Con el objetivo de lograr mayor conectividad y posicionarlo como hub regional, el gobierno selló el entendimiento con autoridades del país europeo. Los gobiernos de Uruguay y España firmaron un acuerdo de entendimiento este lunes con el objetivo de fomentar el potencial del sector pesquero a través de un convenio internacional con el Puerto de Montevideo y la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo; el anuncio se dio en medio de una crisis anunciada por el sector a comienzos de este año.
“Genera mayor conectividad y posicionamiento del Puerto de Montevideo, particularmente, en el sector de la pesca internacional”, aseguró Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) durante la firma del acuerdo este lunes entre el organismo estatal y la autoridad portuaria de Vigo, España. Además de Curbelo, también se hicieron presentes el titular de la Cooperativa de Armadores de Pesca de España, Javier Touza; el presidente de la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros, Aldo Braida, el directorio de la ANP y representantes de la Embajada de España y la Asociación de Empresarios Gallegos.
Un avance en conectividad y posicionamiento
El presidente de la ANP resaltó la importancia de rubricar convenios con puertos internacionales y, en especial, con la industria de la pesca gallega, presente en el Atlántico Sur. “Generar estos compromisos y acuerdos nos posiciona de mejor manera. Tiene que ver con la mejora en la infraestructura y el servicio que se presta en el Puerto de Montevideo”, remarcó. Por otro lado, detalló que el acuerdo permitirá generar muchos puestos de trabajo y millones de dólares en ganancia. Además, aportará a los vínculos institucionales, el intercambio de recursos humanos y el impulso de políticas ambientales respecto a la operativa del sector.
“La industria de la pesca requiere que los puertos estén acondicionados para su tarea con disposición de mejora permanente ambiental”, explicó Curbelo.
El difícil momento de la industria pesquera
La industria pesquera se encuentra atravesando una crisis debido a los altos costos; según los representantes, es más barato no trabajar y aseguraron que no retomarán el trabajo hasta que haya soluciones por parte del gobierno. A finales del año pasado las cámaras de Industrias Pesqueras y de Armadores Pesqueros denunciaron los distintos convenios colectivos de trabajo y advirtieron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que seguirían reduciendo los días de trabajo por año de los menos de 200 que actualmente trabajan. Desde las cámaras alertaron que reducirían los días solo a los cuatro meses de zafra, momento cuando se logran cubrir los gastos.
“A ninguna empresa le sirve no trabajar, pero si no salgo a pescar pierdo 10 y si salgo pierdo 15”, se lamentó el presidente de la Cámara de Industria Pesquera Uruguaya (CIPU), Juan Riva Zuchelli, a semanario Búsqueda. Por otro lado, agregó que es una situación que se viene deteriorando hace tiempo y que hoy “se hace imposible salir a pescar, porque produce más pérdidas que no salir”. Asimismo, aseguró que el 90% de la flota está parada y el persona se encuentra con seguro de paro o licencia y que en febrero todas las personas se pasarán al seguro de paro ya que las licencias se acaban. En ese sentido, comentó que son casi 2.000 personas las que se encuentran en ese situación.
“Es una carga que las autoridades deberían evaluar, porque estarán así hasta que las empresas puedan salir a trabajar, cuando se viable”, explicó el presidente de CIPU, quien aseguró que esta medida no tiene intenciones de presionar, ni tampoco es corporativista, sino que realmente las empresas coinciden en que no conviene salir a trabajar. La industria pesquera tiene la posibilidad de exportar a más de 70 países, lo que le permite aumentar considerablemente la cantidad de producto que se exporta. Sin embargo, las problemáticas del sector les impide crecer dentro de su industria. Entre los principales problemas, se encuentran los costos asociados a los aportes patronales por la jubilación bonificado, como así también los aportes al Banco de Seguros del Estado (BSE). Esto significa una prima del 11% sobre los salarios reales de todos los trabajadores. Por otro lado, reclaman a Dinara por la discrecionalidad de las multas que aplica, como también de los costos, criterios de otorgamiento, gestión y renovación de permisos. En ese sentido, pidieron rebajar a la mitad los costos y que las multas se conviertan en apercibimientos mientras se revisa la normativa y se cambian los costos. https://www.ambito.com/
