El conflicto laboral en Terminal Cuenca del Plata sumó un nuevo capítulo con la amenaza de un paro por tiempo indeterminado y la interrupción de servicios esenciales para los buques. Cinco cámaras empresariales advirtieron que las medidas comprometen el comercio exterior y reclamaron al Poder Ejecutivo una intervención urgente.
El conflicto laboral que afecta a la Terminal Cuenca del Plata (TCP) dejó de ser una disputa entre una empresa y su sindicato para convertirse en una preocupación para toda la cadena logística uruguaya. A la continuidad de los paros y las dificultades para operar la principal terminal de contenedores del país se sumó el reclamo conjunto de las principales gremiales empresariales, que solicitaron al Poder Ejecutivo adoptar medidas para garantizar la continuidad de los servicios portuarios.
Las organizaciones empresariales advirtieron que las interrupciones operativas ya no constituyen episodios aislados. Según señalaron, durante 2025 el Puerto de Montevideo acumuló más de 30 días con afectaciones por conflictos laborales y, en lo que va de 2026, la cifra alcanza los 25 días. A su juicio, esa situación deteriora la confiabilidad de la principal puerta de entrada y salida del comercio exterior uruguayo y afecta la imagen del país como plataforma logística regional.
La escalada del conflicto coincidió con una nueva decisión del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA), que anunció medidas por tiempo indeterminado en el marco de la negociación del convenio colectivo con TCP. El origen de la disputa continúa siendo el desacuerdo sobre las condiciones económicas durante la negociación. Los trabajadores reclaman un bono mensual extraordinario o un mayor número de jornales garantizados, mientras la empresa sostiene que esas exigencias no pueden imponerse como condición previa para negociar.
En las últimas horas el enfrentamiento adquirió una dimensión adicional cuando la empresa denunció dificultades para abastecer de agua potable a los buques que operan en la terminal. Según TCP, el sindicato impidió que empresas tercerizadas prestaran ese servicio, una situación que calificó como especialmente grave por su potencial impacto sobre la seguridad y la operativa marítima. Desde la organización sindical señalaron que ese punto forma parte de reclamos anteriores, aunque reconocieron que no fue abordado en la última instancia de negociación realizada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El episodio incrementó la preocupación del sector privado porque trasciende la carga y descarga de contenedores. Servicios como el suministro de agua, provisiones, remolque y atención a los buques forman parte de la competitividad de cualquier puerto moderno y su interrupción puede alterar la planificación de las navieras, generar sobrecostos e incluso incentivar el desvío de escalas hacia terminales competidoras de la región. Ese es precisamente el argumento que las cámaras empresariales trasladaron al Gobierno al advertir que el conflicto ya compromete la normalidad del comercio exterior.
La presión sobre el Poder Ejecutivo también aumenta porque el Puerto de Montevideo atraviesa una etapa de expansión. En los últimos años el país impulsó inversiones millonarias en infraestructura, dragado y ampliación de capacidad para consolidarse como centro regional de transbordo. Sin embargo, operadores del sector advierten que esa estrategia requiere un alto nivel de previsibilidad operativa, ya que las navieras priorizan terminales donde puedan garantizar el cumplimiento de sus cronogramas.
Por el momento, las negociaciones continúan bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, aunque sin avances sustanciales. Mientras tanto, distintas cámaras empresariales reclaman que el Gobierno adopte medidas para asegurar la continuidad de los servicios portuarios, incluso mediante mecanismos excepcionales previstos por la legislación si la situación continúa agravándose.
Más allá de la resolución del conflicto salarial, el episodio vuelve a instalar un debate de fondo sobre el funcionamiento del sistema portuario uruguayo. Para un país cuya economía depende en gran medida de las exportaciones y de su posicionamiento logístico en el Río de la Plata, la continuidad operativa del Puerto de Montevideo constituye un activo estratégico. La rapidez con que Gobierno, empresa y sindicato logren encauzar la negociación será determinante no solo para recuperar la normalidad de la terminal, sino también para preservar la confianza de exportadores, importadores y líneas marítimas que utilizan el principal puerto del país.
