Ante un fuerte incremento de casos de COVID-19, el gobierno de Honduras ha reactivado medidas sanitarias para contener el brote. Solo en julio se reportaron más de 1.300 contagios, con un aumento del 85 % en dos semanas y al menos siete muertes confirmadas. Las autoridades sanitarias identificaron a la variante ómicron XFG (también conocida como “Stratus”) como responsable de un tercio de los contagios. Aunque no es más letal, se propaga con rapidez y afecta especialmente a personas con comorbilidades.

Desde el 28 de julio rige nuevamente el uso obligatorio de mascarilla en hospitales, escuelas, transporte público, aeropuertos, bancos y otros espacios cerrados con aglomeración. También se estableció teletrabajo obligatorio en oficinas públicas y la suspensión temporal de clases presenciales en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Las autoridades recomiendan vacunarse contra el COVID-19 y la gripe, evitar lugares cerrados con mucha gente, y consultar al médico ante síntomas respiratorios. Aunque algunos especialistas han cuestionado la solidez de los datos que justifican estas medidas, el gobierno sostiene que son necesarias para evitar un escenario más crítico.

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