La nueva planta de Aguas Corrientes tendrá capacidad para producir 200.000 metros cúbicos diarios y se integrará a un sistema que actualmente concentra el abastecimiento del área metropolitana en la usina existente. La obra forma parte de una estrategia de seguridad hídrica que también contempla nuevas reservas y una séptima línea de bombeo.
Uruguay dará en setiembre un nuevo paso en la ampliación de su infraestructura de agua potable con el comienzo de las obras de la nueva planta potabilizadora de Aguas Corrientes, una infraestructura que apunta a aumentar la capacidad de producción y reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento del área metropolitana.
El Ministerio de Ambiente informó el 12 de agosto que otorgó la autorización ambiental correspondiente y que los trabajos comenzarán durante setiembre. La nueva instalación tendrá una capacidad de producción de 200.000 metros cúbicos de agua potable por día, que se sumarán a la producción de la planta actualmente operativa.
La magnitud de la obra se entiende al observar el peso que tiene Aguas Corrientes en el abastecimiento de Montevideo y su área metropolitana. La infraestructura existente produce, en promedio, alrededor de 600.000 m³ diarios, por lo que la nueva planta representa una ampliación potencial cercana a un tercio de esa producción promedio.
UNA INFRAESTRUCTURA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD
La construcción responde a una de las principales lecciones que dejó la crisis hídrica de 2023: la necesidad de contar con mayor capacidad de producción y, especialmente, con infraestructura que permita sostener el suministro ante períodos prolongados de déficit hídrico.
El Gobierno definió la seguridad hídrica como una prioridad para el actual período y planteó un conjunto de obras destinadas a aumentar la disponibilidad de agua bruta, ampliar la capacidad de potabilización y mejorar el transporte del agua hacia el sistema metropolitano.
En ese esquema, la nueva planta no funciona como una obra aislada.
Su incorporación estará acompañada por una nueva línea de aducción y la Séptima Línea de Bombeo, destinada a conectar la infraestructura de Aguas Corrientes con la red troncal existente en la zona de Ruta 8. El objetivo es aliviar la actual Quinta Línea de Bombeo, que opera cerca de su límite durante los períodos de mayor demanda, particularmente hacia el este del área metropolitana.
La planificación oficial también contempla una solución para el tratamiento y disposición final de los lodos generados durante el proceso de potabilización, otro de los componentes necesarios para que el incremento de capacidad pueda operar de manera integral.
MÁS PRODUCCIÓN, PERO TAMBIÉN MÁS RESERVAS
El aumento de capacidad de potabilización necesita estar acompañado por una mayor disponibilidad de agua bruta.
Por eso, la estrategia del Gobierno incluye la construcción de la represa de Casupá, que aportará una reserva estimada de 118 millones de metros cúbicos. Esa infraestructura se sumaría a las reservas actualmente disponibles en Paso Severino y Canelón Grande y busca generar un margen mayor frente a episodios de sequía.
La combinación entre reserva, potabilización y bombeo apunta a resolver tres puntos diferentes de la cadena.
Primero, disponer de suficiente agua bruta para alimentar el sistema. Segundo, contar con capacidad para transformarla en agua potable. Y tercero, disponer de infraestructura para trasladarla hacia los puntos de consumo.
La lógica es especialmente relevante después de que la sequía de 2022-2023 llevara las reservas del sistema metropolitano a niveles críticos y obligara a adoptar medidas extraordinarias para sostener el abastecimiento.
EL CAMBIO RESPECTO A ARAZATÍ
La nueva planta también representa el resultado de la reformulación del proyecto Neptuno-Arazatí, impulsado durante la administración anterior.
El Gobierno de Yamandú Orsi decidió dejar sin efecto el proyecto original de una planta potabilizadora en Arazatí y renegociar con el consorcio privado para trasladar la infraestructura a Aguas Corrientes.
La modificación cambió sustancialmente la lógica del proyecto: en lugar de incorporar una nueva fuente de agua bruta desde el Río de la Plata, la alternativa se concentra en ampliar la capacidad de producción en el sistema existente del río Santa Lucía y complementar esa infraestructura con otras obras.
La nueva planta tendrá una capacidad de 200.000 m³ diarios, mientras que la estrategia oficial incorpora además la solución de Casupá para aumentar las reservas de agua dulce.
El cambio no estuvo exento de cuestionamientos institucionales. En febrero de 2026, el Tribunal de Cuentas observó la renegociación del contrato, al considerar que las modificaciones introducidas alteraban sustancialmente el objeto de la contratación original.
Pese a esa observación, el Poder Ejecutivo decidió avanzar con el esquema reformulado y las obras comenzaron a quedar integradas dentro de la planificación de infraestructura hídrica para el actual período.
EL DESAFÍO ES LA RESILIENCIA DEL SISTEMA
La importancia de la obra no se limita a producir más agua potable.
El desafío es construir un sistema capaz de responder a condiciones cada vez más variables. El Gobierno plantea la seguridad hídrica como una política de largo plazo que combina infraestructura, monitoreo, gestión de sequías y mayor capacidad de respuesta frente a eventos extremos.
En esa estrategia también se encuentran los sistemas de alerta temprana, el fortalecimiento de la red de monitoreo de la cuenca del Santa Lucía y la implementación del Protocolo Específico de Sequía para el Área Metropolitana.
La nueva potabilizadora constituye, por tanto, una pieza física de una estrategia más amplia.
Su capacidad de 200.000 m³ diarios permitirá ampliar significativamente el potencial de producción de Aguas Corrientes, pero su verdadero impacto dependerá de cómo se articule con las reservas de agua bruta, las líneas de bombeo y la gestión de la cuenca.
Con el inicio de los trabajos previsto para setiembre, Uruguay comienza a materializar una de las principales inversiones de su agenda de seguridad hídrica. El objetivo ya no es únicamente aumentar la cantidad de agua que puede potabilizarse, sino reducir la posibilidad de que una nueva sequía vuelva a colocar al sistema metropolitano al límite de su capacidad.
