“Por cada dólar que el gobierno exonera a un usuario de zona franca, ese aporta seis dólares de valor agregado a la economía”, dice el presidente de la Cámara Uruguaya de Zonas Francas. Hay once zonas francas operativas en Uruguay, y algunas más que están en proceso de empezar a funcionar. Luego de la concreción -entre Brasil y nuestro país el pasado jueves- de un acuerdo comercial entre ambas naciones, la intención es que la presencia de estas zonas de inversión y producción crezca en suelo nacional.
En la más reciente edición de la Cumbre de las Américas, realizada en Estados Unidos, Brasil y Uruguay acordaron que habrá “arancel cero” para productos que provengan de dichas zonas, y fuentes del gobierno uruguayo evaluaron la relevancia del acuerdo como el equivalente de un acuerdo de libre comercio entre los países. Las zonas francas tienen una historia en Uruguay que abarca casi un siglo. Más allá de modificaciones en cuanto su operativa y status que se han realizado más acá en el tiempo, estas constituyen una de las áreas que califican de manera inequívoca como “política de Estado”. Diego Licio, presidente de la Cámara Uruguaya de Zonas Francas, explica que la instalación de estas en el país exige un procedimiento de solicitud que debe ser aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. “Siempre que ese proceso de solicitud y aprobación se lleve adelante de forma ordenada”, agrega Licio, los beneficios de contar con zonas francas en Uruguay compensan con creces eventuales perjuicios.
Al respecto, Licio cita un estudio presentado en el mes de abril por la consultora Ceres, que pone en cifras algunos de los efectos económicos de las zonas francas en Uruguay. Esa investigación arrojó que dichas zonas albergan a algo más de 1.000 empresas que empleaban “directa y dependientemente” a 15.232 personas, que en 2011 y 2012 sus actividades aportaron 3,5% del PIB uruguayo, indicador que trepó a 5% en 2019 “al incluir la planta de celulosa de Montes del Plata”, además de que las inversiones realizadas por parte de aquellas compañías comprendidas en ese régimen representaban algo más del 5% de todas las realizadas en el país.
Licio resume: “Por cada dólar que el gobierno exonera a un usuario de zona franca, ese aporta seis dólares de valor agregado a la economía (…) La exoneración está muy bien invertida”. La renuncia a la recaudación fiscal es uno de los ítems que han recogido objeciones por diversos actores cuando analizan los pros y los contras de las zonas francas. La economista Alejandra Pico, del think tank del Pit-Cnt -el instituto Cuesta Duarte-, dice a El País que Uruguay debería apuntar a más herramientas que las zonas francas para atraer inversiones, y también que se debería ser “selectivo” en cuanto a qué tipo de empresas se puedan acoger al régimen que cobija la actividad de estas.
“Si se tratara de inversiones de, por ejemplo, tecnología de punta que no vendrían en otras condiciones, hay que considerarlas”, pero también dice que hay que buscar inversiones complementarias. Por su lado, el decano de la UCU Business School, Marcos Soto, toma en cuenta otro aspecto de las zonas francas, que hace a las discusiones que se están dando actualmente entre países de mayor desarrollo y poderío económico, y que entre otras cosas probablemente problematice la situación de estas inversiones en países como Uruguay. Soto alude al debate de un “impuesto a la renta global” para las más grandes empresas internacionales, un debate que cobró fuerza a raíz de, entre otros factores, la pandemia. “La exoneración de impuestos está siendo cuestionada, como mínimo, por parte de las economías centrales, en particular las de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ese potencial impuesto global no abarcaría a todas las empresas multinacionales, sino a aquellas que facturan más de 750 millones de euros por año. Si uno analiza aquellas empresas que se instalaron en nuestras zonas francas, la mayoría no estaría dentro de este rango”.
En ese caso, lo atractivo de esas inversiones seguirían. Pero cuando se habla de, por ejemplo, empresas como UPM u otras que llevan a cabo inversiones de gran porte, la situación cambia. Y en el análisis que Soto realiza, las probabilidades que dicho impuesto global se imponga, son altas. Los actuales incentivos que Uruguay ofrece para inversiones en el marco de sus zonas francas se verían matizados, dice, en particular en aquellos casos en los que se trate de apuestas financieras muy grandes. En esos casos, Uruguay podría perder algunas de las ventajas con las que ha contado y cuenta, ya que esas empresas no tendrían razones de peso para instalarse aquí. Ante la pregunta de si no es justo que ‘todos’ paguen impuestos, incluso aquellas compañías que hasta ahora que han sido exoneradas, “la respuesta por reflejo es sí”, reflexiona Soto. Pero también cabe la pregunta, agrega, de si es justo que países con economías más débiles no puedan recurrir a caminos (como zonas francas), que le han permitido atraer inversiones y estimular su desarrollo.
Prosperidad y competencia
Diego Licio señala un factor que pone en perspectiva la relevancia de las zonas francas para la economía nacional: “Cerca del 80% del total de las zonas francas en el mundo, se concentran en países como China e India. ¿Podría Uruguay, como país, ser competitivos con países tan ‘baratos’ como esos? La zona franca es casi una necesidad”. https://www.elpais.com.uy/
