COMENTARIOS SOBRE LOS MERCADOS MARÍTIMOS POST-CRISIS JUNIO 2009

 

El mercado de transporte de graneles

Con la crisis que estalló en 2008, el comercio mundial de graneles secos sufrió un

retroceso.

Aunque las expectativas negativas se mantienen para 2009, es preciso decir que —hacia

la mitad del año— aquellas se han suavizado un poco. Para el cierre del año en curso se

espera una declinación del 5,2% respecto al 2008 en el total del comercio mundial de

graneles secos. Dicha cifra representa la primera caída durante 10 años de continuo

crecimiento. Sin contar las importaciones chinas de hierro y carbón, la mayoría de los

países del mundo continúan reportando caídas en sus exportaciones e importaciones de

graneles secos, mientras que los bajos niveles de producción en la industria del acero han profundizado la caída del comercio de éste y del carbón, proyectándose una baja

interanual de 7,3% y 11,6% respectivamente, en el agregado a nivel mundial.

En términos generales, se proyectan caídas en las transacciones de commodities para

2009. Además de las dos mencionadas en el párrafo anterior, los commodities agrícolas

se reducirían en un 4% y la bauxita y aluminio en un 6%. Solamente los fosfatos

aumentarían ligeramente, un 1% (fuente: Clarkson: "Dry Bulk Trade Outlook" Mayo

2009).

Frente a tal comportamiento de la demanda de transporte marítimo de graneles, es preciso observar que ocurra con la oferta. Desde dicho punto de vista, a inicios de junio de 2009, la flota de bulk-carriers totalizaba 428,4m dwt2 con 6995 buques, ligeramente por encima del cierre de 2008 (423,3 m dwt). Tan marcada proximidad se entiende porque —a diferencia de otros segmentos del transporte marítimo— actualmente es mayor la cantidad de buques que se pasan a demolición que los que se agregan a la flota mundial (durante abril, 26 nuevos buques fueron entregados y 29 demolidos, y en lo que va de 2009, se registran 114 nuevos buques y 128 demoliciones). También se han producido cancelaciones de órdenes de construcción.

Sin embargo, en virtud de la magnitud de las órdenes actualmente en fase de construcción y entrega, para finales de 2009 la flota granelera podría llegar a los 466 millones de dwt. (ver cuadro A1 en el anexo). En consecuencia, en un mercado adonde la demanda expresa una contracción del 5,2%, tal expansión de la oferta —que superaría el 10%— está indicando la presencia de una sobreoferta3 que podría continuar afectando a los precios.

Tal como se aprecia en el cuadro A1, la flota de bulk-carriers indica una expansión del

25% entre el cierre esperado para 2009 y el final del año 2006. De dicha cifra, más del

40%, corresponde a la variación del 2009 respecto al 2008, lo cual indica claramente la

acumulación de entregas que está ocurriendo durante el año en curso. La flota operativa,

crecerá 10% durante el corriente año, alcanzando los 466,1 millones de dwt. Asimismo

aunque hay una notoria y casi total retracción de contratos por nuevas construcciones, a

partir de lo cual el libro de órdenes registra una caída del 16%, es preciso destacar que —de no mediar cancelaciones— a finales de año, la flota pendiente de construcción seguirá siendo alta en relación a la flota operativa, con un 55% de ésta.

 La flota de bulk-carriers no es homogénea en cuanto a los tipos de buque (según su

porte) que la componen. Los más pequeños (handysize) presentan una ligera reducción

del 1% de la flota operativa a finales de 2009 respecto a finales de 2008 mientras que la

disminución es del 2,9% comparada con el cierre de 2006. Sin embargo las restantes tres clasificaciones de buques graneleros (handymax, panamax y capesize) presentan

incrementos significativos en el total de dwt. La flota handymax crece un 18% entre 2009 y 2008, y un 37% en relación a 2006, mientras que para panamax los valores de

incremento son de un 4% y 17%, y la capesize un 17% y 37,7% respectivamente.

