Armada comprará barcos a empresa con riesgo de quiebra y sin experiencia en el rubro

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La decisión del gobierno liderado por Luis Lacalle Pou de otorgar la construcción de dos nuevos buques OPV al astillero gallego Cardama ha desatado interrogantes y críticas en los círculos políticos y navales de Uruguay, desde que se hizo el anuncio mismo de su designación.

Aunque se presenta como un paso crucial hacia la modernización de la flota de la Armada, esta medida, con un costo aproximado de US$92 millones, no ha escapado de la controversia. El proceso de compra, que se inició en 2021, tuvo un giro inesperado cuando en enero de 2023 se declaró desierto debido a ofertas que superaron ampliamente los montos autorizados por el equipo económico del gobierno. En medio de esta incertidumbre, el astillero gallego Cardama emerge como la opción seleccionada en la última licitación para llevar a cabo la construcción de los dos buques OPV destinados a operaciones de patrullaje y vigilancia, pero viene con una carpeta llena de dudas y preguntas al respecto. Una de las principales fuentes de controversia radica en la aparente falta de experiencia del astillero Cardama en la construcción de buques OPV. A pesar de sus más de cien años de trayectoria en la construcción naval, la empresa nunca ha afrontado el desafío de construir buques de este tipo. Este hecho no pasó desapercibido para el Jefe del Estado Mayor de la Armada, Gustavo Musso, quien señaló esta carencia en un informe dirigido al Comandante en Jefe, Jorge Wilson. La ausencia de experiencia del Cardama en la construcción de OPVs plantea la pregunta inevitable: ¿Está Uruguay asumiendo riesgos innecesarios al confiar esta tarea a un astillero que no cuenta con un historial probado en la construcción de este tipo de buques? Pero eso no es todo, porque un reciente informe agregó más dudas a Cardama.

En el complejo proceso de adquisición de los dos patrulleros oceánicos para la Armada Uruguaya, se ha desplegado un nuevo episodio que involucra a un grupo de oficiales retirados. Este grupo tomó la iniciativa de financiar un informe crucial sobre la situación financiera del astillero Cardama, el cual se prepara para suministrar las mencionadas embarcaciones a Uruguay por un total de US$ 92 millones. El informe, elaborado por la reconocida consultora estadounidense Dun & Bradstreet, pinta un panorama sombrío al clasificar a Cardama con un “riesgo de quiebra empresarial alto”. Cinco oficiales retirados, liderados por el capitán de navío Fernando Rodríguez, decidieron asumir la responsabilidad de obtener este informe independiente para evaluar objetivamente la capacidad de Cardama. Rodríguez, el único oficial que aceptó identificarse, explicó la razón detrás de esta acción: “Quisimos sacarnos las dudas sobre la empresa elegida para construir estos buques. Por eso solicitamos un estudio independiente, de manera de no opinar en base a supuestos sino sobre pruebas claras respecto a la espalda de Cardama para afrontar este proyecto. Queremos saber cuan riesgoso es este negocio para las arcas públicas”.

Dun & Bradstreet utiliza un indicador de riesgo de quiebra que varía de 1 a 4, siendo 4 el nivel más crítico. Cardama ha sido clasificada con la máxima puntuación, lo que destaca la precaria situación financiera que enfrenta. El informe revela otros indicadores, todos ellos generando resultados inquietantes. El puntaje de quiebra, en una escala de 1 a 100, otorga a Cardama una calificación de 2, acompañada de la advertencia de que las empresas con este puntaje tienen una alta probabilidad de quiebra. En el índice de morosidad, Cardama obtiene 1 punto, indicando un riesgo significativo de retrasos en los pagos en comparación con el 99% de las empresas españolas. En el índice de comportamiento de pago, el astillero gallego alcanza solo 59 puntos sobre 100, señalando que la empresa paga sus facturas con un retraso promedio de 23 días más allá de los términos acordados. El informe identifica varios factores clave que contribuyen a estas preocupantes calificaciones, como la rentabilidad del negocio, la frecuencia de presentación de cuentas, la experiencia pasada del negocio y las dificultades para cumplir con los compromisos.

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