¿El fin de la pelea por los tesoros en el mar?

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Aunque el Estado prohibió en 2006 la búsqueda de tesoros en barcos hundidos, sigue enredado en juicios y demoras en la partición de los caudales que fueron extraídos. Ahora el gobierno prepara un decreto para ordenar el manejo de las riquezas sumergidas. El capítulo de los buscadores de tesoros en nuestro país empieza y termina con Rubén Collado. Motivado por una normativa de 1975, popularizada como la ley de barcos hundidos, el explorador argentino llegó a nuestra costa en la década de 1980. Aquí desarrolló un modelo de usufructo público-privado que abrió una caja de Pandora que el Estado aún no pudo cerrar. Podría estar cerca de hacerlo ahora, a través de un decreto que está en plena redacción y se propone establecer las responsabilidades de los ministerios de Defensa Nacional y de Educación y Cultura sobre la gestión del patrimonio sumergido. Siguiendo los pasos de Collado, en los años 90, algunos miembros de su equipo de búsqueda, antiguos proveedores de equipamientos, y dos amigos buzos entusiasmados con rastrear pecios —restos de naves naufragadas— probaron suerte en el negocio. Buscar un tesoro es un llamado al niño que fuimos. Pero el desenlace en los ríos nacionales resultó mucho menos romántico de lo imaginado. Los exploradores pasaron de ser vistos como locos a héroes y, para algunos, de héroes a saqueadores. Lo que pretendía convertirse en un relato de aventuras se volvió una larga historia de enemistades con autoridades de la Prefectura Nacional Naval, el Ministerio de Defensa Nacional y la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Y así, como si se tratara de una maldición emanada por los navíos, los proyectos de rescate fueron frustrándose uno a uno.

El Río de la Plata es uno de los mayores cementerios de barcos del mundo. Bajo sus aguas podría haber cerca de 2.000 pecios. La Comisión de Patrimonio considera que estos bienes tienen un valor cultural antes que económico, y deben ser conservados en nuestro país. Por eso, y debido a una serie de robos y contrabando de piezas cometidos durante algunos rescates, en 2006 un decreto presidencial prohibió que se continuaran las expediciones comerciales. Sin embargo, la norma dejó un vacío que terminó provocando un clima de inseguridades jurídicas: “No estableció criterios de actuación en áreas fluviales y marítimas, ni las responsabilidades de las instituciones involucradas en la investigación del patrimonio sumergido”, indica Nelson Inda, jerarca de Patrimonio. Como resultado, de los cuatro equipos de rescatistas que durante 20 años encontraron más de una veintena de pecios, solo Collado logró concretar la comercialización de sus hallazgos con más pena que gloria (ver recuadro). Tras instancias de demandas, embargos y juicios, otros exploradores aún esperan por la división de los objetos que deben compartir con el Estado (50% cada uno, por contrato). La demora, explica Rubén López, asesor del Ministerio de Defensa y coordinador del Grupo Coordinador para Hallazgos, Pecios y Materiales Arqueológicos, se debe a transacciones extrajudiciales que se llevan adelante desde 2012, “para evitar juicios y finalizar la relación con los permisarios de los viejos contratos”.

El águila del Graf Spee no está sola.

Según el investigador brasileño Rodrigo Torres, responsable del programa de Arqueología Marítima y Subacuática del Centro de Investigaciones de Patrimonio Costero (Cipac) —un polo de desarrollo universitario que creó la Universidad de la República (Udelar) en 2009— habría decenas de millares de materiales sacados del fondo del mar que aguardan en depósitos un final feliz. López asegura que bajo la tutela de la Prefectura Naval hay varios cientos —no miles—, que se encuentran estabilizados y preservados.

Sean cuantos sean, quizás un mejor destino para ellos esté cerca.

Tan cerca, tan lejos.