En el cuadro A1, también es posible apreciar un fuerte aumento de las entregas de nuevos buques para el año en curso y, al mismo tiempo un incremento de las demoliciones. Con respecto a las órdenes pendientes de construcción de nuevos buques en relación a la flota operativa prevista para finales de 2009, la handymax se ubica en un 40%, la panamax en un 46% y la capesize en un 78%.

 

 

 En sucesivas ediciones publicaremos el informe completo de tan destacado profesional.

Fuente: Ricardo J. Sánchez . en Fontem.com

Fecha: 30/08/10  

Pesqueros

El Puerto de Montevideo debe ofrecer y vender sus servicios en un escenario regional competitivo. Esto se aplica a todos sus servicios, desde los que presta a los buques portacontenedores hasta los que ofrece a los pesqueros de bandera nacional o extranjera. La pesca es una fuente de ingresos para el puerto y, también, para una importante comunidad portuaria que ofrece servicios al buque, la carga y la tripulación. Con mucha razón, el Presidente de la Administración Nacional de Puertos declaró que se estaba "intentando promover nuestras instalaciones portuarias para pesqueros internacionales. Queremos la pesca, queremos demostrar que vamos a tener instalaciones exclusivas para la pesca". No basta con invertir en mejores muelles o instalaciones para atraer a los buques de pesca de terceros países. Es imprescindible que estos encuentren, al ingresar al Puerto de Montevideo, condiciones operacionales adecuadas, costos razonables y un entorno previsible. Ahora en el Puerto se encuentran cinco pesqueros españoles embargados por algunos de sus tripulantes peruanos. Ello indica que, por lo menos en este tipo de situaciones, los armadores no encuentran la previsibilidad que razonablemente necesitan. La causa del problema es bien conocida. Debería ser posible encontrar un procedimiento justo que permita proteger el interés del tripulante que inicia un juicio contra el armador sin que sea necesario prohibir que zarpe el buque.

El Presidente de la ANP, explicó a El País que se han recibido "amenazas de armadores que dicen estar evaluando retirarse del puerto de Montevideo para operar directamente en Río Grande". Es lógico. Y, una vez que se fueron, difícilmente volverán.

 

Fuente: (Opinión editorial Diario “EL PAÍS”)

Fecha: 19/08/10

Acuífero Guaraní

Juan Oribe Stemmer*

"En la reciente Cumbre del MERCOSUR se logró firmar el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní". l Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní fue aprobado el 2 de agosto por la 39a. Reunión del Consejo del Mercado Común. Esta reunión tuvo lugar dentro del marco más amplio de una nueva Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados asociados, celebrada en la argentina ciudad de San Juan. El tratado fue suscrito por los cuatro países dentro de cuyo territorio se encuentra el Acuífero: Argentina, Brasil, Paraguay y el Uruguay.

El acuífero es un recurso natural renovable que recibe agua como resultado de la infiltración directa del agua de la lluvia y de la infiltración indirecta vertical, en las discontinuidades de la roca. Básicamente es una vasta esponja subterránea constituida por una capa de roca porosa y con fisuras cuyo espesor oscila entre 50 y 800 metros. El sistema acumula un enorme volumen de agua cuyo límite superior se encuentra a profundidades que oscilan entre los 20 y los 1.800 metros. El agua del acuífero puede llegar a tener temperaturas relativamente altas, como lo comprueban quienes visitan las termas ubicadas en los departamentos del litoral uruguayo.

El Acuífero Guaraní es un recurso transfronterizo (en estos casos es mejor no utilizar el término "internacional") compartido: abarca una superficie de 1.190.000 kilómetros cuadrados que se extiende en el territorio de los cuatro países del Mercosur. La mayor parte se encuentra en territorio del Brasil (71,4% del total). El resto se divide entre Argentina (18,9%), Paraguay (5,9%) y nuestro país (3,8%). En el Uruguay, el acuífero se encuentra en el subsuelo de los departamentos de Artigas, Paysandú, Salto, Rivera y Tacuarembó.

