El país depositó la carta náutica que fija las coordenadas del límite exterior de su plataforma continental. La formalización consolida los derechos soberanos sobre el lecho y subsuelo marino hasta las 350 millas y adquiere especial relevancia para la exploración de hidrocarburos que ANCAP viene impulsando frente a las costas uruguayas.
Uruguay dio un paso que, aunque tiene origen en el derecho internacional, adquiere una dimensión especialmente relevante para el sector energético: el país depositó ante las Naciones Unidas la carta náutica oficial que establece de manera permanente el límite exterior de su plataforma continental hasta las 350 millas náuticas.
La presentación fue realizada el jueves 13 de agosto por la Misión Permanente de Uruguay ante las Naciones Unidas y completa una formalidad prevista en el artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El documento incorpora las coordenadas y los datos técnicos que permiten fijar el límite exterior de la plataforma continental, tomando como base las recomendaciones adoptadas por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental en agosto de 2016.
El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que, cumplida esta instancia, la Secretaría General de Naciones Unidas dará publicidad a la extensión de los derechos de soberanía uruguayos sobre el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas hasta los puntos establecidos por la Comisión.
La diferencia es sustancial para entender el impacto energético de la medida. Uruguay no está llevando su mar territorial hasta las 350 millas, sino que está formalizando el límite de su plataforma continental, es decir, el espacio submarino sobre cuyo lecho y subsuelo el Estado ejerce derechos soberanos para la exploración y explotación de recursos naturales. La Convemar contempla precisamente la posibilidad de extender estos derechos sobre la plataforma continental hasta las 350 millas náuticas.
Para Uruguay, la superficie potencial asociada a esta delimitación había sido estimada en hasta 89.000 kilómetros cuadrados, con un incremento de unos 80.500 kilómetros cuadrados respecto del espacio submarino previamente reconocido. El acuerdo alcanzado en 2016 fue considerado entonces un avance estratégico para el país.
La nueva formalización llega mientras Uruguay mantiene activa una de las etapas más intensas de su historia reciente en materia de exploración offshore.
ANCAP tiene actualmente contratos de exploración y producción de hidrocarburos sobre siete áreas de la plataforma continental, adjudicadas mediante la Ronda Uruguay Abierta. El esquema contractual utilizado es el de producción compartida, mediante el cual los costos y riesgos de la exploración recaen sobre las empresas contratistas y la eventual retribución se vincula con la producción que pueda obtenerse.
La actividad exploratoria también se ha intensificado mediante campañas de adquisición de información geológica y sísmica. El Ministerio de Ambiente señala que existe un proyecto de prospección sísmica 3D que contempla un área total de 44.182 km², distribuida en cuatro fases entre 2025 y 2027, con una duración estimada de 430 días. El objetivo es mapear las estructuras geológicas ubicadas debajo del lecho marino para mejorar el conocimiento del potencial hidrocarburífero.
En junio de 2024, además, ANCAP firmó cuatro contratos multicliente para la adquisición de entre 5.000 y 40.000 km² de datos sísmicos 3D, con empresas especializadas como Searcher, PGS, CGG y Spectrum Geo. Este tipo de información es utilizada para identificar estructuras geológicas y reducir el riesgo asociado a una eventual perforación exploratoria.
La formalización ante Naciones Unidas, por tanto, no aparece aislada de la estrategia energética uruguaya. Llega en un momento en que el país busca transformar décadas de información geológica en nuevas campañas de exploración y, eventualmente, en pozos capaces de determinar si existe un sistema petrolero comercialmente aprovechable.
350 MILLAS NO SIGNIFICAN 350 MILLAS DE MAR TERRITORIAL
La precisión jurídica resulta fundamental porque la medida puede generar una interpretación equivocada.
Las 200 millas náuticas continúan siendo el límite de referencia para la zona económica exclusiva. La extensión hasta las 350 millas corresponde a la plataforma continental y otorga derechos soberanos específicamente sobre el lecho y el subsuelo marino.
Eso significa que la ampliación tiene una incidencia directa sobre actividades como la prospección sísmica, la perforación y la eventual extracción de hidrocarburos, pero no transforma automáticamente toda esa superficie en aguas bajo el mismo régimen jurídico que el territorio terrestre o el mar territorial.
La diferencia ya había adquirido relevancia práctica en Uruguay. En una reciente campaña de exploración sísmica realizada más allá de las 200 millas, una empresa sostuvo que la extensión de la plataforma continental todavía no había sido formalizada mediante el depósito de la carta correspondiente. El gobierno uruguayo, en cambio, había sostenido desde 2016 que la decisión de Naciones Unidas otorgaba al país derechos soberanos sobre los recursos del lecho y subsuelo hasta las 350 millas.
El nuevo depósito ante Naciones Unidas permite cerrar precisamente esa instancia formal.
UN NUEVO MARCO PARA EL OFFSHORE URUGUAYO
La relevancia para la industria petrolera no está en que Uruguay disponga desde ahora de una nueva zona para buscar hidrocarburos —la exploración offshore ya se desarrolla bajo contratos y autorizaciones vigentes— sino en que el país deja documentado y publicitado internacionalmente el límite exterior de los derechos que ejerce sobre los recursos del subsuelo marino.
Esto adquiere mayor peso ante la posibilidad de que las campañas sísmicas actuales deriven en nuevos pozos exploratorios. ANCAP ha señalado que los datos sísmicos de alta calidad permiten caracterizar estructuras geológicas, identificar potenciales reservorios y reducir el riesgo exploratorio antes de avanzar hacia perforaciones.
De hecho, uno de los proyectos actualmente en desarrollo contempla la perforación exploratoria en el bloque OFF-6, después de que las campañas sísmicas permitieran avanzar en el conocimiento de la zona. La actividad offshore uruguaya, que durante años estuvo marcada por la incertidumbre sobre la existencia de hidrocarburos comercialmente explotables, ingresa así en una etapa donde la información geológica acumulada empieza a traducirse en decisiones concretas de inversión.
El depósito de la carta náutica no garantiza un descubrimiento ni modifica por sí solo el potencial geológico de las cuencas uruguayas. Pero sí establece con precisión hasta dónde llegan los derechos soberanos del país sobre los recursos del lecho y subsuelo marino.