Lo que argumenta el gobierno sobre lo que se generó en el puerto de Montevideo

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El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, dijo que no hay más terminales por la falta de volumen comercial. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber rechazó que el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie, genere un cuasi monopolio en el puerto (al privilegiar que los contenedores se operen en la única terminal especializada propiedad de Katoen) porque aseguró que no hay lugar para dos operadores. En el acuerdo se estableció la extensión por 50 años más (vencía en 2031) de la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), la única especializada de contenedores en el puerto de Montevideo, propiedad en 80% de Katoen Natie y 20% de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Además, en el marco de ese acuerdo, días atrás el presidente de la República, Luis Lacalle Pou y sus ministros firmaron un decreto en el que se da prioridad para operar buques con contenedores a TCP, mientras que Montecon (que opera en los muelles públicos multipropósito) podrá operar esos buques solo “en caso de que la terminal especializada se encuentre ocupada durante el período de 24 horas siguientes” a la resolución de la ANP. Al día de hoy el 60% de los embarques se realizan a través de Montecon y el 40% restante a través de TCP, con lo cual en los hechos este decreto implicaría que la competencia que hoy existe pase a ser mínima. El gerente general de Montecon, Juan Olascoaga criticó el jueves pasado en diálogo con El País el hecho de que el gobierno “otorgue privilegios (a TCP) por encima de la ley” y adelantó que si el diálogo no prospera, habrá una demanda contra el Estado.

Sobre esto, Heber explicó -al comparecer en la comisión de Transporte del Senado- que “había que restablecer la situación” entre el Estado y Katoen Natie “y la posibilidad de que no tuviéramos un juicio”, pero aclaró que el gobierno no modificó “absolutamente nada de la ley ni de su reglamentación; no lo hicimos nosotros y tampoco lo hizo la anterior administración del Frente Amplio durante los 15 años pasados”. Sobre el cuasi monopolio que genera el decreto, Heber respondió: “¿Cómo va a ser monopólico? En el puerto de Montevideo puede haber más de una terminal; no existe porque no hay volumen comercial como para hacerla”. En esa línea, el ministro agregó que como “no hay el volumen necesario para tener una segunda terminal” es “importante llegar a un acuerdo en el que seamos socios con los belgas. Queremos que inviertan ahí y que bajen las tarifas”.

En febrero del año 2020 Katoen Natie notificó al Estado su decisión de iniciar una demanda por US$ 1.500 millones por entender que se favorecía y toleraba la existencia de una terminal por fuera del régimen legal, gestionada por Montecon. Frente a esa situación, las autoridades del actual gobierno comenzaron una extensa negociación en la que finalmente acordaron que la empresa belga desistiría de iniciar la demanda. “Creemos hasta el día de hoy que estábamos muy mal parados para enfrentar un juicio y que el camino era acordar”, defendió Heber y afirmó que “hasta ahora ningún jurista me ha dicho lo contrario”. No obstante, los senadores de la oposición, Mario Bergara y Charles Carrera pidieron al ministro poder acceder a los informes jurídicos en los que se basó el gobierno para rechazar la idea de ir a juicio con la empresa belga.

“Nos gustaría saber qué elementos tuvo el Poder Ejecutivo, y en definitiva el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para afirmar la posibilidad certera de que íbamos a perder ese juicio”, señaló Carrera. Por su parte, Bergara afirmó que “no tenemos elementos, sobre todo de parte de jurídica, para evaluar la probabilidad de éxito o de fracaso de la eventual demanda que no fue presentada” como “tampoco para evaluar el monto que se maneja de US$ 1.500 millones. Parece una cifra absolutamente exagerada vista de afuera”, indicó el senador.

Además, Bergara manifestó que “como aprendizaje” a partir del conflicto en el puerto “tenemos que pensar muy bien los procesos con asociaciones público-privadas en los que el Estado sea un accionista minoritario, sobre todo, cuando el ámbito del Estado que integra esa minoría de paquetes accionarios es, a su vez, un órgano regulador de la actividad. Considero que en ese caso se generan conflictos de intereses evidentes”. El jueves pasado el gerente general de Montecon había señalado a El País que si el decreto firmado por el gobierno entra en vigencia, “significaría seguramente el cierre de Montecon” y también criticó que el gobierno haya “comprado” los argumentos jurídicos de Katoen Natie y evitara ir a juicio. Además, Olascoaga había enfatizado en la cantidad de dinero que Montecon invierte “mes a mes y todos los años para pagar un alquiler” para operar pero sobre este punto el senador del Partido Nacional Jorge Gandini señaló que a esa empresa “se le otorgó un permiso precario, renovable automáticamente o por resoluciones cada 90 días, sin ninguna contraprestación, a un precio muchísimo más barato”.  https://negocios.elpais.com.uy/

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