El Acuerdo incluye principios generales y normas acerca de la naturaleza jurídica del acuífero, su protección y desarrollo sustentable, la realización de estudios, actividades y obras de aprovechamiento y la resolución de controversias. Entre otras obligaciones, cada país debe informar a los demás de todas las actividades y obras que se proponga realizar en su territorio para el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos del sistema. También se pactó la creación de un Comisión integrada por los cuatro Estados que coordinará la cooperación entre ellos para el cumplimiento de los principios y objetivos del Acuerdo.

La obligación principal de los cuatro países es promover la conservación y la protección ambiental del Acuífero Guaraní con el fin de asegurar "el uso múltiple, racional, sustentable y equitativo de sus recursos hídricos". En este caso, uso sustentable implica conseguir que el volumen total de agua extraída no supere la capacidad natural de recarga del sistema. El delicado asunto del aprovechamiento equitativo supone conocer la dinámica del Acuífero, determinar el aporte que realiza cada país al total y establecer criterios y mecanismos que aseguren que cada uno de ellos extraiga una justa proporción del "rendimiento sustentable" del recurso. Cumplir con estas obligaciones no será una tarea fácil. Pero el Acuerdo es un paso importante en la dirección correcta y sólo cabe esperar que las partes actúen en forma responsable.

 

Fecha: 11/08/10

 

*(El autor es editorialista del diario El País de Montevideo. Fué Director del Instituto Nacional de Pesca (actual DINARA) y representó a Uruguay en Organismos binacionales  con la República Argentina)

CENNAVE:   diagnóstico de situación y prioridades

 

El Centro de Navegación celebró los 94 años de su fundación,con la participación de numerosas autoridades nacionales y de la Comunidad Portuaria toda. En su mensaje de salutación y estado de la actividad portuaria, el presidente del Centro, Mario Baubeta, marcó como prioridades para la actividad marítimo-portuaria objetivos tales como:

a) La extensión y profundización del canal de acceso al puerto de Montevideo hasta

el kilómetro 54.

b) Para el litoral, segundo frente económico del país, los dragados de Martín García y el río Uruguay, obras de infraestructura pendientes de aprobación.

c) Superar las injusticias que sufre nuestra bandera nacional en puertos, vías navegables y la hidrovía Paraguay-Paraná.

 d) Desterrar las trabas administrativas para evitar el tránsito por nuestros puertos.

En otra parte de la exposición se refirió a temas preocupantes como la frustrada subasta de una nueva terminal especializada de contenedores y un descenso de los movimientos de mercaderías en tránsito.

"Y fundamentalmente la demora -dijo- en la toma de decisiones para construir la nueva infraestructura que desalentó a los inversores y alentó acciones competitivas regionales.

Consideramos que ha sido una señal negativa dada al mundo, que afecta al puerto y a la actividad logística". En otra parte de su disertación, marcó como "muy positivo en estos 17 años el crecimiento de la actividad a partir de la buena señal que significó la Ley de Puertos, el descenso y estancamiento de la actividad ante frustradas licitaciones del muelle de escala y el despegue a partir de fines del 2001, cuando se concretó la concesión fomentando la competencia y la inversión.

Más adelante Baubeta destacó como otro punto de honda preocupación y una señal de alarma para el polo logístico de Montevideo la caída del tránsito y de los contenedores vacíos posicionados para las cargas en tránsito. "Las cargas en tránsito son un aliado de nuestro comercio exterior porque aseguran mayor disponibilidad de bodegas y fletes competitivos.

El crecimiento exponencial de la actividad en los últimos años se debió a las cargas en tránsito.

Este no es un dato menor, públicos y privados deben tomar seriamente este indicativo, analizar las causas, y trabajar en conjunto para consensuar decisiones que mejoren las condiciones de Montevideo como puerto hub". Debemos evitar que Uruguay se debilite en el competitivo escenario regional debido al impulso que los países vecinos le han dado a sus puertos y terminales, y la acción argentina para evitar que sus cargas transiten por nuestro puerto."

 

Fuente: UVM –Prensa Digital

Fecha: 04/08/10

Un acuerdo de historieta

Por YEF*

 

Como bien ha sido definido, el culebrón del corte del Puente San Martín llega a un supuesto fin, mediante un acuerdo de historieta, con sabor a cachondeo, a objetivo más para la conformidad forzada, que para tener aspectos serios y responsables.

