Una reciente decisión de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación de Argentina (ANPYN) encendió señales de alerta en la región. La resolución 34/2025, emitida por este organismo dependiente del Ministerio de Economía argentino, derogó una normativa clave que regulaba las operaciones de transbordo buque a buque (conocidas como «ship to ship») en las zonas Alfa y Delta del Río de la Plata.

Con esta derogación, ya no será obligatorio que las empresas dedicadas al transbordo de hidrocarburos cuenten con certificaciones internacionales ni manuales de seguridad específicos, lo que reduce significativamente las garantías en materia de seguridad operativa y protección ambiental.

Las zonas afectadas, Alfa y Delta, son puntos estratégicos para el comercio exterior argentino, pero están situadas en aguas de uso común y bajo jurisdicción uruguaya, muy cercanas a la costa de Uruguay. Esto genera una seria preocupación sobre potenciales impactos ambientales transfronterizos, que también podrían afectar el turismo local y la biodiversidad del área.

El Río de la Plata no solo es una vía de navegación crucial, sino también un ecosistema frágil, compartido por ambas naciones. La eliminación de controles y exigencias técnicas pone en cuestión la cooperación regional y reabre el debate sobre la necesidad de establecer protocolos binacionales de resguardo ambiental.

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