Los informes técnicos indican alto riesgo de colapso. El Ejecutivo negocia con la constructora Berkes un proyecto que abarque la recuperación del Dique Mauá y de la exCompañía del Gas. Escombros, hierros oxidados, ventanas con vidrios rotos y edificios en peligro de derrumbe. La escena podría ser de una película de guerra, pero es la del predio de la antigua Compañía del Gas sobre la costa de Montevideo, en la Rambla Sur. Una zona patrimonial abandonada desde fines de la década de 1990, cuyo futuro se debate cada poco tiempo entre eternos proyectos que por ahora no han llegado a nada.
Donde décadas atrás había carboneras, en las que depositaban el carbón mineral que servía para producir el gas, hoy hay pasto largo, chapas deterioradas y puertas tapiadas en las que se lee: “No entrar, gas”. Las agujas del reloj del edificio central marcan las 17.20, pero en realidad apenas pasa el mediodía. Las tres campanas que sonaban constantemente están detenidas. La imagen de un joven guardia de seguridad para custodiar el solitario predio contrasta con lo que alguna vez fue una zona industrial, con cientos de trabajadores de un edificio que es Monumento Histórico Nacional desde 1975.
El lugar de la exCompañía del Gas es propiedad del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y al lado está el viejo Dique Mauá, que se inauguró el 31 de diciembre de 1872 y pertenece a la Armada. El País fue autorizado a ingresar solo al abandonado predio de la Compañía del Gas. De todos modos, a través de orificios en una puerta que conecta ambos lugares que en los hechos forman parte del mismo espacio, se puede observar el mal estado y desuso de lo que fue el primer dique seco del Río de la Plata.
Este deteriorado predio se suma a otros emblemáticos edificios en condiciones similares, todos en la misma zona de Montevideo. Es el caso de la Estación Central de AFE, el Hotel Nacional y el Club Neptuno. Como si fuese una política pública: no cuidar lo que en teoría es patrimonio histórico y cultural. Ahora bien, a falta de algo menos de un año y medio para que termine el período de gobierno, ¿cuál es el proyecto hoy para el predio del Dique Mauá?
En concreto, se analiza una propuesta de la constructora Berkes que ha estado trabajando en el desarrollo de una alternativa que abarque una recuperación urbana de la zona con diferentes servicios y un paseo cultural, pero sin proyecto inmobiliario en el lugar por el momento. La idea del gobierno, según supo El País, es tener una respuesta antes de fin de año y ya quedó descartada la posibilidad de una terminal portuaria o de transporte de pasajeros.
“¿Dejamos frenado este lugar?”
En su primer año de gobierno, el presidente Luis Lacalle Pou se manifestó públicamente a favor de revitalizar esta zona de Montevideo. Cuando participó de un evento con motivo del Día de la Construcción en octubre de 2020, afirmó: “¿Vamos a dejar frenado ese lugar tan privilegiado de la ciudad y que no haya una obra que dé vida al barrio? Yo no estoy dispuesto. Y así como digo el Dique Mauá, con la explotación que sea —oficinas, viviendas o que se anexe un puerto—, hay que no dejarse tentar por aquellos impulsos que son ‘quedate quieto, no tengas problemas’”.
Terreno: un canje.
¿Y los aspectos financieros? Ahí sí podría surgir la necesidad de alguna intervención inmobiliaria externa al dique para hacer viable el proyecto. “El Estado está dispuesto a ofrecer una parte de un terreno para el desarrollo inmobiliario”, dice a El País el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, en referencia a un predio en otra zona donde la empresa podría desarrollar un proyecto a cambio de la inversión en el Dique Mauá. Ambas partes estudian cómo se puede financiar el mejoramiento urbano del predio en cuestión. Aún no está confirmado por qué vía sería.