Si se tiene en cuenta lo establecido en el Estatuto del Río Uruguay de 1975, Cap. IX, X, y XI, lo que se acuerda ahora, ya estaba acordado.

Si se lee lo que se establece en el Art. 52, y en el 56, más que más, todo estaba previsto.

Es decir, todo lo que ahora se dice se va a poner en ejecución, si lo hubieran leído a tiempo hubieran evitado tanto costo social y económico que la situación del corte de puentes produjo.

Si se  tiene en cuenta el Art. 61, el Acuerdo sobre la Construcción del Puente, es competencia con vigor de vigencia, de CARU, por lo que por el art. 12° de ese Acuerdo, la Argentina ha violado el mismo al dejar de cumplir con lo allí previsto.

Todo esto ya es mucho exigir. La solución de una controversia provocada por exaltados que influyeron en la opinión pública local, con el viejo sistema de la mentira muchas veces dichas, y con oratorias alarmantes, provocó una salida tan reñida con el rigor y seriedad que exigen las relaciones internacionales.

Vender la idea de monitoreos locales, esporádicos y sectoriales, como acciones serias y responsables, es posible sólo para aquellos que quieren sentir algo así, que les saque de encima el bodrio en que se metieron y que está en etapa de cansancio terminal, y aquellos otros que por distintas formas públicas, les conviene poner un manto de niebla y silencio.

Así la conformidad llegó a unos y otros, oficialistas y oposición, encontrando todos elementos positivos, sin decir que se trata de cosas absolutamente superficiales, pero que quizás a algunos los conforme, pues del tema mucho más no podrían opinar.

La calidad de aguas, y el régimen de un río, más de un caudal como el Uruguay, requiere años de observación en diferentes circunstancias de crecidas, de bajantes, de épocas del año, de aforos de sus tributarios, de valores de introducción a las aguas por escurrimiento, etc. etc. etc. Dos miraditas cada tanto, son parodias conformistas, sin valor real alguno, o por lo menos muy mínimo.

Si lo hecho vale para seguir con el estudio de la navegación con posibilidades de abaratar costos de comercio, si es posible coordinar transportes, reservándolos como lo hacía en tratado de 1974, si se acordara mejorar las vías de navegación, con obras meditadas, y apropiadas, eligiendo más el buque adaptado al río que el río a buques que le vienen bien a algunos, pero que pagaremos todos, si ello sirve para que en el Plata también se acomoden a la letra del Tratado los derechos alterados del presente, me sumo al cachondeo, y aplausos para los que saben negociar para conseguir buenos resultados, en base a la equidad, el respeto y la atención del otro, manteniendo el decoro propio.

Así se negociaron el Tratado del Plata y el Estatuto del Uruguay, que no llevaban 7 años de desacuerdos, sino 140 años y algo más, cuando evitando voces airadas, agresivas, e innecesarias, se llegó a soluciones, que otros sólo lo lograron por las guerras.

 

* YEF.- El autor, es integrante de la Asociación Cultural y Educativa Uruguay Marítimo (ACEUM), distinguido socio fundador y asesor de esta Directiva. Agradecemos su nueva  e importante colaboración.

 

Fecha: 29/07/10

Dragar y ser competitivos: la profundización del Canal Martín García, urgente e importante

 

