Silvia Etchebarne afirmó que el acuerdo con Katoen Natie “descalabró el negocio del sistema nacional de puertos”; el senador nacionalista Sebastián da Silva dijo que “el cacareo de los abogados es lo más fácil” y estimó que Uruguay ganaría un arbitraje internacional. Ante la notificación al gobierno uruguayo por parte de la empresa chilena Neltume Ports, socia mayoritaria de Montecon, sobre su intención de demandar al Estado uruguayo por 600 millones de dólares a causa del acuerdo con la empresa belga Katoen Natie, que modificó la dinámica en el puerto de Montevideo, el senador frenteamplista José Carlos Mahía afirmó este lunes en una rueda de prensa que el “error original” del Poder Ejecutivo fue “haberse metido en un camino que evidentemente traía consigo el reclamo de la otra parte”. Mahía señaló que el gobierno había defendido el contrato firmado con Katoen Natie bajo el argumento de “evitar un juicio” de 1.500 millones de dólares, pero “cuatro años después volvemos a estar en el mismo lugar o peor”. Para el Frente Amplio (FA), sostuvo, “la acción inicial es la que comprometió el futuro del país en materia portuaria, y, además, es una pésima acción desde el punto de vista de la gestión económica”. El acuerdo alcanzado en 2021 entre el gobierno y la multinacional belga otorgó hasta 2081 a Terminal Cuenca del Plata (TCP), integrada por Katoen Natie (80%) y la Administración Nacional de Puertos (ANP) (20%), la concesión de la terminal especializada y también la prioridad de los atraques en el puerto de Montevideo. El decreto del Poder Ejecutivo que reglamentó el contrato establece que la ANP “deberá priorizar el atraque de buques y barcazas portacontenedores en la terminal especializada” y “sólo podrá decretar los mismos en los muelles multipropósito”, en los que opera Montecon, cuando la terminal especializada “se encuentre ocupada durante el período de 24 horas”. Antes del acuerdo, Montecon movía 60% de la carga y TCP el restante 40%. Actualmente esto se revirtió: la empresa belga mueve casi 80% de los contenedores y Montecon, de capitales chilenos y canadienses, 20%. Neltume Ports entiende que se vulneró el principio de libre competencia y que se violó el tratado de inversión vigente entre Chile y Uruguay. La demanda por 600 millones de dólares –cifra que todavía es preliminar– pasará al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. “Amenazar con juicio es el trabajo de los abogados”, afirmó este lunes en una rueda de prensa el senador nacionalista Sebastián da Silva. Dijo que los asesores jurídicos de Montecon “deben estar encantados de la vida con el gobierno de [Luis] Lacalle Pou”, dado que “les permite cobrar honorarios simplemente por escribir argumentos jurídicos” que, sostuvo, en su momento evaluará “un arbitraje internacional y después la Justicia”. Hasta entonces, “el cacareo de los abogados es lo más fácil”. “No sé si van a ganar el juicio, yo creo que no”, opinó. Por su parte, el diputado colorado Ope Pasquet dijo a la diaria que la notificación de Neltume Ports “no es una sorpresa”, porque “ya lo había dicho”. Afirmó que en 2021, cuando el Poder Ejecutivo “analizó la situación” y firmó el contrato con Katoen Natie, “parecía claro que tenía que elegir [entre] un juicio con los belgas o con Montecon”. “No había una posibilidad de llegar a un acuerdo que dejara contentos a los dos, porque estaban directamente enfrentados”, subrayó. Pasquet señaló que hoy “hay un contrato firmado que ya se está ejecutando” y sostuvo que, “ante cualquier juicio que haya contra el Estado uruguayo”, es “un defensor del Estado uruguayo”. El senador cabildante Guido Manini Ríos recordó el proyecto de ley que su partido presentó para que aquellos contratos que excedan un período de gobierno tengan que tener la aprobación del Senado. “Esto le daría fortaleza a la posición del gobierno a la hora de negociar”, afirmó en una