El pasado 3 de marzo finalizó en Panamá la VIII Conferencia sobre los Océanos. Resultó histórica por el salto cualitativo que se logró, gracias al éxito de los compromisos asumidos por los 600 representantes de gobiernos, empresas, organizaciones internacionales y sociedad civil organizada. Acordaron más de 300 compromisos internacionales y 20 mil millones de dólares para invertir en conservación marina, economía azul y protección de los recursos críticamente amenazados como las grandes pesquerías que se encuentran al borde del colapso.
¿Por qué es importante considerar prioritaria a la economía azul? Porque es la que puede gestionar en forma sostenible y responsable los océanos, garantizando la generación de valor y la conservación de los recursos que, entre otros destinos, alimenta una parte importante de la humanidad.
Resulta obvio señalar que la salud de los mares y océanos redunda directamente en la calidad ambiental de todo el planeta. El problema que se va tornando cada vez más dramático es que, las buenas gestiones de los ecosistemas marinos solamente se restringen a las acertadas políticas desplegadas por muchos países en sus jurisdicciones marinas. Pero, fuera de ellas pasa de todo. Los excesos y abusos están librados a los criterios de las personas que desarrollan sus actividades sin ningún control. Por esta razón la conferencia de Panamá fue tan relevante. Importa mucho lo que cada país se compromete a realizar en materia de conservación dentro de sus aguas territoriales. Pero quizás más aun lo que las naciones del mundo acuerden para cuidar las aguas internacionales; aquellas donde se cometen los atropellos ambientales más extremos. En cuanto a la primera situación, hay que subrayar que la conferencia fue un éxito porque se firmaron 341 compromisos para proteger los mares desde el punto de vista ambiental. Esa protección incluye reducir la contaminación de las aguas, combatir las causas del cambio climático, adoptar acciones eficaces para reducir la pérdida de la diversidad biológica que degrada la calidad de los mares, como la pesca abusiva. Sorprendió la decisión del país anfitrión al anunciar que declaró protegida el 54% de la superficie marina panameña. Es un compromiso ejemplar que debería ser imitado por las demás naciones. En el caso uruguayo hay que decir con tristeza que ni siquiera llegamos al 1%, ubicándonos al final del ranking latinoamericano. En ese sentido sería una buena noticia si se concretara una idea que maneja el gobierno de Rocha de gobernanza oceánica, declarando reserva marina al mar territorial que le corresponde (12 millas marítimas) -con todas las responsabilidades que ello significa. En cuanto a la segunda situación, la humanidad necesita disponer de un tratado mundial de altamar, que siente las bases de un acuerdo entre todos, para comprometernos a la administración y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las extensas áreas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales. Hay que avanzar decididamente en esa dirección. Aunque se ratificó la denominada iniciativa 30×30 de ONU, aún estamos lejos de alcanzar para 2030 la protección y conservación del 30% de los océanos. https://www.elpais.com.uy/
