El ingreso de Colonia Express como nuevo operador de la conexión fluvial de pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la infraestructura portuaria, las condiciones de competencia y el marco regulatorio aplicable al transporte entre Uruguay y Argentina.
La empresa, que desde hace un par de décadas opera la conexión entre Colonia y Buenos Aires, obtuvo la autorización para comenzar a prestar servicios directamente entre Montevideo y la capital argentina, una ruta en la que hasta ahora operaba Buquebus, propiedad del empresario argentino Juan Carlos López Mena.
En diálogo con Visión Marítima, Alejandro Kalfayan analizó la situación y consideró que el principal punto de la controversia no se encuentra necesariamente en la competencia entre ambas empresas, sino en las condiciones de acceso a la infraestructura portuaria.
Para Kalfayan, el aspecto central está relacionado con el pontón flotante utilizado para el embarque y desembarque de vehículos, infraestructura que funciona como vínculo entre el buque y el muelle.
Según explicó, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el organismo que autoriza la explotación de la línea, mientras que la controversia actual se relaciona con la disponibilidad de esa infraestructura en el puerto de Montevideo.
“Ahí es donde a mí se me prenden un poco las alarmas”, señaló, al referirse a que el pontón no pertenecería a la Administración Nacional de Puertos (ANP), sino a una empresa privada.
Desde su perspectiva, se trata de una cuestión que debería ser analizada por la autoridad portuaria, especialmente considerando que la ANP percibe tasas vinculadas al movimiento de pasajeros y vehículos.
Kalfayan sostuvo que esas tasas tienen como contraprestación el mantenimiento y disponibilidad de la infraestructura necesaria para desarrollar las operaciones portuarias.
“ANP tendría que tener toda su infraestructura propia”, afirmó.
El papel de la infraestructura portuaria
El planteo adquiere particular relevancia ante la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos operadores a las conexiones entre Uruguay y Argentina.
El Capitán entiende que para una autoridad portuaria debería resultar positivo que empresas privadas manifiesten interés en utilizar sus instalaciones, tanto para el transporte de pasajeros como para el movimiento de cargas.
“Para cualquier puerto es una alegría muy grande que existan empresas privadas que quieran operar en ese puerto”, sostuvo.
En su análisis, el movimiento de pasajeros, vehículos y mercaderías constituye precisamente una de las razones de ser de un puerto y una fuente de actividad para la propia autoridad portuaria.
Por ese motivo, considera necesario que las reglas de utilización de la infraestructura sean claras y que los diferentes operadores puedan acceder a los servicios necesarios para desarrollar sus actividades.
Para explicar su posición, recurrió a una comparación con la infraestructura vial. Señaló que cuando un usuario paga un peaje para utilizar una autopista, espera recibir como contraprestación una infraestructura que permita circular en condiciones adecuadas.
Desde su perspectiva, una situación similar debería contemplarse en el ámbito portuario cuando se cobran tasas vinculadas a la utilización de las instalaciones.
Por ello, entiende que la controversia podría ser resuelta por la propia autoridad portuaria, sin necesidad de trasladar necesariamente la discusión al ámbito judicial, al menos de acuerdo con los elementos que se conocen públicamente.
Buques, antigüedad y habilitación
Otro de los aspectos que han formado parte de la discusión es la antigüedad y el sistema de propulsión de algunos de los buques que podrían ser utilizados en la nueva conexión.
Sobre este punto, Kalfayan puso el foco en el régimen de inspección y habilitación de los buques de bandera uruguaya.
Explicó que las embarcaciones destinadas al transporte de pasajeros deben cumplir con las inspecciones y exigencias establecidas por las autoridades marítimas competentes. Una vez superados esos controles y obtenidas las habilitaciones correspondientes, el buque queda autorizado para desarrollar la actividad dentro de las condiciones establecidas.
A su entender, no existe actualmente una disposición que determine que los buques destinados al transporte de pasajeros deban utilizar obligatoriamente un determinado combustible o sistema de propulsión.
