21 de marzo de 2026
El proyecto de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde que impulsa en sumó en las últimas horas un nuevo capítulo en el plano político y jurídico, con cuestionamientos desde centrados en la aplicación del .
Mientras el emprendimiento avanza en su proceso de evaluación ambiental en Uruguay, autoridades y actores políticos de la provincia de expresaron reparos sobre el procedimiento seguido, en particular en lo relativo a los mecanismos de información y consulta previstos en el tratado bilateral.
Cuestionamientos desde Argentina y vía judicial en marcha
En ese contexto, legisladores entrerrianos promovieron una acción judicial contra el Estado uruguayo y , con el objetivo de que se adopten medidas preventivas ante eventuales impactos ambientales.
Los impulsores de la demanda sostienen que el proyecto debería ser analizado en el ámbito de la (CARU), en línea con lo establecido por el , que regula la gestión compartida del río y prevé instancias de notificación y cooperación entre ambos países.
En la misma línea, el gobernador de Entre Ríos, , reiteró su rechazo a la iniciativa y señaló que su administración evalúa distintas alternativas legales, incluyendo la eventual recurrencia a tribunales internacionales.
La posición uruguaya: evaluación en curso y canales abiertos
Desde Uruguay, en tanto, se ha señalado que el proyecto se encuentra actualmente en etapa de evaluación ambiental, en el marco de los procedimientos previstos por la normativa nacional.
El gobierno encabezado por ha manifestado su respaldo al desarrollo de este tipo de iniciativas vinculadas a la transición energética, al tiempo que mantiene contactos con autoridades argentinas en el plano diplomático.
A nivel departamental, el intendente de , , sostuvo que el proyecto representa una oportunidad para el desarrollo del litoral norte y consideró que algunas críticas formuladas desde Argentina no reflejan la información técnica disponible, según declaraciones públicas.
Un proyecto estratégico en fase de análisis
La iniciativa prevé una inversión estimada en más de 5.300 millones de dólares y la instalación de infraestructura asociada de generación renovable, incluyendo parques eólicos y solares. En su fase completa, la planta podría alcanzar una producción de hasta 876.000 toneladas anuales de metanol sintético.
El proceso actual incluye la evaluación de impacto ambiental y etapas de participación pública, mientras se desarrollan intercambios técnicos e institucionales.
Un marco jurídico sensible
El establece las bases para la utilización conjunta del río y mecanismos de cooperación entre ambos países ante proyectos que puedan afectar sus condiciones.
En este escenario, el desarrollo del proyecto en Paysandú se da en paralelo a interpretaciones distintas sobre la aplicación de ese marco normativo, lo que ha derivado en planteos políticos y judiciales aún en curso.
Por el momento, no existe un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto, mientras el caso evoluciona en los ámbitos administrativos, judiciales y diplomáticos correspondientes.
