La industria pesquera se encuentra atravesando una crisis debido a los altos costos; según los representantes, es más barato no trabajar y aseguraron que no retomarán el trabajo hasta que haya soluciones por parte del gobierno. A finales del año pasado las cámaras de Industrias Pesqueras y de Armadores Pesqueros denunciaron los distintos convenios colectivos de trabajo y advirtieron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que seguirían reduciendo los días de trabajo por año de los menos de 200 que actualmente trabajan. Desde las cámaras alertaron que reducirían los días solo a los cuatro meses de zafra, momento cuando se logran cubrir los gastos.
“A ninguna empresa le sirve no trabajar, pero si no salgo a pescar pierdo 10 y si salgo pierdo 15”, se lamentó el presidente de la Cámara de Industria Pesquera Uruguaya (CIPU), Juan Riva Zuchelli. Por otro lado, agregó que es una situación que se viene deteriorando hace tiempo y que hoy “se hace imposible salir a pescar, porque produce más pérdidas que no salir”. Por otro lado, aseguró que el 90% de la flota está parada y el personal se encuentra con seguro de paro o licencia y que en febrero todas las personas se pasarán al seguro de paro ya que las licencias se acaban. En ese sentido, comentó que son casi 2.000 personas las que se encuentran en ese situación.
“Es una carga que las autoridades deberían evaluar, porque estarán así hasta que las empresas puedan salir a trabajar, cuando sea viable”, explicó el presidente de CIPU, quien aseguró que esta medida no tiene intenciones de presionar, ni tampoco es corporativista, sino que realmente las empresas coinciden en que no conviene salir a trabajar. La industria pesquera tiene la posibilidad de exportar a más de setenta países, lo que le permite aumentar considerablemente la cantidad de producto que se exporta. Sin embargo, las problemáticas del sector les impiden crecer dentro de su industria. Entre los principales problemas se encuentran los costos asociados a los aportes patronales por la jubilación bonificada, como así también los aportes al Banco de Seguros del Estado (BSE). Esto significa una prima del 11% sobre los salarios reales de todos los trabajadores.
“Es un problema que necesita ser resuelto, pero no hemos encontrado voluntad para resolverlo. Hace diez años que estamos esperando que esto se revea y no hemos tenido respuesta”, aseguró el empresario a Radio Carve. Por otro lado, reclaman a Dinara por la discrecionalidad de las multas que aplica, como también de los costos, criterios de otorgamiento, gestión y renovación de permisos. En ese sentido, pidieron rebajar a la mitad los costos y que las multas se conviertan en apercibimientos mientras se revisa la normativa y se cambian los costos. Fuente: Ambito https://www.eltelegrafo.com/
