Gobierno y empresas cruzan acusaciones de “ilegalidad”, “descalificaciones” y “graves irregularidades”

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El decreto del Ejecutivo que establece que los buques portacontenedores deberán operar únicamente en TCP generó duras acusaciones cruzadas entre las empresas que compiten en el puerto y el gobierno. La empresa Montecon, que opera en los muelles públicos del puerto de Montevideo, salió al cruce del ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber que la había acusado de actuar en forma “ilegal”. La operadora portuaria (que tiene como accionistas a la chilena Ultramar y la canadiense Atco) contraatacó ayer con un comunicado y dijo que Heber hizo afirmaciones que “no son exactas, que cuestionan sin fundamento la legitimidad de las actividades de Montecon y con las que se justifican decretos que a nuestro juicio son ilegales”. Todo esto se debe al lío generado en el puerto, tras un acuerdo entre la empresa belga Katoen Natie -propietaria del 80% de Terminal Cuenca del Plata (TCP), la única especializada en contenedores- y el gobierno para evitar un juicio de esta contra el Estado uruguayo por US$ 1.500 millones. En el acuerdo, Katoen se comprometió a desistir de la demanda y el gobierno a aplicar -de acuerdo a cómo la interpreta- a la ley de Puertos y sus decretos reglamentarios.

Así, el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que establece que los buques portacontenedores deberán operar únicamente en TCP, salvo que la terminal esté llena, en cuyo caso serían derivados a los muelles públicos. Esto es un “monopolio de hecho” como reconoció el prosecretario de Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés ante la comisión de Transporte del Senado. Ante ello, Montecon respondió ayer que “el régimen de libre competencia en las actividades portuarias existía al tiempo en que se licitó y se adjudicó la terminal a TCP, ella declaró conocer esta normativa y se sometió voluntariamente a ella. Un régimen de libre competencia no admite que se establezca un privilegio en favor de un competidor, como lo es el que por decreto de autoridad se fuerce a las líneas navieras a atender sus naves prioritariamente en la terminal de TCP y se le conceda a esta empresa la exclusividad del movimiento de contenedores del puerto”.

Heber vs. Montecon.

En la comparecencia ante la comisión de Transporte del Senado, Heber afirmó: “la actuación en los muelles públicos llevada a cabo por otra empresa (N.deR.: alude a Montecon sin nombrarla) era ilegal”. El ministro argumentó que el “artículo 11 de la ley de Puertos” establece que “otorgar concesiones, permisos o autorizaciones a personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, a los fines de que realicen servicios portuarios necesariamente debe tener la aprobación del Poder Ejecutivo” y “esto no fue lo que sucedió con una empresa que actuaba en los muelles públicos, ya que los permisos eran otorgados por la Administración Nacional de Puertos (ANP)”. Montecon contestó que “fue habilitada por el Estado como operadora portuaria de conformidad a la ley de Puertos y a su decreto reglamentario 413/992, según consta en resoluciones de la propia ANP del año 2000 y 2003 ambas aprobadas por el Poder Ejecutivo. Esas habilitaciones le permiten prestar servicios de transferencia de toda clase de cargas en el Puerto de Montevideo, particularmente contenedores, usando parte de su infraestructura, sin exclusividad ni privilegio alguno, y pagando lo que el Estado exige por ellas”.

Heber había señalado también que Montecon “en forma irregular porque no fue el Poder Ejecutivo el que le dio esos permisos” realizó en los muelles públicos, “en la vía de los hechos, una terminal de contenedores porque así se vendía la empresa, estableciendo contratos que iban más allá del año aunque los permisos eran de 90 días”. La empresa respondió que “ha venido operando por espacio de más de 20 años, período durante el cual jamás autoridad alguna cuestionó la legitimidad de sus actividades y, por el contrario, se le ha permitido participar en las licitaciones públicas de áreas de almacenamiento para permitir el mejor desarrollo de las actividades del puerto”. Agregó que “Montecon ha pagado a la ANP más de US$ 100 millones por el uso de áreas de almacenaje, permisos, concesiones y tasas por transferencia de contenedores, ascendiendo en los últimos años a aproximadamente US$ 14 millones anuales. Además, Montecon ha invertido más de US$ 90 millones en obras de infraestructura portuaria”. El ministro había señalado en la comisión, sin nombrarla, que Montecon tiene con permisos 16.740 metros cuadrados (m2) en el puerto, “pero, en este momento, explotan 150.000. Por tanto, 133.260 m2 son sin concesión y sin permiso. Por eso hablamos de notorias irregularidades. Esta situación es irregular porque los permisos y las concesiones fueron otorgadas a esta empresa por un valor aproximado de entre US$ 19 y US$ 26 el m2. En cambio, por los 133.260 m2 que no tienen permiso ni concesión, hoy se paga entre US$ 3 y US$ 6 el m2”. La operadora negó esto. “Montecon utiliza, además de sus áreas permisadas y concesionadas (por un total de 16.700 m2), un área para operación de contenedores en régimen de almacenaje de 32.800 m2, no 150.000 m2 como se ha dicho, que representan apenas 22% del total de áreas de uso común que también son usadas en el mismo régimen por otros operadores y depósitos del puerto de Montevideo”, afirmó en el comunicado. “Montecon paga por el uso de esta infraestructura portuaria en régimen de almacenaje de contenedores una tarifa de US$ 7,16 el m2, no US$ 3 y US$ 6 por m2 al mes como ha manifestado erróneamente el ministro de Transporte”, añadió.