por Alfonso Vivo Chaneton*

El profesional uruguayo hace un encendido reclamo para que se realice el adecuado dragado y mantenimiento del Canal que da acceso pleno al Río Uruguay, fundamental vía para la logística nacional e internacional para ese país, y objeta que hay trasfondos de la política binacional con la Argentina que están afectando las posibilidades logísticas que se limitan al no hacer lo que hay que hacer. En 1996 se firmó el acuerdo del Dragado del Canal Martín García entre los entonces cancilleres de Argentina, Guido Di Tella y de Uruguay, Sergio Abreu, en donde los dos países se comprometían a dragar y mantener competitivos los dos canales Mitre y Martin García. Este acuerdo implicó que para mantener competitivos los canales, los gobiernos se comprometieron a mantener en igualdad de condiciones, de dragado y balizamiento los mismos. Sin embargo, desde el conflicto por las Papeleras instaladas aguas arriba del Río Uruguay (empresa UPM, antes llamada Botnia), no se ha logrado llegar a un acuerdo con el mantenimiento del Canal, y a Uruguay le faltó decisión para asumir la responsabilidad y el gasto , tal vez que con el propósito de no agregar motivos a las discrepancias con la Republica Argentina. Los que entendemos que la logística es darle a las mercaderías las mejores alternativas para que sus productos lleguen a destino en el menor tiempo y a menor costo posible, vemos que existe un acuerdo y un compromiso de ambos gobiernos de mantener la competitividad de los canales, pero eso no se cumple.

La profundización del Canal Martín García no sólo es fundamental para la República Oriental del Uruguay si no que también debe realizarse urgentemente.

Efectivamente, los estudios realizados por consultores privados demuestran que el costo de las exportaciones uruguayas pagan actualmente como falso flete por no contar con el canal a 36 pies ronda los U$S 21 millones anuales. El último proceso licitatorio relativo al Canal Martín García tuvo lugar cuando se adjudicó la obra al actual concesionario y duró casi cuatro años; todos los procesos licitatorios en organismos multinacionales demandan enormes cantidades de tiempo dado que los oferentes impugnan, intervienen cortes arbitrales cuyas decisiones tardan años, etc. Un proceso de cuatro años de duración significa U$S 84 millones (4 años x 21millones) de costos que la economía uruguaya puede evitar recurriendo a una negociación inmediata con la compañía que tiene a su cargo el mantenimiento del canal, que puede empezar las obras de manera inmediata. Estos costos están calculados en base a las actuales exportaciones del Uruguay; todo hace prever que estas crecerán, de modo que las cifras se tornaran aun mas contundentes. Debe notarse que U$S 84 millones es más que la inversión requerida para la profundización del canal. Como argumento adicional debe agregarse que, según ha trascendido, el actual concesionario ha ofrecido financiar parcialmente la profundización del canal, lo cual facilitaría notablemente la toma de decisiones con respecto a esta inversión. No se entiende tampoco claramente cuáles son los fundamentos para la oposición argentina a la renegociación del contrato; el gobierno argentino ha renegociado dos veces el contrato de concesión que lo vincula con Hidrovía S.A. (formado por la firma belga Jan de Nul y Emepa de Argentina) firma que explota por concesión la vía navegable troncal argentina que va desde Rosario al Océano Atlántico.

En efecto, en 1999 esta compañía renegoció sin licitación con el gobierno argentino en forma directa una prórroga de su contrato contra el cual la firma profundizó el canal de 32 pies a 34 pies ; y en enero del corriente año la actual administración argentina prolongó nuevamente la concesión de Hidrovía S.A. a través de una renegociación, elevando las tarifas de peaje. A cambio de esto, Hidrovía S.A. se comprometió a profundizar los canales argentinos a 36 pies .

 Ambas transacciones involucraron cientos de millones de dólares; aparentemente los motivos de principios alegados por la parte argentina al argumentar que una obra de esta envergadura necesita una licitación tiene poca aplicación de puertas para adentro.

La R.O. del Uruguay está en todo su derecho de exigir la inmediata profundización del Martín García; solo esto garantiza el cumplimiento del tratado del Río de la Plata, que estipula que los canales del lado argentino y uruguayo tendrán la misma profundidad.

Defender la soberanía es también demostrar a sus ciudadanos que se están haciendo los esfuerzos necesarios para posicionar competitivamente a nuestro País y defender el comercio es para nosotros los uruguayos de vida o muerte.-

Como última consideración, una de carácter político; la actual administración argentina, finaliza su mandato en 2011 y no existe ninguna posibilidad de terminar el proceso licitatorio antes de que la actual administración argentina deba entregar el poder a su sucesora.

Subsiste entonces la duda en cuanto a la voluntad de un gobierno de signo político aun desconocido de mantener los compromisos confiados por la administración anterior.