“Esa es la ecuación económica que se está analizando y es diferente” a la de un año atrás, que “incluía dos padrones urbanos de la Intendencia de Montevideo en otro punto” para construir torres de edificios, dice el ministro. Esta es la única propuesta que el Poder Ejecutivo tiene encima de la mesa: entre otras cosas, resta definir el alcance y los tiempos del proyecto, algo que está en negociaciones entre las partes. Lo que quedó sin efecto es el desarrollo portuario. “No había viabilidad desde el punto de vista económico, ya que las exigencias de la iniciativa privada requerían una concesión de 20 años tanto de la terminal de Montevideo como de la de Colonia y por eso lo descartamos”, apunta el ministro. Descartada la propuesta que incluía el puerto, hubo nuevos contactos con los inversores, que manifestaron su “interés en mejorar el lugar” y se trabaja en esta iniciativa.
Falero admite que “al no haber rubros presupuestales previstos para mejorar el lugar sin un proyecto concreto, tenemos que acudir a asociarnos con algún interés privado que beneficie a los públicos y que pueda generar una oportunidad a esos privados”. Dentro del proyecto urbanístico en el predio está la posibilidad de instalar oficinas para el Ministerio de Industria, “algo más adecuado a lo que hoy necesita el ministerio, y no esa cantidad de edificios sin poder usarlos”, señala el jerarca. El titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) es optimista de que se desarrolle “un lugar de esparcimiento” que extienda el paseo de la rambla. De hecho, ha conversado el tema con el presidente Luis Lacalle Pou: “Lo hablé con él. Queremos que aparezca una solución sin que afecte lo patrimonial. Hay que tener mucho cuidado porque acá todos tienen su cuota de razón, los vecinos y la Comisión del Patrimonio también. Tenemos que tener un proyecto donde se pueda analizar cuál es la proyección y después lograr las aprobaciones de cada una de las partes para que no tengamos dificultad y que pueda salir algo con la gente, porque si no va a seguir siendo un inmueble abandonado”. Falero apuesta a este proyecto y no hay un plan B, ahora sí es la última oportunidad. En caso de que no prospere, el ministro dice que analizarán “qué podemos hacer para mejorar nosotros lo que se pueda”. Y admite: “No quiero empezar a trabajar en algo que de repente tenemos la solución parcial y no integral”. El gobierno apuesta a transformar el predio en “un espacio a nivel cultural”, pero es importante “que pueda participar el sector privado para ofrecer algún servicio” a los que lleguen al sitio.
“Hay que esperar que antes de fin de año aparezca algo completo y bueno, vamos a abrir todas las oportunidades para que todos aporten una idea, cuidando lo que es la fachada patrimonial y el lugar mejorado, como en otras partes se ha hecho”, dice Falero.
El monitoreo del juicio que tranca a la estación de AFE
El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, cree que “hay un debe” con respecto a una política de Estado sobre los edificios patrimoniales. “No entiendo por qué no hay de alguna manera una mirada integral de todo, porque cada vez que uno propone algo siempre aparece otro para poner un palo en la rueda y así ha sido en todo”, opina el jerarca. En ese sentido, considera que se debe “tomar una definición política de todo el sistema” sobre el tema. “Yo estoy atrás de la estación de AFE, todos los días monitoreando el tema judicial, porque a medida que tengamos resuelto ese tema podemos proyectar algo en serio”, asegura Falero sobre un proceso judicial que lleva ya dos décadas y que ha trancado un proyecto para la vieja Estación Central General Artigas, abandonada desde febrero de 2003. El ministro de Transporte sostiene que “cada vez que aparece algo que puede ser bueno para Montevideo siempre ponemos los reparos”, y en ese sentido puso como ejemplo el proyecto del tren tranvía que uniría la capital con Canelones o el proyecto de una isla con puerto y un puente en Punta Gorda. Sobre este último, que fue descartado por la intendencia, comenta: “Generaba una posibilidad de desarrollo de inversión inmobiliaria muy interesante y también hubo dificultades. Yo creo que hay que tener ámbitos de intercambio más fluidos de todas las partes para poder resolver”.
