DINARA habló sobre los fallecidos que llegan a Montevideo y la pesca Ilegal

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En el marco de la segunda conferencia sobre Océanos realizada en Uruguay el organismo intentó desestimar las denuncias que existen sobre descontrol en el puerto de Montevideo. El director de la DINARA pidió a los países de la región que adhieran al programa de Puerto Rector de la FAO. La organización Oceanosanos tuvo su segunda conferencia con expositores de Uruguay, Brasil y Argentina. La protección del océano de forma regional bajo el concepto de un solo mar y la promoción de Áreas Marinas Protegidas bajo diferentes conceptos fueron los temas principales. Un capítulo aparte mereció la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada, que estuvo a cargo de la DINARA y la Prefectura Naval de Uruguay. Los primeros ensayaron una pobre defensa sobre las acusaciones de bajo nivel de control, mientras que la fuerza de seguridad presentó cifras que justifican las acusaciones que recaen sobre el puerto de Montevideo. El director de la DINARA pidió a los países de la región que adhieran al convenio de Puerto Rector de la FAO para poder mejorar los controles en el Atlántico Sur y la Prefectura anunció que trabaja con doce países de la región en una norma para controlar de forma conjunta la flota que opera en el Atlántico Sur, con el fin de atacar la pesca no reglamentada y desalentar el abastecimiento de buques en altamar.

En la segunda Conferencia sobre Océanos en Uruguay se abordaron muchos temas interesantes, casi todos relacionados con la necesidad de ir hacia una nueva concepción de los mares de la región como uno solo y a partir de esta impronta desarrollar redes de protección de la biodiversidad. La conformación de Áreas Marinas Protegidas en jurisdicciones nacionales e internacionales se ha planteado el desafío de vedar el 30 por ciento de los océanos para 2030. Respecto de la representatividad de las áreas de protección se ha mencionado a la pesca como un foco de conflicto que debe ser tratado contemplando el impacto sobre la actividad. Pero en lo que respecta a aguas internacionales, se informó que el acuerdo sobre el que se trabaja dentro de la ONU apunta a cubrir áreas en las que no se realice pesca intensiva, para evitar la conflictividad. El convenio internacional que se espera celebrar el próximo año para la protección de los océanos, deja en claro que los perjuicios que genera la pesca ilegal o no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur a la industria pesquera argentina y sus recursos no hallará allí una solución. Nuestro país deberá avanzar en otro tipo de acuerdos si pretende frenar el avance de la flota extranjera. En este contexto el rol que ocupa Uruguay es determinante, dado que ya es por todos conocido que se ha consolidado como el gran abastecedor de la flota que opera en el Atlántico Sur, muchas veces permitiendo que barcos sospechados de pesca ilegal o de violaciones a los derechos humanos ingresen al puerto de Montevideo y hagan uso de sus múltiples servicios. Desde el gobierno uruguayo, conscientes de esta etiqueta que se han colgado en los últimos años, aprovecharon la conferencia para ensayar una defensa de sus acciones y reclamar a los países de la región mayor compromiso, dado que, pese a sus inocultables deficiencias, Uruguay es el único país que ha adherido al tratado del Estado Rector del Puerto de la FAO. El director de la DINARA, Jaime Coronel, dijo al respecto: “Somos el único país firmante del tratado del Estado Rector del Puerto, es un desafío para nosotros que el resto de los países de la región firmen ese acuerdo y se comprometan” y agregó que no deberían ser el único país, mucho menos si se tiene en cuenta que es el más chico y con menos costa oceanográfica. “Sería fundamental tener una ORP (Organización Regional de Pesca) que controle el Atlántico Sur occidental pero no depende solo de Uruguay, Uruguay tiene la voluntad, ahora depende de que todos los estados costeros se pongan a trabajar, es fundamental que se firme ese acuerdo para poder mejorar lo que estamos haciendo”, sostuvo Coronel. El ingreso de los buques se realiza por simple declaración jurada, en la que aseguran no haber realizado pesca INDNR y una declaración del capitán sobre la captura que trae en bodega por especie y tonelaje. Luego de analizar la información deciden si realizan una inspección. Según datos de la Administración de Puertos, en 2019 ingresaron al puerto de Montevideo 284 barcos pesqueros extranjeros y 21 reefers. Pero solo fueron sujetos de inspección 34 barcos pesqueros, entre los que se cuentan 3 buques chinos, 4 españoles y 3 coreanos, informaron desde la DINARA. Pero la pesca ilegal no es el único problema que presenta gran parte de la flota que opera en el Atlántico Sur, sino también violaciones a los derechos humanos. En ese sentido el Director de la DINARA valoró como una oportunidad los nuevos mecanismos de control aplicados a partir de los protocolos por Covid-19.

