Para Katoen Natie, Uruguay viola tratado de protección de inversiones

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La empresa belga conminó al Poder Ejecutivo a entablar negociaciones. De no prosperar, entablaría una demanda por varias centenas de millones de dólares. Katoen Natie Group, la empresa belga que opera la terminal de contenedores del puerto capitalino, conminó al Poder Ejecutivo a entablar negociaciones inmediatas por lo que la compañía considera violaciones del tratado de protección de inversiones entre Bégica-Luxemburgo y Uruguay. De no prosperar la negociación la operadora portuaria entablaría una demanda por varias centenas de millones de dólares, confiaron a El País fuentes que conocen el asunto.  El centro de la disputa es que la Terminal Especializada de Contenedores (TCP), firma que opera la playa de contenedores que “a través de sus acciones y omisiones, Uruguay le ha causado un daño a ella y a los inversores al favorecer, fomentar y tolerar la existencia de una terminal por fuera del régimen legal aplicable, gestionada por otro operador en los muelles públicos del Puerto, esto es, Montecón S.A,”. El argumento de TCP para promover la acción es que la operativa de la playa de contenedores se le otorgó por un plazo de 30 años en régimen de exclusividad. La empresa sostiene que la ley que habilitó la concesión (17.243) “excluye cualquier otra concesión para la operación de una terminal especializada de contenedores” dentro del plazo de la concesión antes mencionado, que es de 30 años. La notificación dirigida al presidente Tabaré Vázquez sostiene que “por muchos años Uruguay ha concedido espacios públicos a Montecon, permitiéndole, de ese manera, ocupar y explotar activos públicos de forma permanente (…) sin ningún tipo de contrato o proceso competitivo previo”. Al final del documento entregado en la sede del Ejecutivo, la compañía plantea al deseo de “solucionar esta disputa en forma amigable y expeditiva”, para lo que solicita que el Estado designe sus representantes y que “cese toda las acciones que son contrarias a sus obligaciones bajo el tratado de protección de inversiones , el Derecho Internacional, el Derecho uruguayo, y los demás compromisos asumidos por el Estado uruguayo” y establece un plazo de seis meses para negociar. https://www.elpais.com.uy

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