Lo que se descartó.
La Asamblea Permanente por la Rambla Sur, un colectivo que promueve la transformación de este lugar en un espacio público, redactó una propuesta para ser ratificada en el Presupuesto Participativo, ese proceso en el cual la Intendencia de Montevideo financia diferentes ideas votadas por la ciudadanía. Sin embargo, el gobierno nacional desestimó el proyecto porque hay riesgos edilicios, según se afirma. El pasado 30 de junio la directora general de Secretaría del MIEM, Elisa Facio, envió una carta a la organización, en donde indicó que “el conjunto de la exCompañía del Gas, conocido como dique Mauá”, está “compuesto por un grupo edilicio y un predio abierto”, que es el que se quiere transformar en parque, pero que “el estado de conservación del conjunto varía entre regular y muy malo, identificándose múltiples estructuras con riesgo de colapso inminente”. El colectivo pensaba en una primera etapa “que implique la apertura y acondicionamiento del área verde del predio”, para luego, en una segunda fase, trabajar “en la recuperación de los edificios para que no se sigan destruyendo y no colapsen”. Una propuesta era “cerrar las carboneras y los galpones para protegerlos de un posible colapso”. Una tercera fase sería encontrar destinos para esas estructuras y darles uso, como servicios de cafetería, cantina o librería. Para la primera fase analizaron la posibilidad de parquizar, respetando los senderos que ya existen y creando otros. “Esto contaba con apoyo del municipio B, ya que la idea era generar un comodato u otro tipo de figura entre el MIEM y el municipio. Para el turismo sería algo interesante”, opina Ramiro Rodríguez Barilari, integrante del grupo.No opinan lo mismo desde el Poder Ejecutivo. El subsecretario de Industria, Walter Verri, señala que hay “informes de Bomberos que dan riesgo alto de siniestro, de derrumbes, por lo tanto no se aconseja el tránsito de personas en la zona”. Hoy el costo de la seguridad del predio es de más de 86.000 dólares por año, según información del Ministerio de Industria a la que accedió El País. Al lugar no se le hace mantenimiento ni limpieza.
“El ministerio y el Estado no pueden asumir una responsabilidad de esa magnitud, permitiendo la utilización del predio”, comenta Verri sobre la propuesta del colectivo, “esa es la primera razón por la cual hemos dicho claramente a los vecinos que no podemos acceder a lo que nos piden”.
Falero, por su parte, señala que el gobierno entendió que esa “era una inversión menor que podría mejorar en algo, pero no se resolvía el tema porque seguíamos con los riesgos de derrumbe en algunos edificios” y se “podía generar un perjuicio si no tenemos una contemplación de todo el edificio”. Verri dice que “la discusión de fondo es qué hacer” con el lugar. “Es un predio que hay que valorizarlo de alguna manera. Se han frustrado dos intentos, uno en el gobierno anterior con Buquebus y la idea de establecer allí la terminal de sus barcos, y posteriormente en este gobierno también hubo una iniciativa privada que posteriormente tampoco llegó a buen puerto, por razones de la propia iniciativa”.
El subsecretario admite que “no nos podemos dar el lujo de tener eso desaprovechado” y el deseo del gobierno es “buscarle la mayor utilidad posible y que sea rentable”. “Que esa utilidad sirva para darle valor a la zona, en eso coincidimos con los vecinos. La ubicación del predio y las características que tiene permitirían darle otros usos, además del uso público”, dice el jerarca, y reafirma que pretenden “dejar encaminada una solución” para el futuro.