Nunca será peor para nuestros intereses, es de esperar, pero nuestro destino depende de nosotros y no del gobierno de turno de la Republica Argentina.

                           

(Realizado por  Alfonso Vivo Chaneton  para webpicking.com , julio 2010)

Alfonso Vivo Chaneton*  Antecedentes curriculares: Universidad de la Republica: Medicina Veterinaria, Claeh : estudios ciencias Políticas :IsedeAcde; Desarrollo gestión Agroindustrial ;Grupo Crea ; Logística Agropecuaria ;Centro de Navegación; Técnico en Transporte y comercio Exterior;Universidad politécnica de Valencia; Transporte Multimodal ,Gea Consultores; Actualización de gestión Ambiental Basc ; Auditor Internacional en seguridad ,Frc Das, Auditor Internacional de Calidad,  Nurymar S.A.; Desarrollo de pesca altura y costa,Consultor OIT .Políticas de salarios y empleo, Aippyc; Representante en Uruguay, Ecoconsult; Consultor plan Maestro puertos Nueva Palmira y Fray Bentos; Consorcio Prointec- Aippyc consultor – Estudio Puerto Seco Rivera

 

Fecha: 28/07/10

Inaceptable

 

Por Juan Oribe Stemmer*

El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Héctor Timerman, declaró que, los “países tenemos que aceptar el fallo de La Haya que dice que el control medioambiental se debe realizar dentro de la papelera”. Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de aquel país, luego de una reunión con el ministro Timerman, manifestaron que el objetivo de la propuesta argentina es “dar cumplimiento al fallo de La Haya en toda su extensión”, y avanzar en el “control exhaustivo del río y de la planta UPM”. El canciller uruguayo, Luis Almagro, dijo que quedaban por “ajustar algunos detalles en aspecto técnicos y jurídicos vinculados al fallo de la Corte”. El punto central, entonces, continúa siendo la pretensión argentina de que técnicos de ese país realicen controles ambientales dentro de la planta de UPM. Como fundamento se esgrime una interpretación muy imaginativa del parágrafo 281 del fallo de la Corte Internacional de Justicia. La lectura del claro texto demuestra que esa interpretación no tiene fundamento y que la pretensión no tiene base legal.

El Uruguay debe tutelar las reglas fundamentales de igualdad soberana de los Estados y de soberanía territorial exclusiva dentro de sus fronteras. El principio es que no debemos aceptar que otros Estados realicen actos de soberanía dentro de nuestro territorio.

Eso no significa olvidarse del medio ambiente.

Pero, tal como hoy está organizado el mundo, la tarea de velar por el entorno se realiza en forma descentralizada, por cada uno de los países, dentro del marco del Derecho Internacional aplicable. Aquí el principio fundamental es que cada Estado tiene la obligación de asegurar que en su territorio no se realicen actividades que tengan un impacto dañoso en el territorio de sus vecinos. Esta norma no deroga el principio de soberanía territorial: las autoridades ambientales de cada Estado son las responsables de vigilar lo que sucede en su territorio. La Corte Internacional estableció que nuestro país cumplió debidamente con sus obligaciones en esta materia. Los países pueden acordar marcos de cooperación. Pero estos serán excepciones –más o menos amplias- al régimen general y, como tales, de interpretación restrictiva.

El Estatuto del Río Uruguay es uno de esos acuerdos. Sin embargo, a pesar de todos sus méritos, su alcance es limitado, incluyendo en cuanto al área geográfica de aplicación (el río) y sólo el río), las amenazas ambientales consideradas, las obligaciones asumidas por las Partes (que, ciertamente, no incluyen el derecho de una de las Partes de realizar controles ambientales en el territorio de la otra), y las competencias de CARU (que no pueden ser estiradas al extremo de desnaturalizar el Estatuto). Si se desea ampliar el alcance de ese tratado (y no parece ser necesario hacerlo) se requiere otro acuerdo bilateral. Y éste debería reunir los requisitos fundamentales de reciprocidad de las obligaciones, simetría entre ellas y confiabilidad para las partes.

Entretanto, la reiterada pretensión de nuestro vecino no parece aceptable.