La mayoría de los pecios suelen estar a una profundidad de entre cinco y 15 metros, y a una distancia no mayor de un kilómetro de la costa. Están, podría decirse, al alcance de una zambullida de buzo. Pero idear las maniobras para desenterrar sus caudales, esa es la parte difícil.

—Minga que el barco está entero abajo del agua —dice Sergio Pronczuk, socio del fallecido explorador Héctor Bado.

Hay un molusco que se alimenta de la madera y en dos meses se devora todo. Encontrar los restos de un navío del siglo XVIII ó XIX es difícil, porque lo que queda está “bien al ras”, “enterrado y esparcido por las corrientes”. Pronczuk y Bado comenzaron a bucear juntos por deporte cuando tenían menos de 20 años. Pero en el fondo del mar se encontraban con restos de materiales de naufragios y empezaron a estudiar qué barcos podían ser. Unos años después, cuando convirtieron el hobby en profesión —“sin fines comerciales, siempre quisimos poner un museo”— también les pasó que buscando un barco se encontraban con otros. çAsí de rico es el patrimonio que no vemos.

De aquella época, Pronczuk conserva bolsas con cientos de páginas de expedientes de solicitudes que no se autorizaron y no se pudieron hacer.

Los caza tesoros —un apodo que a muchos de ellos disgusta— sienten que con el paso del tiempo al éxito de sus expediciones lo envolvió un sabor amargo.

Empecinado en encontrar nuevos navíos, Collado terminó en la ruina. Vive en una casa de salud en el departamento de Colonia que pagan sus amigos.
Rodolfo Filippelli, descubridor de los barcos San Rafael y La Gaditana, de donde extrajo una culebrina de bronce valuada en US$ 650.000, lleva 20 años de reclamos ante la Justicia pidiendo que se autorice el remate de las piezas embargadas por el Estado, como medio para recuperar el dinero que destinó como depositario responsable de su conservación y mantenimiento. Los herederos de Bado y el buzo Pronczuk conservan la ilusión de que pronto podrán vender los hallazgos de los míticos Salvador y Agamemnon. La partición ya fue pactada y autorizada por una resolución ministerial, para evitar un juicio. “Pero existe una interposición de un embargo genérico contra uno de los permisarios. Hasta que esta no se resuelva no se pueden vender”, dice López. Los rescatistas no son los únicos que esperan. También lo hacen los investigadores del Cipac. A pesar de que la Udelar invirtió más de US$ 200.000 en equipamientos, embarcaciones y un laboratorio de tratamiento que los posiciona como el mejor de América Latina, la Prefectura Naval aún no les permitió investigar los objetos que están en su poder. López asegura que no recibió esta solicitud. Y espera la Unesco, que quiere que el gobierno firme de una vez por todas la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001. Es que esta no es una historia de aventuras: es una cadena de problemas. “Causados por la falta de coordinación entre instituciones, inseguridades jurídicas y la ausencia de políticas para decidir qué hacer con el patrimonio subacuático”, opina Torres.

En el living de una casa que no expone ni un solo recuerdo de los barcos que encontró, el buzo Pronczuk lo resume así:

—Buscar y encontrar era lo más lindo. Los líos empezaban cuando al objeto lo tenías en las manos y lo sacabas del agua.

Cambio de reglas.

Buscar un tesoro era, por un lado, cumplir “el sueño del pibe”. Investigar entre actas de naufragios y mapas viejos; pasar semanas en aguas fangosas y oscuras donde los descubrimientos se palpaban primero y se identificaban después, al llevarlos a la superficie. Por el otro lado, requería una paciencia sobrehumana para tramitar permisos de búsqueda y de rescate, y habilidad para buscar inversionistas dispuestos a jugarse un par de millones de dólares en expediciones completamente riesgosas. Un buscador que prefiere el anonimato calcula que de 10 inversionistas, nueve no recuperaron los gastos. Bado declaró en el libro de Andrés López Reilly, El patrimonio sumergido, un tesoro oculto en la bahía de Montevideo, que su equipo perdió más de US$ 6 millones. Su socio dice que no ganaron ni un solo peso.