Para el director general de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, William Rey, “es necesario un acuerdo entre distintas partes” donde la comisión e instituciones como la Facultad de Arquitectura “tienen mucho para decir, donde los ciudadanos plantean sus reivindicaciones y donde hay instituciones técnicas que pueden dar un buen consejo”. Dice Rey: “El lugar necesita, exige diría yo, una solución. Esa especie de patio trasero actual no es bueno para nadie, no es bueno para la ciudad. Por lo tanto, lo que se haga tiene que ser una cuestión consensuada. Sobre todo en un país donde encontramos un gobierno de un color y la intendencia de otro color”. El arquitecto señala que “la opinión de los vecinos debe ser una más”, pero advierte que el tema no debe tener un “tratamiento vecinal”, sino “un tratamiento urbano de toda la ciudad, es demasiado importante para pensar que la gran voz es la voz de los vecinos”. Es necesario “poder juntar a los actores y establecer una línea de trabajo”.
Para Rey es vital una hoja de ruta para encontrar un proyecto “con un potencial suficiente, donde en principio las partes definen lo que quieren sin pretender la totalidad y control del espacio”. El arquitecto admite que “es evidente que el Estado hoy no está en condiciones de hacer la inversión que merece el lugar, pero eso no significa, como se planteó en el gobierno anterior, una posible privatización del área”. En eso, el experto es claro: “Yo estoy de acuerdo en que el área no debe ser privatizada porque es un área pública que debe ser democrática y abierta a todo el mundo, pero también es necesaria una inversión importante, eso del Estado no va a salir”, afirma. Rey dice que “los privados tienen que participar en este proyecto con una concesión a un determinado plazo para el uso y la explotación”, pero además para que den “las garantías también de que se va a tratar de una propuesta de servicios calificados”. “Cuando las cosas del Estado andan bien, es porque hay siempre detrás un servicio que está concesionado. Esto lo sabemos y tenemos que trabajar sobre esas bases”, opina Rey, “yo veo que se habla de este lugar con una carga de prejuicios muy alta”. Sea con privados o no, el tiempo dirá si aparece el proyecto adecuado o si la zona sigue en un triste, decadente y peligroso abandono.
“Es Cabo Polonio en el medio de Montevideo”
La Asamblea Permanente por la Rambla Sur es una organización que se creó en 2018, cuando el segundo gobierno de Tabaré Vázquez y la administración departamental de Daniel Martínez analizaban la posibilidad de enajenar la antigua sede de la Compañía del Gas.
Ramiro Rodríguez Barilari, integrante del grupo, dice a El País que desde ese momento el objetivo es “trabajar para preservar el sitio libre de la enajenación”. Y por ahora han logrado ese objetivo, aunque no han conseguido que el espacio esté abierto y en condiciones para la comunidad. “Queremos que permanezca en el ámbito público y que el lugar no esté secuestrado a la ciudadanía, dada su ubicación y el interés patrimonial de la rambla”. Rodríguez Barilari cree que el lugar debe “solamente enriquecer el espacio público, con una vocación de espacio público que es por lo que seguimos lidiando hasta hoy”. Para eso, considera importante que sea “un lugar sin restricciones” en cuanto a su acceso por parte de los montevideanos, lo cual no sucede. “Hoy es como una suerte de Cabo Polonio en el medio de Montevideo. Es un espacio sumamente generoso y con potencial para adecuarlo para un espacio público”, asegura. El integrante de la organización de vecinos sostiene que “la ciudad debe ser planificada y no hecha a medida de iniciativas privadas”. Por eso, considera que debe haber un estudio de Montevideo por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que analice la utilidad del espacio público y que desarrolle a la ciudad en función de eso. “Hoy estamos pensando con la cabeza de 100 años atrás, como en los tiempos de (Francisco) Piria. Entendemos que la ciudad es un territorio y que los ecosistemas deben desarrollarse con mayor cuidado. Para todos los gobiernos el predio sigue siendo como una prenda de potencial cambio, es decir un bien que se puede llegar a transar, siempre bajo la lógica de estas asociaciones con privados que vienen a ‘salvarnos’. Es importante no abonar la línea de las privatizaciones y exclusiones. Nos parece que no hay que ir por ahí”, cuestiona Rodríguez Barilari. https://www.elpais.com.uy/
