Naturaleza vulnerable en el Litoral: ríos bajos y un negocio que amenaza los recursos de todos

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La bajante histórica de las aguas de nuestros ríos ha dejado a la luz un problema que no es nuevo y que amenaza la principal riqueza de nuestros ríos: su población ictícola. La pesca artesanal fue y es un medio de vida para generaciones de isleños; pero la exportación de pescado de río – como ocurre desde siempre con Santa Fe y Entre Ríos – amenaza un recurso que no puede abastecer una demanda infinita. La situación actual de los ríos Paraná y Uruguay, con bajísimo caudal de agua, está enmarcada en un período de sequías en el Sur de Brasil que, si bien es cíclico, reviste este año algunas características particulares. Esto contribuye, aunque no determina a la mentada sequía (factor principal) dejando a nuestra población ictiológica en estado de suma vulnerabilidad e invita a una reflexión sobre el uso/abuso de un recurso que para algunas provincias merece preservarse con una veda total de pesca deportiva y comercial, mientras que para otras mantiene condiciones hídricas y poblacionales que presuntamente avalan la pesquería comercial, y mantienen la prohibición de pesca a los pescadores deportivos. ¿Son los deportivos la amenaza al recurso?

Dos provincias ‘a contramano’

En este marco, Corrientes, Misiones y Chaco (que a principios de mes había autorizado al retorno de la pesca comercial tras el primer período de cuarentena y luego revirtió la medida) decretaron la veda total de pesca (deportiva y comercial) en sus respectivas provincias. No es el caso de Santa Fe y Entre Ríos, epicentro del gran negocio que amenaza las poblaciones del río: el de la exportación de pescado. En estas provincias, aun en tiempos de pandemia donde millones de argentinos somos invitados a “quedarnos en casa”, los llamados “pescadores artesanales” siguen proveyendo de sábalos y otras especies a los camiones de grandes frigoríficos que se llevan la parte del león en un negocio millonario. Los llamados “pescadores artesanales” siguen proveyendo de sábalos y otras especies a los camiones de grandes frigoríficos que se llevan la parte del león en un negocio millonario. El Estado argentino recibe solo un 5% por derecho de exportación y al pueblo argentino le quedan sus ríos del litoral cada vez más expoliados.

Lo que ‘salva’ el Estado

Pero cabe consignar que de ese presunto beneficio de sostener estas pesquerías en que se benefician el Estado y la administración de cada provincia, se vuelve pérdida en tiempos como éste, donde los malloneros y pescadores artesanales no pueden ejercer su actividad. Pues allí los subsidios a las familias que se benefician (o son explotadas, según la mirada) por actividad, no salen de sus empresas con históricas y millonarias ganancias, sino de las administraciones provinciales y el Estado nacional, que conforman un sueldo de ($20.000 por la provincia y $10.000 por el Estado nacional) para paliar su situación. De ahí que, muchas veces, por no pagar esos subsidios, se los deja pescar y los costos los paga el río. Este trasfondo de procurar evitar subsidiar a estos sectores (que también se les daba en tiempo de veda cuando las especies de valor comercial están en tiempo de fresa) hace que se apele a subterfugios como la famosa “veda extendida” (esto es, en vez de proteger los peces cuando desovan, se “prorratea” una veda a lo largo de todo el año suspendiendo dos días por semana la actividad de los comerciales). Esto desprotege a los peces en su momento más vulnerable, pero ahorra millones a las administraciones provinciales. La paga por cada pieza al pescador suele no pasar de U$S  0,30 (unos $25). Esto hace que ahora se privilegie el volumen a la calidad de piezas.

Apropiación de un recurso público

Como conclusión, y a modo de reflexión, resulta triste e indignante ver cómo la apropiación de un recurso público como el de los peces del río es utilizado para beneficio de unos pocos empresarios que obtienen ganancias millonarias (y ganancias mínimas a las provincias y la nación), socializando los “sueldos” de sus proveedores en tiempos críticos en donde es el Estado quien debe asistir a los pescadores artesanales. Para cerrar, nada mejor que recordar lo que se olvida: el artículo 4 de la Ley General de Ambiente (N 26675) expresa en su principio de sustentabilidad que “el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras”. http://www.chacodiapordia.com/

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