“La pretensión argentina a monitorear nuestro territorio impide cumplir el fallo de La Haya”.

 

 *(El autor es editorialista del diario El País de Montevideo. Fué Director del Instituto Nacional de Pesca (actual DINARA) y representó a Uruguay en Organismos binacionales  con la República Argentina)

Fuente: Uruguay Visión Marítima / Diario “El País”

Fecha: 27/07/10

Otra piedra en el camino

(Opinión editorial de El País – Montevideo)

No debe ser nada agradable para el capitán de un barco mercante o la empresa naviera a que pertenece, que un buque de la Armada de un país se le aparee y a esa corta distancia empiecen a requerirle identificación, detalles de carga, destino y muchas cosas más. Eso es lo que ha ocurrido en aguas de uso común de Argentina y Uruguay, y parece un nuevo ingrediente a la situación de conflicto iniciada en el 2006. Vayamos por partes: Muy poco se sabe del contenido de la propuesta argentina para solucionar el tema del monitoreo del río Uruguay. Mucho menos de la respuesta de nuestro país. El Partido Nacional, a instancias del senador Abreu, pidió al Presidente Mujica tomar conocimiento del planteo de la Casa Rosada para colaborar en el camino de las soluciones y asumir una posición que contara con el mayor respaldo posible. Lo poco que se sabía (y se sabe) parece de Perogrullo: será la ciencia -dijo el canciller argentino- la que jugará un rol fundamental, como si antes el monitoreo del río, los estudios de contaminación, los controles ambientales estuvieran a cargo de políticos, o periodistas o jugadores de fútbol, con todo el respeto a todos.

El canciller Almagro recibió al presidente del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle. Es saludable la actitud del gobierno de conversar sobre estos temas y también la del Dr. Lacalle que, seguramente por respeto a un compromiso asumido, guardó silencio sobre los contenidos. Apenas un "charlamos, sugerimos, fue una tarea colectiva de buscar la mejora de la posición del país". No sabemos cuáles fueron las sugerencias planteadas por Lacalle y si las mismas fueron aceptadas.(….) Y también corresponde destacar que se ha levantado el piquete frente a Fray Bentos, que el tránsito en el puente es absolutamente normal y el panorama aparece muy alentador aunque no esté resuelto. Por eso preocupa que cuando puede vislumbrarse la luz al final del túnel, se dispare otro tema que, en circunstancias de relaciones normales entre ambos países sería menor, pero que en las actuales puede convertirse en nuevo elemento de irritación: los buques nacionales que parten desde el puerto de Montevideo rumbo al Sur -particularmente hacia Puerto Stanley en las islas Malvinas- o viceversa, son interceptado por la armada argentina y sometidos, sin cortar la navegación y sin abordar, a interrogatorios o controles pese a desplazarse en aguas de uso común. El caso del pequeño portacontenedores "Anja", interceptado en las cercanías del Banco Inglés fue el que tuvo repercusión a nivel parlamentario, aunque habría otros más. El origen es el decreto 256 del gobierno argentino que decidió acentuar el control de los buques por el inicio británico de la exploración petrolífera en aguas cercanas a las Malvinas, donde parece que el yacimiento es extremadamente grande (se habla de 60.000 millones de barriles y el contexto, para calibrar esa cifra, dice que las reservas del Reino Unido son de 3.600 millones, mientras que las de Argentina alcanzan a 2.600 millones).

Hay un comentario que se atribuye al ex canciller Guido di Tella -un caballero y un gran amigo de Uruguay- que pinta la visión argentina sobre el Estatuto del Río de la Plata, más allá del Tratado de Límites que promovió -sin un atisbo del paternalismo que campea en el neoperonismo kirchnerista y sí en la comprensión de lo que es la soberanía de los pueblos- el entonces Presidente, Juan Domingo Perón. "Uruguay -según Di Tella- tiene una copia de la llave del Río de la Plata. El original lo tiene Argentina". Y eso lo dijo un caballero y un gran amigo. Por eso estas "inspecciones" preocupan, además de ser potencialmente perjudiciales para la economía del país.

