Tal como informamos días atrás en Visión Marítima, la situación interna de Navios South American Logistics (NSAL) ha escalado a niveles judiciales, con acusaciones de fraude dirigidas directamente a su directora mayoritaria, la empresaria griega Angeliki Frangou.
En las últimas horas, se conoció que accionistas que representan el 36,2% de la compañía —a través de la firma Peers Business Inc., vinculada a la familia López— presentaron una denuncia ante la justicia uruguaya contra Frangou y otros miembros del directorio, alegando maniobras destinadas a perjudicar a los accionistas minoritarios y beneficiar a empresas controladas por la propia directora. La controversia se remonta a 2023, tras la remoción de Carlos López como CEO de NSAL. Desde entonces, los accionistas minoritarios aseguran haber sido excluidos de información clave, en particular sobre decisiones financieras estratégicas que, según ellos, buscan diluir su participación accionaria.
El núcleo del conflicto gira en torno a un préstamo subordinado por 160 millones de dólares, otorgado por una firma vinculada a Frangou, y basado en una valuación cuestionada de solo 330 millones de dólares para NSAL. Esta cifra contrasta notablemente con las valoraciones realizadas por firmas auditoras independientes como KPMG y Deloitte, que estiman el valor real de la empresa en más de 1.000 millones de dólares. Según la denuncia, la operación podría facilitar la conversión de deuda en acciones, lo que permitiría a Frangou reforzar su control accionario de forma indebida.
La denuncia fue acogida por el juez uruguayo Darwin Rampoldi, quien resolvió la designación de un veedor judicial independiente para acceder a los estados financieros de la empresa. Aunque NSAL apeló la decisión, desde su dirección se afirmó que llegarán “hasta el final” y negaron cualquier irregularidad.
Como contrapartida, la empresa presentó una denuncia contra los hermanos López, acusándolos de un presunto fraude millonario relacionado con desvío de fondos a través de casas de cambio en Paraguay. Esta acción fue presentada en las Islas Marshall, pero no prosperó por falta de jurisdicción. Pese a la disputa legal, las operaciones de NSAL en Uruguay se mantienen activas y sin interrupciones, según informó la Administración Nacional de Puertos (ANP). Además, la compañía anunció un nuevo proyecto de inversión por 100 millones de dólares para ampliar su capacidad operativa en la zona franca del puerto de Nueva Palmira.
Este enfrentamiento entre accionistas, con derivaciones judiciales tanto en Uruguay como en Estados Unidos, pone en jaque el futuro de una de las principales empresas logísticas de la región.
Visión Marítima
