Tras cuatro largos años en dique, encargada su remotorización y modernización parcial a una prestigiosísima firma alemana, y habiéndose recibido donaciones de la embajada germana en Uruguay en materia de sensores, cuando finalmente el ROU 04 “Artigas” realizó sus primeras pruebas de mar se detectaron serios problemas, ajenos a la actualización encomendada al grupo europeo. Pero lo que ahora llama la atención son las expresiones u omisiones observadas estos días en artículos de algunos medios, prácticamente con carácter de relaciones públicas para con la Armada del Uruguay, cubriendo sus errores, muchas veces subsanados por técnicos extranjeros. Así, la corrección de “defectos encontrados en los ejes”(que al cabo de años de uso efectivamente se generan) sería más bien-aquí lo expusimos como tal- haber medido los mismos artesanalmente, de forma imprecisa, dificultándose seriamente su rearmado correcto. A éste y otros respectos a fines de marzo pasado, el propio Comandante en Jefe de la Armada , Almirante Jorge Wilson, dirigiéndose al pleno de la oficialidad naval en actividad reconoció “la muy escasa capacidad técnica actual de los establecimientos de la Armada, para encarar tareas mayores con firmas extranjeras de punta”. En la ocasión, el jerarca aceptó que no habría habido un responsable general del proyecto o programa del ROU 04 “Artigas”, ni un sistema al respecto de la labor, y que muy raramente se contaría con suficiente personal especializado para el trabajo y, mucho menos, instrumental adecuado para esas tareas, especialmente, cuando, más allá de la remotorización pactada con el proveedor, se decidió intervenir los ejes sin previa preparación para la materia, instrumental adecuado, o una metodología específica. Casi simultáneamente, otras fuentes aclararían que, hasta hace muy poco prácticamente no existieron- en lo que hace a los astilleros de la Armada- elementos técnicos actualizados de medición (llegándose a medir espacios internos para ciertos componentes vitales artesanalmente, empleando con cuerdas) ni se habría hecho mantenimiento de bujes-elemento o componente donde se apoya un eje-ni del arbotante que sostiene a dicho eje en relación a las hélices. Al rearmar por entero el sistema, los resultados diferían -y en ambos ejes!!-demasiado frente a la tolerancia establecida en los parámetros internacionales usuales, por lo cual, hubo que desarmarlos. Recordábamos, en la oportunidad, que el Servicio de Construcciones y Reparaciones de la Armada (SCRA) vivía hace casi dos décadas una apreciable crisis en lo que hace a realizaciones- especialmente desde que en tiempos del ex presidente Mujica fuera entregado por años a grupos de marinos autodefinidos ultra nacionalistas que no concretaron ningún ambicioso proyecto- algunas fracasando ostensiblemente, como el de un catamarán balizador, el ROU Orión, que tras años de montaje, llegadas las pruebas de mar tuvo muy serios problemas de flotabilidad urgiendo abandonar el costoso programa, en el cual también intervinieron controvertidos técnicos universitarios de forma más que cuestionable. También se diseñó un remolcador empujador para la polémica estatal petrolera Ancap, que tuvo que ser objeto de reformas varias antes de su recepción, por defectos de concepción y concreción, problemas con una draga portuaria, etc., por lo cual se debería redefinir su papel ante la posibilidad de futuras encomiendas. Respecto a problemas con las hélices de maniobras (Bow Thruster), que algunas fuentes apuntan como recientes y otras datando del ingreso del buque a dique en 2018 -lo que agravaría aún más el tema- resulta al menos llamativo y curioso que se insista en su aparente prescindibilidad, máxime cuando el barco vino con el dispositivo instalado. El sistema es de práxis para navegar aguas someras, canales estrechos o muy transitados y puertos ,debiéndose substituir su falta por el concurso de uno o dos remolcadores y no siendo recomendado obviar su uso., menos en un buque de casi 4.000 toneladas y casi 120 metros de eslora, aunque sí se admite que el ítem no se ha revitalizado principalmente por falta de recursos, algo cuestionable en un proceso, que, sumadas etapas, insumió más de seis millones de dólares, y esta reparación agregaría más de un millón, entre adquisición, llegada de técnicos extranjero (por tema de solvencia y garantía real) y llevar el barco a dique algunos meses. Las extremas limitaciones financieras, hasta para gastos elementales de funcionamiento, son la impronta actual de la Armada, desde hace unos años a esta parte, a un nivel en el cual en la recepción por el aniversario actual se les solicita a oficiales y suboficiales que concurran sin sus cónyuges o familiares. Y de eso no tiene culpa la Armada Uruguaya, víctima de la errática gestión de un gobierno tras otro, que viene descuidando hasta la saciedad la inversión en la que es la pieza clave para la protección de sus aguas, su biodiversidad, sus recursos, su seguridad y el bienestar por ende de la ciudadanía. Un desastre dificilísimo de entender en un país abocado al océano como es Uruguay. Este es el contexto en el cual, días atrás , se estuvo a punto de perder la lancha SAR del ROU 51 “Isla de Flores”, inicialmente tras un hundimiento negligente, y , una vez adrizada por los buzos de la Fuerza, al ser alzada por la grúa de un buque, la cual estaría en mal estado, partiéndose, precipitarse la embarcación al mar, con graves daños muy costosos de subsanar. Al mismo tiempo, aún se tramitan diversas denuncias por irregularidades, desde la gestión del Club Naval con fondos estatales, hasta pagos de horas extras indebidas a personal de astilleros, o acusaciones de fraudes en la Dirección Registral y de Marina Mercante, éstas, desde el propio gobierno. En la faz operacional, se ha protagonizado recientemente un episodio plagado de errores, en el cual uno de los pocos patrulleros artesanalmente artillados actuales, con cobertura aérea abordó y condujo militarmente a puerto a un pesquero chino, que en definitiva no estaba ni intentó estar faenando, falseándose informaciones, inclusive, para intentar justificar la acción y determinando sanciones y demoras al presunto infractor, luego descartadas. En suma: falta de inversión y desidia interna, por parte de ciertos sectores, en un escenario de gran escasez de medios. (Javier Bonilla) https://www.defensa.com/
