Montevideo, 28 de diciembre de 2025.
El astillero español Cardama concretó en las últimas horas un nuevo hito industrial al colocar la quilla del segundo patrullero oceánico (OPV) destinado a la Armada Nacional del Uruguay, en un contexto marcado por la creciente tensión contractual y jurídica entre la empresa y el Estado uruguayo.
El avance en la obra se produce mientras ambas partes transitan una etapa de incertidumbre institucional, tras la decisión del actual gobierno de iniciar el proceso de rescisión del contrato firmado en diciembre de 2023, que contempla la construcción de dos OPV por un monto aproximado de 82 millones de euros.
Desde el punto de vista formal, Cardama notificó al Ministerio de Defensa Nacional la convocatoria a una audiencia de conciliación, prevista para marzo de 2026, en el marco de lo establecido por el Código General del Proceso, lo que constituye el paso previo a una eventual demanda civil contra el Estado. No obstante, fuentes vinculadas al proceso indican que la empresa mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una solución negociada.
Pagos, hitos contractuales y certificaciones
El escenario se complejiza a pocas semanas del vencimiento del tercer hito de pago, asociado a la instalación de los motores del primer buque, desembolso que asciende a algo más de 8 millones de euros. Desde el Poder Ejecutivo se ha señalado que existen dudas respecto al cumplimiento en tiempo y forma de esa etapa, razón por la cual el gobierno no tendría previsto liberar el pago correspondiente.
Paralelamente, las autoridades contrataron una empresa certificadora independiente para evaluar el grado real de avance del proyecto, en una señal clara de endurecimiento del control técnico y administrativo sobre la ejecución del contrato.
En este marco, la colocación de la quilla del segundo OPV aparece como un gesto industrial relevante, aunque no exento de lectura política y jurídica, dado que para continuar con los hitos siguientes sería necesaria la apertura de una nueva carta de crédito, escenario que hoy luce poco probable ante el deterioro del vínculo entre las partes.
Un conflicto con impacto estratégico
Más allá del diferendo contractual, el caso Cardama tiene una dimensión estratégica para el país. La incorporación de nuevos patrulleros oceánicos es considerada clave para el control del mar territorial, la Zona Económica Exclusiva y las tareas de búsqueda y rescate, así como para el combate a la pesca ilegal.
El desenlace del conflicto, ya sea por vía judicial o mediante un acuerdo, será determinante no solo para el futuro inmediato del programa OPV, sino también para la credibilidad del Estado uruguayo en futuras contrataciones navales internacionales.