La industria langostinera argentina atraviesa una crisis sin precedentes: 113 buques congeladores permanecen inactivos y se calcula que las pérdidas por exportaciones superan los 200 millones de dólares. El conflicto, que dejó a más de 5.000 trabajadores sin actividad, tiene su raíz en una disputa sindical por la actualización de un convenio colectivo vigente desde hace décadas. El punto crítico gira en torno a los bonos de producción, actualmente atados a un precio del langostino de 12 dólares por kilo fijado en 2005. Con un valor de mercado actual de apenas 5,5 dólares por kilo, las empresas sostienen que el esquema es inviable y exigen una actualización acorde a la realidad económica. Aunque se alcanzó un acuerdo parcial con los capitanes de pesca, los sindicatos que agrupan a marineros —principalmente SOMU y Simape— rechazan las propuestas de ajuste salarial. Mientras tanto, trabajadores que solían percibir ingresos de hasta 10 millones de pesos mensuales (unos 8.370 dólares), hoy apenas cobran un salario básico de 500.000 pesos. La paralización afecta gravemente a ciudades portuarias clave como Mar del Plata y Puerto Madryn. Las cámaras empresarias (CAPIP, CAPeCA y CEPA) insisten en la necesidad de un acuerdo integral y apelan al diálogo. En contraste, el SOMU, liderado por Raúl Durdos, exige intervención estatal con beneficios fiscales, pero evita discutir una revisión del convenio colectivo, lo que agrava el estancamiento. La crisis, que golpea a una de las industrias exportadoras más importantes del país, evidencia la urgencia de una solución negociada que resguarde tanto la competitividad del sector como los ingresos de miles de familias.

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