Desde diciembre de 2023, la flota pesquera uruguaya está casi paralizada. De los 54 barcos que componen la flota, solo 6 están operando, mientras que los demás permanecen en puerto. Esta paralización ha dejado a miles de trabajadores sin empleo y ha generado una crisis en el sector . Las cámaras empresariales del sector pesquero, como la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros (CAPU), han denunciado que la actividad pesquera es económicamente inviable debido a altos costos operativos, normativas desactualizadas y cargas impositivas elevadas. Afirman que es más costoso operar que mantener los barcos en puerto . Los sindicatos pesqueros, agrupados en la Intergremial Marítima, sostienen que la paralización es una estrategia empresarial para presionar en las negociaciones salariales. Afirman que los empresarios están utilizando esta situación para obtener beneficios fiscales y laborales, como exoneraciones y convenios colectivos más favorables .

¿Qué medidas se están tomando?

El gobierno uruguayo ha sido criticado por no aplicar el artículo 37 de la ley 19.175, que permite retirar los permisos de pesca a las embarcaciones que no han tenido actividad durante 180 días. Los sindicatos exigen que se apliquen estas medidas para liberar los permisos y permitir que otras empresas puedan operar . La paralización del sector pesquero ha tenido consecuencias económicas significativas. Se estima que más de 2.000 puestos de trabajo están en riesgo, y las pérdidas económicas son millonarias. Además, la falta de actividad ha afectado a las comunidades costeras que dependen de la pesca para su sustento .

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