La Prefectura Naval Argentina, en colaboración con el Ministerio de Seguridad, presentó el “Protocolo para la prevención y detección del delito de trata de personas a bordo de buques pesqueros extranjeros”, una herramienta dirigida a fortalecer la labor del personal de la fuerza en el control y resguardo de los derechos humanos en el ámbito marítimo. Este protocolo fue desarrollado por el Departamento de Investigaciones de Trata de Personas y el Equipo de Trabajo Interdisciplinario para el Control de los Espacios Marítimos y sus Recursos (EICEMAR) de la Prefectura Naval, con el apoyo profesional de fiscales federales y funcionarios especializados del Ministerio de Seguridad. El documento establece directrices claras, criterios y estándares orientativos para que los efectivos que ejercen funciones policiales puedan identificar posibles indicadores de trata durante el contacto con tripulaciones de buques pesqueros extranjeros. Según el protocolo, el delito de trata de personas representa una grave violación a los derechos humanos y a los principios fundamentales de la Constitución Nacional, ya que implica la cosificación y el sometimiento de individuos, atentando contra su libertad y dignidad. El marco normativo que respalda esta iniciativa incluye la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y el Convenio OIT Nº 188 para la protección de trabajadores del sector pesquero, entre otros instrumentos legales.
El protocolo complementa las normativas vigentes y se aplicará exclusivamente a efectivos de la Prefectura Naval que, en el cumplimiento de sus funciones, mantengan contacto con tripulaciones de buques extranjeros, ya sea durante ingresos a puertos argentinos, arribadas forzosas, capturas por pesca ilegal o asistencias médicas y aeroevacuaciones. El texto resalta la vulnerabilidad de las tripulaciones de flotas extranjeras que operan cerca de la zona económica exclusiva argentina, donde factores socioeconómicos y contratos engañosos, a menudo gestionados por agencias de contratación internacionales, exponen a los trabajadores a situaciones de explotación. Además, la lejanía de estas embarcaciones, las limitaciones idiomáticas y la imposibilidad de contacto con tierra, facilitan la comisión de delitos laborales y conexos. El personal encargado, apoyado por capacitación específica y herramientas legales, podrá detectar signos de trata, ofrecer asistencia primaria y activar los protocolos judiciales correspondientes. El protocolo incluye un anexo confidencial denominado “Guía para las preguntas exploratorias”, que orienta sobre indicadores como el estado emocional de los tripulantes, sus condiciones de alojamiento y laborales, y el control documental. Además, contempla la realización de perfiles específicos sobre tripulaciones vulnerables y compañías armadoras con antecedentes o riesgos vinculados a la explotación laboral, así como la formación continua de los agentes que intervienen en operativos marítimos, abarcando medios aéreos, terrestres, de superficie, sanitarios y de comunicaciones.
Finalmente, se establece el procedimiento para la actuación inmediata ante la detección de posibles casos de trata, garantizando la intervención oportuna de la Justicia Federal.
Visión Marítima