rueda de prensa, y mencionó que la venia del Senado se requiere para “cosas mucho menores”, como las designaciones de embajadores o los ascensos en las Fuerzas Armadas. El proyecto ingresó al Parlamento en 2022, pero no ha sido tratado. Por su parte, el senador cabildante Guillermo Domenech dijo a la diaria que, frente a la demanda de Neltume Ports, el sistema político tiene que “defender lo que le conviene al país”. “No vamos a salir a defender a una empresa extranjera privada, que no tiene los intereses comunes de todos los uruguayos, sino intereses foráneos en algunos casos y en otros, intereses de grupos económicos muy reducidos”, manifestó. “Habrá que ver en qué términos se plantea el juicio, pero sería muy grave que se condenara a Uruguay”, consideró. En 2017, en el último gobierno del FA, Katoen Natie denunció un supuesto uso ilegítimo de los muelles públicos por parte de Montecon y acusó a la ANP de otorgar de manera irregular permisos y ventajas a Montecon. El gobierno del FA no atendió estos reclamos y, en 2020, Katoen Natie anunció que demandaría al Estado uruguayo por 1.500 millones de dólares. Este número fue recordado en marzo de 2021, cuando el presidente Luis Lacalle Pou afirmó en el Parlamento: “Nuestro país estaba por enfrentar un juicio inminente por 1.500 millones de dólares con TCP, y tras un arduo trabajo del gobierno se cerró un acuerdo con Katoen Natie, que no sólo desiste del juicio, sino que se compromete a invertir en el puerto 460 millones de dólares”. En diálogo con la diaria, Silvia Etchebarne, magíster en logística y gestión portuaria y presidenta de la Liga Marítima, afirmó que, si bien “había que ordenar el negocio de los contenedores” en el puerto de Montevideo, ya que había “contenedores desparramados por todos lados”, en el acuerdo alcanzado con Katoen Natie “se cometieron un montón de estropicios” que ocasionaron “ilegalidades” y “caos operativos que los vemos hasta el día de hoy”. Acerca de la cifra de 1.500 millones de dólares que manejó Katoen Natie, Etchebarne señaló que suponía “cinco veces el valor de la empresa” y apuntó que el Poder Ejecutivo “no consultó a nadie” y “no hizo un solo informe de eso”. Etchebarne cuestionó especialmente la prioridad en los atraques que se le concedió a la terminal especializada administrada por TCP. “No se debió haber cambiado el paradigma, las reglas de juego. La ley de puertos es muy clara y dice que todos los negocios en el sistema nacional de puertos son en régimen de libre competencia con los muelles públicos, y acá [eso] se cambió para el negocio de los contenedores, sólo para ese negocio”, señaló, y afirmó que el acuerdo alcanzado “descalabró el negocio del sistema nacional de puertos”. Consultada sobre la perspectiva de la demanda que inició Neltume Ports, Etchebarne dijo que a la empresa chilena “le va a alcanzar con mostrar cómo cambió su mercado” debido al contrato firmado entre el gobierno y Katoen Natie. Asimismo, apuntó que Uruguay tiene un tratado de inversión con Chile que establece “un compromiso internacional de respetar las inversiones que las empresas chilenas hagan en el país”, que “también se cambió cuando se firmó este acuerdo”. Por eso, a su criterio, no hay “ninguna duda” de que el Estado uruguayo perdería en un arbitraje internacional si se concreta. Etchebarne añadió que, preliminarmente, la demanda es de 600 millones de dólares, cuando la inversión que Katoen Natie “prometió” en el acuerdo alcanzado es de 455 millones de dólares. “A mí eso me da cero. La inversión de la empresa belga la vamos a terminar pagando todos los uruguayos”, alertó. A su modo de ver, la mejor solución en este momento sería “renegociar algunos aspectos de las ilegalidades” que marca el contrato, así como “pulir los aspectos operativos que no se tuvieron en cuenta” y “respetar la ley de puertos”, es decir, “el régimen de libre competencia”.