El cruce por lo sucedido en Chile con accionista

Otro aspecto de diferencias entre el gobierno y la empresa, fueron declaraciones de Heber en la comisión de Transporte del Senado sobre la actividad de uno de los accionistas de Montecon, la chilena Ultramar. En la comisión, Heber dijo que “los chilenos que son socios en la empresa Montecon, sostienen una cosa acá y en Valparaíso, lo contrario. ¿Cómo puede ser? Frente al intento de hacer una segunda terminal, porque allí ya estaba TPS (que es la empresa Ultramar, que es socia en Montecon), TPS, la empresa Ultramar, sostiene que la calidad de un puerto no se mide por el número de actores, sino por su productividad y eficiencia. Además, la competencia entre operadores en el interior de un mismo puerto reduce los incentivos que ambos tienen para invertir. Mientras que un único concesionario podría obtener economías y eficiencia de la operación conjunta que podría traspasar”. “Es muy difícil entender que esto es aplicable en Valparaíso y el mismo criterio no es aplicable para el puerto de Montevideo”, remarcó el ministro. Montecon respondió que se pretende “justificar el monopolio de hecho” en favor de TCP “invocando fuera de contexto peticiones de la empresa Ultramar” donde solicitó “precisamente que la dejaran competir en la licitación de la segunda terminal en igualdad de condiciones, donde se le quería limitar su participación”. La empresa se dirigió al ministro: “sólo pedimos evitar descalificaciones personales, absolutamente infundadas y que no se ajustan a la verdad”.

Si le faltaba un capítulo al cruce de acusaciones y declaraciones entre la empresa Montecon y el gobierno, anoche la firma belga Katoen Natie (competidora de Montecon) emitió un comunicado en el que dijo que su competidora “tergiversa la información y ha cometido varias irregularidades que deberían ser investigadas a fondo, entre ellas una licitación del año 2008 en la que fue descalificada por la grave irregularidad de presentar dos ofertas”.Katoen es propietaria del 80% de Terminal Cuenca del Plata (TCP), la única especializada en contenedores y sobre la que el gobierno considera tiene un “monopolio de hecho” y emitió un decreto que la prioriza para la operativa de los buques portacontenedores a fines de abril. Montecon hasta ese entonces competía con TCP, utilizando los muelles públicos de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Según Katoen, Montecon “desde hace más de 12 años utiliza estos espacios portuarios sin haber participado de ningún proceso competitivo e incluso sin contar con actos administrativos formales, salvo en un permiso de 7.900 metros cuadrados obtenidos recién en 2018 y una concesión de 8.400 metros cuadrados de 2019 de un total de 150.000 metros cuadrados que la propia empresa Montecon reconoció en sus declaraciones públicas el 24 de abril de 2021”. Sin embargo, Montecon rechaza que tenga 150.000 metros cuadrados en el puerto, y señala que no llega a 50.000 metros cuadrados. La empresa belga insiste en su ataque a Montecon y dice que hay “muy graves irregularidades” que “deberían ser investigadas a fondo y se debería responder por qué inexplicablemente desde la licitación del año 2008 en la que Montecon fue descalificada por la grave irregularidad de presentar dos ofertas, la ANP desistió de realizar nuevos llamados, utilizó un decreto que nada tiene que ver con el uso de espacios para contenedores y la empresa descalificada a la postre fue la única beneficiada al continuar usufructuando hasta hoy espacios en un régimen ilegal que nunca debió existir”. Respecto a las afirmaciones de Montecon de que legalmente hay un régimen de competencia dentro del puerto de Montevideo y no un monopolio, Katoen Natie sostiene que “son totalmente equivocadas debiendo recordarse, entre otras cosas, el decreto 183/994 que se encuentra expresamente incorporado en el régimen de la concesión de TCP así como dentro de la información brindada a los inversores en el proceso de subasta de acciones (de esa terminal) del año 2001”. Katoen pidió “el respeto a las normas, al Estado de derecho y al cumplimiento de los contratos asumidos”.  https://negocios.elpais.com.uy/

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