La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos recordó que las autorizaciones para pescar son personales e intransferibles. La aclaración busca frenar prácticas informales que distorsionan el acceso a la actividad y fortalecer el control sobre la explotación de los recursos pesqueros.
La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, volvió a enfatizar un aspecto central de la normativa pesquera uruguaya: los permisos de pesca no constituyen un bien comercial y, por lo tanto, no pueden ser vendidos, cedidos ni transferidos entre particulares. La precisión surge ante la detección de situaciones en las que estas autorizaciones eran ofrecidas como si se tratara de activos negociables, una práctica que carece de respaldo legal.
Desde el organismo recordaron que cada permiso tiene carácter personal y es otorgado luego de una evaluación técnica y administrativa que considera las condiciones del solicitante, el tipo de embarcación, la pesquería involucrada y los criterios de manejo sostenible de los recursos acuáticos. Por esa razón, la autorización permanece vinculada a quien la obtuvo y no puede ser objeto de operaciones comerciales entre privados.
La aclaración trasciende el plano administrativo. En la gestión pesquera moderna, el control sobre quién accede al recurso constituye una herramienta fundamental para preservar los ecosistemas, ordenar el esfuerzo de pesca y garantizar condiciones equitativas para los trabajadores habilitados. Permitir la compraventa de permisos generaría un mercado paralelo que podría dificultar la fiscalización y alterar los mecanismos de planificación aplicados por la autoridad competente.
Especialistas en gobernanza pesquera sostienen que los permisos representan una autorización administrativa y no un derecho patrimonial. Su finalidad es habilitar el ejercicio de una actividad bajo determinadas condiciones técnicas, sanitarias y ambientales, conservando la facultad del Estado de modificar, renovar o extinguir esas autorizaciones cuando así lo requieran las políticas de manejo de los recursos.
DINARA recordó que cualquier modificación relacionada con un permiso debe tramitarse exclusivamente a través de los procedimientos establecidos por la normativa vigente. Las excepciones contempladas por la legislación, como determinadas sustituciones de embarcaciones o cambios expresamente autorizados por la administración, requieren la aprobación formal del organismo y no pueden resolverse mediante acuerdos entre particulares.
La advertencia también busca proteger a quienes pretenden ingresar a la actividad pesquera. La adquisición de un supuesto permiso ofrecido en forma privada no genera derechos frente a la Administración y puede derivar en perjuicios económicos para quienes desconocen el funcionamiento del régimen legal.
El mensaje se enmarca en una etapa en la que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca impulsa distintas acciones para modernizar la gestión del sector, entre ellas la elaboración de una nueva Estrategia para el Desarrollo de la Pesca en Uruguay, el fortalecimiento de los mecanismos de participación con pescadores artesanales y la actualización de diversos procedimientos administrativos. En ese proceso, garantizar la transparencia en el otorgamiento de permisos aparece como uno de los pilares para consolidar un sistema pesquero más ordenado, sostenible y con reglas claras para todos los actores de la cadena.
