Montevideo, 2 de abril de 2026. El conflicto en el sector marítimo uruguayo escaló en las últimas horas tras la conferencia de prensa realizada por la PIT-CNT y la Intergremial Marítima, donde se planteó un escenario de creciente deterioro laboral y productivo, y la posterior respuesta de la Cámara de Industrias Pesqueras, que rechazó de forma categórica algunas de las denuncias.
La situación se desarrolla en la antesala de la movilización nacional convocada para el próximo 29 de abril, a las 10:00 horas, en la Rambla y avenida Brasil, en Montevideo.
Un diagnóstico sindical más severo
En la sede del SUNTMA, las organizaciones sindicales profundizaron su postura y advirtieron sobre una “realidad cada vez más crítica”, marcada por la pérdida de puestos de trabajo, la paralización de embarcaciones y un esquema que —según sostienen— favorece intereses empresariales en detrimento del empleo nacional.
Uno de los principales focos de cuestionamiento es el uso de “waivers”, mecanismos que habilitan excepciones a la normativa vigente y permiten la operativa de buques con tripulaciones extranjeras.
Desde el sector sindical se afirma que esta práctica no solo desplaza mano de obra uruguaya, sino que también puede estar asociada a condiciones laborales precarias, incluyendo jornadas extensas, falta de descanso y bajos niveles salariales en algunos casos.
Asimismo, se señaló la falta de actualización del marco normativo como un factor que agrava la situación de trabajadores formados que hoy enfrentan dificultades de inserción laboral.
La posición empresarial: rechazo y defensa del sistema de controles
Las afirmaciones sindicales fueron respondidas por el presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras, Juan Riva Zucchelli, quien en declaraciones al noticiero Subrayado negó la existencia de situaciones de “semiesclavitud” en la flota nacional.
El empresario aseguró que los buques uruguayos operan bajo un sistema de controles que incluye habilitaciones de Prefectura, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) y la inspección de trabajo.
“En la flota nacional eso no sucede”, afirmó, y sostuvo que cualquier eventual irregularidad debe canalizarse mediante denuncias formales para su correspondiente investigación.
Riva Zucchelli admitió la posibilidad de situaciones “puntuales”, pero las vinculó a embarcaciones extranjeras que recalan en Montevideo en tránsito operativo, descartando que constituyan una práctica generalizada.
Movilización y tensión en aumento
En este escenario de posiciones contrapuestas, la movilización del 29 de abril se perfila como un punto de inflexión para el conflicto, que ya trasciende lo estrictamente laboral e incorpora dimensiones regulatorias, productivas y de soberanía.
El reclamo sindical también incluye cuestionamientos a la exploración sísmica offshore, por sus potenciales impactos sobre el ecosistema marino y la actividad pesquera.
Con el conflicto en plena escalada y sin señales de acercamiento entre las partes, el nivel de adhesión a la convocatoria y la eventual respuesta del sistema político serán claves para determinar su evolución en las próximas semanas.