“Si mañana aparece una empresa que quiere hacer la travesía de Buenos Aires a Montevideo en un velero, llevando pasajeros, hasta donde yo sé no hay ninguna reglamentación que lo prohíba”, ejemplificó.
El Capitán diferenció así la cuestión regulatoria de la decisión comercial de cada operador. Si una empresa considera viable económicamente utilizar una determinada tecnología, sostuvo, esa decisión forma parte de su propio riesgo empresarial, siempre que el buque cumpla con las exigencias de seguridad y navegación establecidas por la autoridad marítima.
Al mismo tiempo, valoró positivamente la incorporación de nuevas tecnologías al transporte fluvial de pasajeros, incluyendo embarcaciones propulsadas a gas y proyectos de buques totalmente eléctricos.
Competencia y beneficio para los pasajeros
Para Kalfayan, la incorporación de Colonia Express a la ruta Montevideo-Buenos Aires también puede ser analizada desde la perspectiva del usuario.
Consideró que la competencia entre operadores puede resultar beneficiosa para los pasajeros mediante una mayor oferta de servicios y alternativas de transporte.
“La competencia en cualquier ámbito es muy sana, porque el principal beneficiado es el usuario, el cliente, en este caso el pasajero”, afirmó.
El planteo también alcanza a la propia autoridad portuaria. En su opinión, una mayor cantidad de operadores supone más movimiento de pasajeros y vehículos y, por lo tanto, una mayor actividad para el puerto.
El escenario podría evolucionar hacia una mayor cantidad de empresas interesadas en conectar Buenos Aires con Montevideo, Colonia y eventualmente otros destinos uruguayos.
“Con un poco de buena voluntad todo esto se puede solucionar de forma muy rápida”, sostuvo, al tiempo que expresó su expectativa de que la oferta de conexiones entre ambas orillas pueda continuar creciendo.
El antecedente de Buenos Aires-Piriápolis
Durante la entrevista, Kalfayan también recordó un antecedente de conexión directa entre Buenos Aires y Piriápolis, una experiencia que tuvo una duración limitada y que estuvo condicionada por distintos factores operativos y económicos.
Entre las dificultades mencionó las condiciones meteorológicas del verano en esa zona del Río de la Plata. Los vientos predominantes y el oleaje podían generar navegaciones incómodas para los pasajeros, incluso utilizando embarcaciones de alta velocidad.
A ello se sumaban los costos operativos. Según explicó, cuanto mayor es la distancia que debe recorrerse por vía marítima o fluvial, mayor es el impacto que tiene ese tramo sobre el costo final del servicio.
En ese sentido, marcó una diferencia con las conexiones entre Buenos Aires y Montevideo a través de Colonia, donde una parte importante del trayecto se realiza por vía terrestre.
Para el transporte de pasajeros, explicó, esa combinación puede resultar económicamente más competitiva que cubrir toda la distancia por agua.
El especialista recordó que aquella experiencia entre Buenos Aires y Piriápolis dejó infraestructura portuaria que posteriormente continuó siendo utilizada tanto por embarcaciones deportivas como por otras actividades.
También mencionó intentos posteriores de recuperar una conexión directa, aunque la pandemia terminó afectando diferentes proyectos e iniciativas vinculadas al transporte de pasajeros.
La experiencia histórica, sostuvo, demuestra que para establecer una conexión regular de pasajeros entre ambas orillas no alcanza solamente con disponer de una embarcación. También resultan determinantes la infraestructura portuaria, los costos operativos, las condiciones de navegación y la demanda efectiva.
En el escenario actual, el ingreso de Colonia Express a la ruta Montevideo-Buenos Aires vuelve a plantear una cuestión central para el transporte fluvial regional: cómo garantizar condiciones de competencia y, al mismo tiempo, asegurar que la infraestructura portuaria necesaria para operar esté disponible bajo reglas claras para todos los operadores que cumplan con las exigencias establecidas por las autoridades uruguayas.