En este momento, dijo Coronel, “sabemos quiénes son cada uno de los tripulantes extranjeros que embarcan desde nuestro país, y esta oportunidad no la podemos dejar pasar, debemos saberlo siempre. Debemos mejorar la tecnología y los controles pero debemos decir qué se está controlando, se está viendo el bosque y el árbol”. Oceanosanos, organizadora del evento, fue la ONG que denunció la llegada de un muerto por mes al puerto de Montevideo proveniente de la actividad en el Atlántico Sur y desde la DINARA aprovecharon la conferencia para intentar refutarlos. “Desde 2017 al 2020 hemos recibido 26 fallecidos, lo que promedia 6,5 fallecidos al año, no está dando un fallecido por mes”, declaro una funcionaria del organismo estatal. El coordinador de Oceanosanos, Rodrigo García, que pronto pasará a ocupar el cargo de Secretario de Ambiente en Rocha, no realizó una defensa de su denuncia ni abrió el espacio a preguntas tal como lo propusieron desde el organismo oficial. En cambio, los felicitó por los avances que han tenido de dos años a esta parte y les obsequió un presente, vasos reciclados “para que los conozcan”,. La situación resultó extraña, pero una posterior presentación de la Prefectura Nacional uruguaya permitió inferir que no era necesario debatir porque los datos hablaban por sí solos. Desde la fuerza de seguridad develaron que entre 2013 y 2020 solo de la pesca y del transporte fluvial se desembarcaron 58 tripulantes fallecidos. En ese lapso, cada 1,2 meses llegó al puerto de Montevideo un tripulante en un cajón de madera. Entre ellos se cuentan 20 chinos, 16 ghaneses y 4 filipinos que viajaban en pesqueros. Eso dicen las cifras oficiales. Desde Prefectura, que trabaja en forma conjunta con la DINARA en materia de control y fiscalización, informaron que en 2020 solo se inspeccionaron 2 barcos chinos y uno español y para los casos presentados señalaron que “se comprobó que no había violación alguna” a los derechos humanos pero que sí la tripulación completa manifestó su deseo “de ser desembarcados y repatriados”. Situación que podría al menos considerase sospechosa. Con el objetivo de poder contar con una normativa que dé mayor libertad de acción a la hora de realizar inspecciones en buques sospechosos, anunciaron desde Prefectura que están trabajando en un tratado con doce países de la región que tiene como objeto desalentar la pesca no reglamentada y el abastecimiento de buques en altamar. Una vez acordado el texto de la norma se debe presentar a la Organización Marítima Internacional y esperar que los países adhieran para poder implementarse; se trata de una acción muy interesante pero que llevará tiempo. Es por ello que resulta impostergable que tanto nuestro país como nuestros vecinos comiencen a trabajar con las herramientas que ya están disponibles para frenar la pesca olímpica y descontrolada en el Atlántico Sur. Por otra parte, desde la organización Global Fishing Watch, en esta misma conferencia, han ofrecido sus servicios para que los países de la región cuenten con tecnología de punta en materia de monitoreo, lo que permitiría tener una cobertura de la plataforma marítima y áreas adyacentes muy superior a la actual, reduciendo costos y mejorando la efectividad. Herramientas existen, la decisión de usarlas es política. Como bien señala el Director de la DINARA, es inconcebible que solo Uruguay haya adherido al programa de Estado Rector del Puerto de FAO, no puede recaer en un solo país la responsabilidad de desalentar la pesca ilegal. Sobre todo, porque es evidente que el trabajo que están realizando es muy limitado y lleno de falencias. https://revistapuerto.com.ar/

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