquirirlas. Respecto del tarifario propuesto, no acordado con nosotros, digo que no: esa tarifa no demuestra la posibilidad de obtener los ingresos necesarios para cubrir el servicio prestado, no estimula la eficiencia ni la capacitación, ni la formación de un comité para prever tarifas futuras, ni un análisis técnico y legal para establecer mecanismos de estabilidad laboral, o lucro cesante, o cuándo vamos a cobrar”.
Lenoardo Abiad, Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA): “Apoyamos toda iniciativa en el marco de la legalidad para incrementar la competitividad de la marina mercante. Apoyamos las tarifas máximas, y consideramos necesario una diferencia de tarifas para el tráfico de cabotaje en buques de bandera argentina”.
Pablo Mariné, práctico: “Hay acá dos sectores definidos: los que pagan y los que tienen que trabajar. Se analiza la cantidad de accidentes y se dice que no pasa nada. Pero cualquier multinacional considera también los cuasi accidentes, y si tuviéramos que hacer una lista de éstos sería interminable. Gracias a nuestra pericia no hay accidentes. Al que paga (el servicio) no le interesa nuestros argumentos, sólo quiere saber cuánto paga y qué rebaja obtiene. El Estado viene con una propuesta (elaborada) por el que paga, ¿qué defensa tenemos si ya está pactado? Nos limitaron a hablar con la Subsecretaría, cuando en el Ministerio hablan con sus amigos más arriba, y éste es el resultado. Denostaron la profesión en todos los medios, nos escracharon. Esto es una escribanía, va a salir un decreto y el que no quiera trabajar será (llevado) en carro blindado, porque, o trabajan como queremos nosotros, al precio que queremos, o le mandamos a la Prefectura, los jueves y la AFIP. Pongamos en claro las cosas. ¿Esto es Cambiemos o sigamos?”.
Alejandro Terzian, Cámara de Exportadores de la República Argentina: “La competitividad logística es clave para la competitividad exportadora. Hay un elevado nivel de concentraciones y alianzas, y regímenes de competencia poco claros, como con las líneas marítimas y los puertos. Compartimos la definición de servicio público esencial. La carga es sobre la que recaen todos los costos. Todo lo que se haga debe ser trasladado al exportador”.
Javier Villasante, práctico: “Las condiciones de seguridad en los puertos y vías navegables de todo el mundo no son las mismas, hay que tener cuidado al analizarlas y considerar nuestras limitantes. Los prácticos acompañamos la baja de costos. Festejamos cuando supimos que colegas nuestros irían al área (Subsecretaría) porque entenderían nuestros problemas. Nos equivocamos lamentablemente, señor Metz, porque la única herramienta a mano y la más rápida en dos años de gestión fue la tarifa del practicaje. No diferencian siquiera entre tarifa del practicaje y salario del práctico. Nadie niega la potestad de la autoridad de regir tarifas máximas, pero debían haberlas consensuado con nosotros. No son nuestros costos los que inciden en el flete marítimo, sino las grandes demoras que tenemos. Tenemos que esperar hasta 12 horas fondeados esperando la pleamar. No tenemos información porque los mareógrafos no funcionan, y no conozco que existan estudios de profundización o de aumentos de solera de los canales que obligan hoy a hacer cruces riesgosos. Algo es caro o barato en relación con el servicio que se presta”.
Ángel Elías, Consejo Portuario Argentino: “(Practicaje y pilotaje) son servicios públicos esenciales y la autoridad de aplicación debe regular la prestación y la remuneración percibida por el prestador con tarifas máximas que contemplen la proporcionalidad del servicio prestado. Acompañamos la baja de los costos logísticos. Y (debemos) asegurarnos que el beneficio sea para los productores”.
Guillermo Hernández, Centro de Navegación Argentina: “Somos los que directamente contratamos el servicio como usuarios. Apoyamos toda medida de mejora relativa de la competitividad. (Pero) las tarifas máximas, tal como se proponen, implicarían un cambio general de la forma de cálculo del costo del servicio. Surge incertidumbre de la comparación lineal del cuadro tarifario. En el régimen actual hay distintas formas de contratar el servicio, incluso con costos finales por debajo del cuadro que utiliza cada prestador. Fue difícil analizar con objetividad la tarifa propuesta (por el Gobierno). Resulta impreciso evaluar el impacto comparado con los cuadros tarifarios que tenemos hoy y la forma de contratación, dado que las tarifas actuales (de los prácticos) no se aplican. Todo depende de los acuerdos privados y forma de contratación. Hay posibilidad de que en algún caso la tarifa propuesta no tenga en la práctica impacto, y de esa manera no se cumpliría con la expectativa de mejorar la competitividad. Incluso podría ser una limitación que desaliente a profesionales a mantenerse en su actividad en lugares inhóspitos, como los puertos del litoral marítimo sur. Nos preocupa la evolución de las prestaciones del servicio por los cambios en las condiciones de contratación. Solicitamos considerar las preocupaciones planteadas antes de emitir una norma, (y pedimos) reuniones técnicas para clarificar la correcta aplicación del cuadro de tarifas máximas y considerar un plazo de entrada en vigor de entre 45 y 60 días para notificar con antelación a los armadores y las casas matrices para realizar los ajustes en las proformas con los valores actualizados. Pedimos considerar la tabla oficial de distancias para el cambio de la tarifa propuesta”.