Pero, ¿qué rol tenía el Estado en este negocio? Para que el boom de las expediciones arqueológicas —o saqueos comerciales, como les dicen otros— llegara al Río de la Plata, fue fundamental la ley de barcos hundidos de 1975, que establecía que las embarcaciones y pecios que están bajo las aguas de jurisdicción nacional previo a 1973 pasaban a ser uruguayos. Luego, en 1986, el decreto reglamentario estableció las reglas para permitir la explotación evitando la fuga del país de piezas con valor histórico y cuidando su preservación. Antes de tocar el agua era necesario obtener un permiso de búsqueda de la Prefectura Naval. Algunos trámites podían demorar hasta 10 años en obtener una respuesta. Otras ni siquiera llegaban.

—Te agarrabas cada desilusión. El Estado era tu socio, pero también tu enemigo. Te ponía permanentemente palos en la rueda— recuerda el buzo Pronczuk.

Se exigía, entre otros documentos, un depósito de US$ 5.000 para cubrir daños y que el 50% de la tripulación fuera nacional y demostrara idoneidad. El trámite pasaba de Prefectura al Ministerio de Defensa, quien a su vez consultaba a la Comisión de Patrimonio, que tenía potestad de denegar una solicitud. El margen de tiempo para esta etapa era de seis meses, extensible a otros seis más. Si el pecio era hallado, se tramitaba el permiso de rescate. El permisario debía asegurar la preservación de los objetos y presentar un plan de operaciones supervisado por un arqueólogo autorizado por la comisión. La prefectura, en tanto, fiscalizaría cada acción del grupo. Para esta etapa, se otorgaban dos años. Entre Prefectura Naval y los privados se firmaba un contrato que fijaba que las piezas serían repartidas en partes iguales. Sin embargo, tras los primeros hallazgos, la comisión comenzó a emitir declaraciones de Monumento Histórico Nacional a las piezas sumergidas.

Esto generó enojos, deudas y juicios.

Según los expertos, tras 16 años de disputa Collado consiguió una indemnización de US$ 1.300.000 por el rescate de Nuestra Señora de Loreto. Pero luego, en 1992, cuando encontró miles de monedas, lingotes y piezas de oro en Nuestra Señora de la Luz (alias El Preciado), subastó su parte primero en Nueva York (en Sotheby’s) y luego en Montevideo (en Castells). Fuentes de su equipo dicen que ganó más de US$ 5 millones, que repartió con sus socios.

¿Y la parte del Estado? “No se remató. Las piezas se mantienen en el Banco República bajo la tutela de la Prefectura y a la espera de una decisión final de la comisión que administra esos valores”, dice López. Y concluye: “Tampoco se han comercializado otros de estos objetos”.

Estos tratos se terminaron en 2006.

Desde entonces, hay una expresión popular entre los buscadores de tesoros que dice que para el Estado sería mejor tener el 50% de algo, que el 100% de nada.

Alfredo Etchegaray, que además de relacionista público es escultor, compositor e investigador de naufragios, opta por un planteo más sensible:

—Uruguay necesita permitirle a su gente que viva de los sueños.

Su sueño era encontrar un tesoro.

Y lo hizo.

Tras 13 años de espera, se encuentra en “negociaciones amigables” con las autoridades para que le permitan concretar la venta del telémetro y el águila del Graf Spee que, según trascendió, habría recibido ofertas de interesados por entre US$ 8 y US$ 60 millones (ver recuadro).

Quién tocará los tesoros.

