El conflicto entre el Estado uruguayo y el astillero español Francisco Cardama S.A. sumó este lunes un nuevo capítulo, luego de que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmara que el gobierno recurrirá a la instancia de mediación prevista en el contrato firmado para la construcción de dos patrulleras oceánicas OPV 87, cuya primera unidad ya se encontraba en avanzado estado de construcción en los astilleros de Vigo, España.

La semana pasada, el Poder Ejecutivo resolvió rescindir el contrato y presentar una denuncia penal por “presunta estafa”, argumentando que la garantía presentada por la empresa era falsa. La decisión, comunicada en conferencia de prensa por el presidente Yamandú Orsi junto a Sánchez y al prosecretario Jorge Díaz, generó un inmediato intercambio de declaraciones con el astillero y con figuras del anterior gobierno, bajo cuya administración se había firmado el acuerdo.

En declaraciones realizadas este lunes, Sánchez sostuvo que el contrato “establece la posibilidad de una mediación” y que el Ejecutivo “va a utilizar ese camino porque el Estado uruguayo respeta el Estado de Derecho”. Aclaró además que el gobierno decidió denunciar el caso ante la Fiscalía debido a la existencia de una “garantía trucha”, y que no es posible continuar un contrato de esas dimensiones “sin las garantías correspondientes”.

El secretario también cuestionó la actuación del gobierno anterior, al afirmar que “se dieron once meses de prórroga para presentar la garantía sin resoluciones” y que finalmente se aceptó una “por solo doce meses”. Sánchez aseguró que el nuevo gobierno será firme pero respetuoso del marco legal: “Cuando se trata del dinero de los uruguayos, no se soluciona con un café o un asado; se soluciona con los mecanismos formales”.

Desde España, el astillero Francisco Cardama respondió con un comunicado oficial emitido el 26 de octubre, en el que rechazó cualquier incumplimiento contractual y manifestó sorpresa por la decisión uruguaya. La empresa aseguró haber cumplido todas sus obligaciones, incluido el cronograma de obra y la entrega de garantías, y calificó la rescisión como “injustificada”.

En su declaración, el astillero subrayó su trayectoria de más de cien años en la industria naval y sostuvo que “nunca se ha visto involucrado en procesos concursales o de insolvencia”. Además, expresó preocupación por el “daño reputacional injustificado” que, según la compañía, le generaron las declaraciones oficiales, y dejó abierta la posibilidad de recurrir a acciones legales internacionales si no se logra una solución dialogada.

El comunicado, firmado digitalmente por el presidente de la empresa, Mario Cardama, cierra con un llamado a un “diálogo inmediato y constructivo” que permita encauzar el conflicto conforme a los intereses de ambas partes. En ausencia de tal instancia, la empresa advierte que se reserva el derecho de accionar por la vía judicial para defender sus intereses.

El caso ha despertado repercusiones políticas inmediatas. El expresidente Luis Lacalle Pou afirmó que el actual mandatario “se pasó de rosca” y que fue “arrastrado a una operación política”. El Partido Nacional, por su parte, anunció que interpelará a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por la cancelación del contrato.

Mientras tanto, en el plano internacional, el conflicto comienza a llamar la atención del sector naval europeo, dado que Cardama es uno de los astilleros con mayor trayectoria de Galicia y proveedor habitual de embarcaciones para diversos países latinoamericanos.

El futuro del proyecto de las patrulleras OPV 87 —destinadas originalmente a reforzar la capacidad de patrullaje y control de las aguas jurisdiccionales uruguayas— dependerá ahora de lo que ocurra en la mediación y de las eventuales determinaciones judiciales. Tanto el gobierno uruguayo como el astillero aseguran estar dispuestos a “recorrer el camino del Derecho”, aunque desde perspectivas claramente opuestas.