Patricio Smith, Instituto Argentino del Transporte: “El practicaje es una variable muy importante en el costo logístico de importaciones y exportaciones. Un trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario señala que el practicaje y pilotaje representa el 44% del costo operativo de un buque panamax. Otro de la Universidad Nacional de San Martín destaca que un portacontenedores en Buenos Aires paga por ese servicio US$ 44.680. Los costos son más altos que el promedio de la región: la hora del servicio es el doble de lo que sale en China o Bélgica y el triple de Estados Unidos. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dictaminó que falta competencia y que los precios homogéneos (sugieren) cartelización. La fijación de tarifas máximas es de fundamental importancia para tener puertos competitivos”.
Juan Marcelo Trentín: “No encontré ni en el decreto ni en las exposiciones ni un solo elemento objetivo que diga cómo esta reducción tarifaria va a influir en los fletes marítimos. Lo callan ex profeso porque saben que no va a influir. De lo contrario, propongo a la Subsecretaría que a partir de la fecha de aplicación de la tarifa se haga un seguimiento del flete por TEU y de graneles y nos sentemos en otra audiencia en dos años para ver la evolución”.
Martín Brindici, Cámara de Puertos Privados Comerciales: “Estamos a favor de toda medida que tienda a la transparencia y a reducir ineficiencias. El practicaje es un servicio público esencial de interés para la seguridad en la navegación. No contratamos (el servicio) pero es un costo que hace a la actividad portuaria, como así también los servicios conexos. El practicaje tiene una alta incidencia en el gasto de la carga, y quien paga es el productor argentino. Recibimos así menos (valor) por las exportaciones y pagamos más por las importaciones. Estamos de acuerdo con el rol de garante del Estado para ajustar el desequilibrio”.
Manuel Rocca, Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales: “Estamos afectados por los costos portuarios, en particular por aquellos que se trasladan al precio del producto. Es un servicio esencial (el practicaje) y se impide la competencia entre empresas que prestan servicios. El resultado no es otro que la pérdida de competitividad. Por eso debe ser regulado por el Estado. (Pedimos) la intervención de la autoridad para fijar tarifas y fomentar la competencia”.
Rodolfo Vidal, Centro de Capitanes de Ultramar: “No es correcto señalar al practicaje como servicio esencial. La ley de navegación lo considera servicio público y obligatorio en ciertos tramos de navegación, lo que no lo torna esencial. Es una expresión que no agrega nada. La Organización Internacional del Trabajo refiere a que un servicio esencial es aquél cuya interrupción tendría consecuencias adversas para la vida. La OIT admite la obligación de mantener un servicio mínimo de seguridad activo, pero no habla de servicio esencial, sino de seguridad. El reglamento del practicaje contempla horarios de prestación de servicio y períodos de descanso para evitar la fatiga, de acuerdo con los convenios internacionales”
Ricardo Luzi, práctico: “El puerto de Buenos Aires tiene un costo de practicaje a la altura de los demás puertos del mundo de características similares. No lo digo, yo. Lo dijo el interventor de la AGP, Gonzalo Mórtola, en una presentación que realizó en el Centro de Navegación en 2016. El tarifario anunciado presenta una reducción de hasta 60% en buques de hasta 70 unidades (de coeficiente fiscal). Y de hasta 70% en buques de bandera argentina, en su mayoría petroleros. Son buques de alto riesgo, que en el mundo llevan un extra-arancel por carga peligrosa de hasta 100%. No se pueden fijar tarifas antojadizas. Habíamos acordado tarifas (con el Gobierno) pero establecieron un 70% de reducción. Es vil. Se niegan a escuchar razones de seguridad en relación con las tarifas. Nuestro expertise es intelectual, y colaboramos con el fluir del comercio exterior a pesar de la exigua o nula inversión en puertos y vías navegables. Maniobramos donde ni siquiera hay espacio para remolcadores y nos cruzamos en canales de 100 metros de ancho de solera a 10,36 metros de profundidad, cuando los buques tienen 32 metros de manga, y las normas PIANC establecen que aquél ancho debería ser de 300 metros. Lo hacemos por nuestro expertise, y hay que pagarlo, hasta que estén las obras. Por la misma razón sacamos las cosechas en un calado al límite para las corporaciones cerealeras, a pesar de la poca área de maniobra. Gozaron de descuentos jugosos que nunca trasladaron al productor y que quedaron en cuentas de Suiza. Dejen el facilismo, dejen de llamarnos mafiosos. Apelamos a que recuperen el espíritu de consensuar”.
