En lo que respecta a dicho sistema, nuestro país dejó de acceder a sus beneficios, que permitían el ingreso de productos a Europa con aranceles muy bajos o casi nulos. Además, la caída de las exportaciones al principal destino de la merluza uruguaya, Italia, se acentuó desde 2014.
Según el citado artículo, para el director ejecutivo de Uruguay XXI, Antonio Carámbula, la solución para que los precios de Uruguay vuelvan a ser competitivos es lograr un acuerdo de comercio con la UE.
En este contexto, a impulso del Instituto Uruguay XXI y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el apoyo de la embajada de nuestro país en Bélgica, Uruguay participó en abril pasado en Bruselas en la principal feria europea de productos del mar y acuicultura.
Esta participación –fueron seis empresas exportadoras nacionales– se evalúa como una buena experiencia que ayudó a concretar negocios. La estrategia apunta a marcar presencia en las principales ferias internacionales para difundir las características diferenciales del pescado uruguayo y constituye una buena reacción ante la compleja situación de la pesca en el mercado internacional, aunque la recuperación del sector requiere también de mayor desarrollo tecnológico y sumar otros elementos para que se puedan alcanzar los objetivos deseados.
Además, el país necesita mejorar la protección de sus recursos pesqueros, fundamentalmente de la pesca ilegal, para lo cual existe normativa vigente. Por ejemplo, Uruguay fue el tercer país –luego de la UE y Noruega– que ratificó, en la ley N.º 19.017, el “Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que ubicó al país en una posición de equivalencia con otros reglamentos sobre pesca ilegal de la Unión Europea y constituye un instrumento jurídicamente vinculante, lo que significa que quienes lo suscribieron tienen la obligación de cumplirlo. El objetivo de ese acuerdo es “prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada mediante la aplicación de medidas eficaces del estado rector del puerto, garantizando así el uso sostenible y la conservación a largo plazo de los recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos”.
Uruguay también cuenta con la ley 19.175, que establece el régimen legal de la pesca y acuicultura, y declara de interés general la conservación, investigación, desarrollo sostenible y aprovechamiento responsable de los recursos y los ecosistemas. Las disposiciones de esta ley se aplican a la captura o extracción y a las demás operaciones pesqueras y acuícolas, al procesamiento, al transporte y al comercio de los productos hidrobiológicos, así como a la investigación y ordenación de la pesca y la acuicultura. En lo que hace a la pesca marítima, el fenómeno de la pesca ilegal, ejercida por barcos de otros países que usurpan nuestra riqueza ictícola debería tener una respuesta y férreo control en relación con los buques de pesca ilegal que invaden nuestras aguas territoriales navegando sin permiso o pescando por encima de las cuotas permitidas, los que pescan con artes no permitidas o sin disponer medidas de mitigación, o los que no informan las capturas a los organismos regionales de ordenamiento pesquero.
La situación regional es preocupante y, en este sentido, cabe recordar que a principios de año, a través la prensa, Milko Schvartzman, un estudioso de asuntos marítimos que fue investigador de Greenpeace denunció que el puerto de Montevideo es parte de un sistema que abastece de combustible, reparaciones y provisiones a barcos extranjeros que cometen delitos y que Uruguay es “el eslabón principal de la pesca ilegal en el Atlántico sur”.
Mientras tanto, los episodios de pesca ilegal se repiten en nuestras aguas territoriales y cuando se realizan persecuciones de barcos extranjeros en infracción, rara vez se logra capturarlos. En este sentido, resulta claro que las posibilidades de la Armada uruguaya en cuanto a tener buenos resultados en ese sentido son casi nulas debido, fundamentalmente, a las condiciones de obsolescencia de su flota.
A modo de ejemplo, cabe citar lo informado por mandos de la Armada a la Comisión Especial del Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida de Diputados en cuanto a que los buques que hoy dispone –que tienen más de 50 años– no desarrollan una velocidad mayor a 10 nudos, lo que demandaría dos días en llegar –en caso de emergencia– al lugar donde Uruguay está buscando hidrocarburos en alta mar.
Resulta claro entonces que, en estas condiciones, es prácticamente una utopía pensar en el control de la pesca ilegal y protección de los recursos acuáticos marítimos uruguayos. Otro tema, no menos complejo, es el referido a las escasas posibilidades de consumir pescado de la población en general.
En definitiva, mientras frente a nuestras narices –y a pesar de los acuerdos internacionales suscritos y la normativa nacional vigente– en el Atlántico sur se desarrolla la pesca ilegal, uno de los negocios más rentables del crimen organizado, la industria nacional pesquera enfrenta serios problemas para su desempeño y continuidad. Cambiar esa situación requiere desarrollar logística y equipamiento, mejorar procesos y tomar decisiones políticas que habiliten recursos para realizar inversiones que, no son pocas, pero sí necesarias.- (El Telégrafo)
