El astillero español Cardama formalizó el inicio de un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo luego de la rescisión del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) destinadas a la Armada Nacional, en un nuevo capítulo de uno de los procesos más controvertidos vinculados a adquisiciones navales de los últimos años.
La presentación fue realizada ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, ámbito al que la empresa recurrió al entender que el diferendo involucra aspectos técnicos y constructivos previstos en las cláusulas contractuales.
Fuentes vinculadas al astillero señalaron que el reclamo económico aún no fue cuantificado oficialmente, aunque adelantaron que podría representar “unos cuantos millones” de euros. Desde la compañía sostienen que determinados elementos técnicos contemplados en el acuerdo habrían sido omitidos por el Estado uruguayo al momento de resolver la cancelación del contrato.
La controversia se originó tras la decisión adoptada por el gobierno del presidente Yamandú Orsi de rescindir unilateralmente el acuerdo suscrito durante la anterior administración para la construcción de las patrullas oceánicas para la Armada Nacional.
En paralelo, el Poder Ejecutivo mantiene su postura de que el diferendo debe dirimirse en la jurisdicción uruguaya. Según fuentes oficiales, el contrato establecía que las controversias de carácter jurídico debían tramitarse ante tribunales nacionales, mientras que las cuestiones estrictamente técnicas podían habilitar instancias arbitrales internacionales.
En ese marco, Presidencia de la República mantuvo contactos con el estudio jurídico español Uría Menéndez, contratado para asesorar al Estado uruguayo en la estrategia de defensa frente al proceso iniciado por el astillero gallego.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó públicamente que el gobierno actuó “apegado al derecho” y consideró que el planteo arbitral presentado por Cardama presenta debilidades jurídicas, al entender que previamente debían agotarse las vías nacionales.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo prepara acciones judiciales en Uruguay contra la empresa española. La estrategia oficial apunta a reclamar daños y perjuicios, así como procurar el recupero de los montos ya abonados en el marco del contrato, correspondientes a pagos efectuados para el avance de construcción de la primera unidad.
La rescisión del acuerdo también continúa generando repercusiones en el ámbito político y parlamentario. Desde sectores de la oposición se cuestionó la decisión adoptada por el gobierno y se advirtió sobre las posibles consecuencias económicas y jurídicas que el litigio podría representar para el Estado uruguayo.
Mientras tanto, el proceso abre una nueva etapa de incertidumbre en torno al futuro del programa de patrullas oceánicas de la Armada Nacional, considerado estratégico para el control y vigilancia de los espacios marítimos bajo jurisdicción uruguaya.