Eduardo Rosenthal, Cámara Naviera Argentina: “Estamos en total de acuerdo con la propuesta del Gobierno. Ratificamos la facultad de prescindir de los servicios para buques de bandera argentina. La obligatoriedad (de la contratación de los prácticos) debe actualizarse porque cambiaron las condiciones de profundidad de las vías navegables, el ancho de soleras, la señalización, el balizamiento y los avances tecnológicos de las unidades. Debe aplicarse, como pasa con el peaje de la hidrovía, una tarifa especial para buques de cabotaje”.
Pablo Pineda, práctico: “El Estado es juez y parte en esta audiencia. Los funcionarios protegen a los armadores, a los buques con mayor ocupación del canal y con más riesgos en el cruce, que se benefician con el tope (de tarifa). Es una farsa en dos años de desencuentros con las autoridades, más ocupados en asumir compromisos con los exportadores, para quienes el practicaje es un número y un costo más para reducir. La nueva tarifa los va a beneficiar. Pero nosotros somos guardianes del interés público. Trabamos en condiciones de seguridad lejos de ser aceptables. Los barcos salen cargados con calado superior al recomendado por Prefectura y el concesionario (del dragado y mantenimiento de la vía navegable), sin tener el margen de seguridad adecuado, lo que incrementa el riesgo de la navegación. Se atribuyen la potestad de poner tarifas máximas para tarifas públicas, bueno, pedimos ahora que también (fijen) calado máximo para la red troncal, y lo pedimos quienes piloteamos y administramos el riesgo. No permitan que las presiones comerciales (de los exportadores) recaigan en los profesionales (del practicaje). La competitividad no está reñida con la seguridad”
Mariano Ferrari, Tenaris: “Buena parte de los costos logísticos son portuarios, que vinieron aumentando y llegan hoy a valores que pesan dentro de los costos logísticos del flete de entre 15 y 20 por ciento. Un barco chico, en Campana, nos costó 90.000 dólares de gastos portuarios por 12 días de operación. En 2000 pagábamos 20.000 dólares. El 60% de los costos de operación del buque es de prácticos y pilotos, y pagamos 5 millones de dólares por año (por este concepto). No somos contratantes directos, sino pagadores indirectos vía flete a los armadores”.
Luis Diego Méndez, práctico: “El sector está regulado hace 25 años y nunca hubo ni una queja. Nosotros nos convertimos en facilitadores en ámbitos riesgosos y con reglamentaciones obsoletas, y ellos (los exportadores) se beneficiaron. Estuvieron clientes nuestros, como Siderca (por Tenaris), que dijo que pagó 90.000 dólares. Nuestra tarifa es de 4000 dólares, no sé quién se llevó el resto”.
Miguel Álvarez, Cámara Santafesina de la Industria Naval: “Estamos de acuerdo con la revisión de los costos que hacen a la actividad. Ojalá todo lo dicho en esta audiencia sea considerado a la hora de dictar la normativa”.
José Antonio Stadler, práctico de puertos patagónicos: “Viajamos 1200 kilómetros para cubrir el servicio, en auto propio, viajando de noche, con ceniza, hielo, porque no hay transporte aéreo. Parece que esto no se tiene en cuenta. Figura un tarifario por remolcador, que no usamos. Nos manejamos con el viento, con amplitud de mareas de 12 metros, corrientes de 6 nudos y vientos huracanados. Pensamos que estábamos haciendo las cosas bien… Pero después de 25 años me entero que somos mafiosos. Dediqué la mitad de mi vida a ser práctico en lugares inhóspitos, y propongo que para los puertos patagónicos haya una tarifa mínima para reconocer lo que hacemos los prácticos en el Sur”.
Guillermo Wade, Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, y Bolsa de Comercio de Rosario: “Es imprescindible que el Estado garantice la continuidad de la prestación del servicio y solicitamos que se exija a los prestatarios mantener el asesoramiento del comando de buques para no volver a tener interrupciones como sucedió durante la jornada de reflexión (de los prácticos) que inmovilizaron a más de 20 buques durante 48 horas. El practicaje es un costo importante en el flete, aunque no lo contraten las terminales portuarias. Apoyamos las medidas para dar transparencia de las tarifas, la libre contratación del servicio y la reducción (de tarifas) de los servicios conexos”.
Fuente: Nuestromar
PARAGUAY FLUVIAL
