Nueva gestión federal del tramo argentino de la Hidrovía Paraná-Paraguay

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Si bien el tema aún no está laudado, ya hay elementos que permiten visualizar el formato que podría tener el nuevo sistema de gestión federal del tramo argentino de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Resulta muy interesante atender el proceso de gestación de esta iniciativa, así como también sus causas inmediatas. En todo caso, es un asunto que podría tener derivaciones para nuestro país, que participa directamente de esta hidrovía a través del Puerto de Nueva Palmira. El desarrollo de la hidrovía Paraná-Paraguay fue impulsado a partir del acercamiento entre Brasil y Argentina ocurrido desde 1984. En este marco, las Provincias del Litoral argentino (Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones) asumieron la iniciativa formando la Comisión Regional de Comercio Exterior del NEA y Litoral (CRECE-NEA Litoral), comenzando un intenso proceso de reuniones con los Estados del Sur del Brasil nucleados en CODESUL. Como primer resultado, en 1988 se firma el Protocolo Regional Fronterizo N° 23 del Programa de Integración y Cooperación Económica entre Argentina y Brasil. Paralelamente, en diciembre de 1987, los Cancilleres de los países firmantes del Tratado de la Cuenca del Plata (1969, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay) declaran de interés prioritario el desarrollo del sistema fluvial formado por los ríos Paraguay y Paraná. En abril de 1988, los Ministros de Transporte y Obras Públicas de los países de la Cuenca se reunieron en Campo Grande (Brasil) en el “Primer Encuentro Internacional para el Desarrollo de la Hidrovía Paraguay Paraná” donde decidieron la creación del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay Paraná (CIH), que inicia sus actividades en 1990 y en 1992 es aprobado su Estatuto. El ClH es el órgano político del “Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay Paraná (Puerto de Cáceres Puerto de Nueva Palmira)”, suscripto por los Cancilleres en presencia de los mandatarios de los países de la Cuenca del Plata, en Las Leñas (Mendoza, Argentina) el 26 de junio de 1992, entrando en vigor desde el 13 de febrero de 1995. El objeto del Acuerdo consiste en facilitar la navegación fluvial y el transporte comercial en la Hidrovía Paraguay Paraná, en el ámbito del Tratado de la Cuenca del Plata mediante el establecimiento de un marco normativo común que favorezca el desarrollo, modernización y eficiencia de dichas operaciones, y que facilite y permita el acceso en condiciones competitivas a los mercados de ultramar. En febrero de 1995, los presidentes de Argentina y Brasil reconocieron a la Crecenea y Codesul como instrumentos regionales apropiados para la integración. Con este aval, en junio de ese mismo año los gobernadores Provinciales y Estaduales crean el Foro Permanente de Gobernadores del Crecenea – Codesul, que desde entonces tuvo reuniones semestrales regulares durante varios años. Este mismo año 1995 arranca la concesión del dragado y balizamiento del río Paraná, otorgado al consorcio Hidrovía S.A. integrado por la empresa argentina Emepa, propiedad del empresario de filiación radical Gabriel Romero, y la empresa gigante belga de dragados Jan de Nul. A esta concesión se le ha llamado la “heredera” o la “letra chica” del Pacto de Olivos que habilitó la reforma constitucional de 1994.

Contratos en la mira

Si ese otorgamiento está sospechado, su renovación por decreto en 2010 lo está mucho más. El empresario Gabriel Romero está involucrado en la famosa causa de “los cuadernos”, de donde surge un pago por 600.000 dólares a cambio de la renovación por 10 años de la concesión, lo cual aparentemente habría sido reconocido por el propio empresario. Por este motivo se asume que al menos Emepa no se presentará a una nueva licitación, ya que su concesión se termina en 2021. El año pasado, el entonces Ministro de Transporte argentino Guillermo Dietrich inició el trámite para elaborar los pliegos de la nueva licitación internacional, pero fue justamente por este involucramiento del empresario en la causa de “los cuadernos” que detuvo el procedimiento. Hubo además varias denuncias contra el propio gobierno de Macri porque, ante el reconocimiento judicial de la “coima”, debió haber revocado el contrato tal como establece la normativa de la Administración Pública. Además, en el ínterin se produce el abrumador triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en las PASO y el gobierno entra de hecho en una fase de no innovar, en vista de su segura derrota en las elecciones del 27 de octubre, como efectivamente ocurrió. En este contexto, ya desde septiembre, comienzan los contactos entre los gobernadores peronistas electos del Litoral, Gustavo Bordet (Entre Ríos), Omar Perotti (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco), con la intención de formar parte de la confección de los pliegos licitatorios y de un comité de administración de la hidrovía Paraná-Paraguay. El 15 de octubre, el Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos, Dr. Julio Rodríguez Signes, quien presidió el encuentro del Foro Permanente de Fiscales de Estado de la República Argentina realizado en la ciudad de Usuhaia unos días antes, adelantó el interés de las provincias ribereñas de poder participar del contrato y control de la hidrovia Paraná-Paraguay, cuya concesión vence en 2021. “Lo que sostenemos es que a partir de la reforma de 1994, donde se reconoció que los recursos naturales son del dominio originario de las provincias, éstas no pueden quedar fuera del dragado, porque la obra se realiza sobre el dominio de las provincias, que es el lecho de los ríos”, señaló. En este sentido sostuvo que “desde lo político-económico, la hidrovía es un canal por donde pasan las exportaciones y las importaciones del país. Queremos participar del contrato y saber, por caso, cuáles son las profundidades de dragado; a Entre Ríos le importa que lleguemos a 34 pies de profundidad hasta Diamante”. Al día siguiente el Fiscal Rodríguez Signes se reunió con el gobernador Bordet ratificando la posición de la Provincia y agregando que por esa hidrovía “transita el 80% de las exportaciones de oleaginosas y agropecuarias argentinas”. “Pasan 34 millones de toneladas por año, a razón de 20 dólares la tonelada”, graficó. Enfatizó que “el argumento para requerir esa intervención que el gobernador está planteando no es sólo político y económico sino también jurídico, ya que el canal de navegación implica dragar el lecho de los ríos y estos pertenecen al dominio de las provincias”.

Un compromiso del nuevo gobierno en Argentina

Luego de asumir la Presidencia de la Nación, el día 11 de diciembre Alberto Fernández acompañó la asunción del gobernador Omar Perotti en la Legislatura Provincial de Santa Fe, y allí en su breve alocución dijo que “la hidrovía debe ser gobernada por las provincias que en verdad tienen y usan la hidrovía”. El pasado sábado 25 de enero, Perotti se reunió en Santa Fe con el Fiscal entrerriano Rodríguez Signes, quien concurrió por indicación de Bordet. Según sus declaraciones a la prensa local, en el encuentro analizaron principalmente “cómo nos organizamos jurídicamente para poder participar de la Hidrovía”, y especificó que una de las posibilidades sería “firmar un tratado interprovincial de todas las provincias que formamos parte de la Hidrovía, que tenemos acceso al río Paraná o Paraguay, para poder desde esa posición plantear las cuestiones de profundidad, navegabilidad, ambientales y de uso del recurso”. Al día siguiente se publicó el trascendido de que la intención del Presidente era crear una Agencia Federal que estará integrada por Nación y representantes de cada provincia que participan de la Hidrovía: Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe. Además, se afirmó que la Provincia de Buenos Aires también pretendería tener un asiento en la Agencia. La creación de esta Agencia Federal implica elevar el estatus jurídico y político de la Hidrovía Paraná-Paraguay, que dependerá del Ministerio de Transporte Nacional, ya no de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. https://www.xn--lamaana-7za.uy/

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