La Comisión del Patrimonio no tiene en su poder ninguna reliquia subacuática. William Rey era el vicepresidente de esta dependencia cuando se decidió ponerles fin a las expediciones y la presidió en los dos años posteriores. “El Estado no tenía una capacidad de control sobre lo que se rescataba. Lo que terminó sucediendo es que en lugar de mejorar la navegación, como pretendía la ley original, los privados se llevaban todo lo que brillaba. Deshuesaban los pecios que tenían un gran interés histórico, vendían las piezas valiosas y dejaban los restos bajo el agua. El algunos casos se llevaron a cabo operaciones de destrucción, cuando la proa de un barco puede tener más valor patrimonial que 1.000 monedas de oro repetidas entre sí”, plantea. Pero hubo un giro de 180°. Con el fin de preservar el patrimonio sumergido, Unesco ideó la convención que Uruguay promocionó, pero no firmó. “No sé la razón, calculo que habrá sido a causa de presiones porque la industria de la búsqueda de tesoros es millonaria y habrá habido un temor a que se viniera arriba una avalancha de juicios por los permisos que aún estaban vigentes”, dice. Para el investigador Torres, aquella época de explotación comercial con dificultades de control “generó frustraciones”. De los más de 50 permisos otorgados “no se generó ni un museo marítimo apropiado”, resalta. Hay piezas que no eran interpretadas al salir del agua y no se sabe dónde están. De los inversionistas, no se investigó de dónde venía el dinero. Y, según varios testimonios, se generó una extracción y venta ilegal de piezas que continúa hasta el día de hoy.

En estos momentos, Prefectura se encuentra investigando las pistas detrás de una decena de objetos extraídos de las costas ribereñas, lo que configura un delito.

En definitiva, el valor del patrimonio cultural no se puede traducir en valor económico. “Esa es una riqueza que le pertenece a la sociedad y hoy tenemos las condiciones de transformarlo en conocimiento, en educación, en una fuente de turismo; se podría hacer un trabajo que dé frutos eternos”, dice Torres. Pero para eso se requiere coordinación entre instituciones y “una legislación que termine con los actos arbitrarios”, plantea Rey. Dos días antes de que José Mujica finalizara su mandato otorgó un permiso que enfureció a la comunidad de exploradores y a la comunidad científica y patrimonial: autorizó de forma puntual a que Rubén Collado buscara el Lord Clive, en la Bahía de Colonia. Collado montó una central de operaciones que un año atrás fue desmantelada ya que se había convertido en el hogar de una jauría de perros callejeros agresivos. El buscador de tesoros se negó a participar de este artículo, pero las historias que rodean su última aventura dicen que no logró conseguir fondos que respaldaran su proyecto y terminó en la nada.

Este permiso de rescate venció en agosto de 2017. Tras un breve silencio, volvió el ruido con la reciente sentencia que posibilitaría la venta del águila.

Inda, el presidente de Patrimonio, no cree que el protagonismo mediático del símbolo nazi haya motivado la discusión que en las últimas semanas se viene llevando a cabo en Presidencia con la participación del ministro de Defensa Nacional, la ministra de Educación y Cultura y el rector de la Udelar.

“Se quiere definir los conceptos de patrimonio acuático, cuáles serán las responsabilidades de las instituciones involucradas y diseñar una política que permita generar conocimiento. Hay que saber qué tenemos debajo del agua, cómo seleccionar aquellas piezas que dejaremos a la sociedad, qué se deja y qué se saca de los pecios, y finalmente, cómo protegemos este patrimonio”, apunta.

¿Quiénes podrán tocar los tesoros? “Las universidades. Ya hemos recibido propuestas de instituciones extranjeras, pero no se concretaron porque también se debe firmar la Convención de la Unesco”, advierte. Y aconseja: “Ni siquiera uses en el artículo las palabras búsqueda y rescate. Eso ya quedó en el pasado. La de Collado en el Lord Clive fue la última acción de ese tipo”.

La búsqueda de tesoros en el mar, soñar con hallar oro y volverse millonarios, en nuestro país, solo será un juego de niños.  https://www.elpais.com.uy

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