Para que la copia de la llave tenga tanta fuerza como su original, Uruguay debe tener presencia en la zona, a través de su Armada y la Aviación Naval. Ojo que aquí no hay patrioterismo: el concepto de soberanía, como lo entendemos nosotros, no es luchar contra alguien, sino volcar todos los esfuerzos para preservar los recursos que son nuestros. Y eso es lo que debemos defender.

 

 

Fuente: Uruguay Visión Marítima / Diario “El País”

Fecha: 22/07/10

Comisiones Administradoras de los Ríos Uruguay y de la Plata

Alcances  y competencias de las comisiones administradoras de ambos ríos y del

frente marítimo.  La controversia planteada por Argentina respecto a la localización de una planta industrial de productos derivados de la forestación, llevada a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ha producido la promoción en la opinión pública de la Comisión Administradora del Río Uruguay, mencionada permanentemente por medios escritos orales, visuales y en la propia voz de participantes públicos de alguna manera, en relación con el fallo de la Corte, y enfoques particulares sobre el tema. El origen de la inclusión en los Tratados del Uruguay y del Plata y Su Frente Marítimo, de las Comisiones Administradoras, tuvo un origen prácticamente común, con las características propias de cada una, en relación al ámbito de aplicación que les corresponde. Corría el año de 1968, cuando nueva y repetidamente, se ocurre un hecho que altera las relaciones de Uruguay y Argentina, en una de sus fronteras fluviales.Grupos de Trabajo designados oportunamente, se encuentran en reunión a fin de buscar salidas a estos asuntos, que eran por un llamado a prospección de hidrocarburos en el subsuelo del Plata y su frente marítimo, realizado por Argentina, en cuyos planos adjuntos, algunas de las áreas a investigar, sobre pasaban la Línea Media del cauce del río, lo que alteraba la tradicional posición de Uruguay en el tema.

Este Grupo de Trabajo, con presencia de delegados de origen político, no sólo no llegó a resolver el encuentro, sino que agregó enfoques de rispidez que lo agravaron a tal punto, que las conversaciones fueron dejadas de lado, incluyendo movimiento de piquetes armados en islas disputadas. En paralelo en el tiempo se había comenzado a desarrollar las tareas de Demarcación en el terreno, de lo establecido en el Tratado del Río Uruguay de 7 de abril de 1961, que no habían sido realizadas hasta entonces, y que además en Uruguay, la Comisión designada, hacía ya más de 7 años que se había auto disuelto.

La cordialidad y efectividad  con que se desarrollaban estas tareas, llevó a considerar la oportunidad de continuar dando cumplimiento a previsiones del mismo Tratado, como la conformación de un estatuto, como se establecía en el Art. 7 del mismo.

Así, prontamente se formalizó la redacción del mismo, considerándose entre otros cometidos, el establecer una oficina de contacto permanente, que atendiera, sin necesidad de que lo hicieran las Cancillerías, convocadas por alguna situación, considerada natural que sucediera en el uso del río, lo que constituiría un primer paso para la búsqueda de soluciones, aunque siempre, ante la imposibilidad, se remitiría conjuntamente a ambas Cancillerías, es decir a ambos Gobiernos. Esta solución tomaba antecedentes y referencias de Comisiones Administradoras de grandes cursos fluviales europeos, tales como Rin, Danubio y otros, así como de otras cursos fluviales y lacustres de Norte América y Asia. Los sucesos ocurridos en el Plata, hicieron necesario dar preferencia a la búsqueda de soluciones allí, y por tanto el incipiente Estatuto del Río Uruguay, apenas iniciado en planteamientos y redacción quedó de postergado para atender aquello. Cuando comenzaron reuniones para intentar un documento que fuera base de tratado en el Plata, siendo los mismos integrantes del grupo negociador, lo ya analizado en el Río Uruguay, pasaba a ser tenido en cuenta para el nuevo trabajo.

La particularidad novedosa a nivel mundial, de establecer un límite de soberanías y jurisdicciones en medio acuático, dejando de lado las tradicionales “líneas firmes” que separaban una soberanía de otra, utilizando en remplazo diferentes criterios según el uso de las aguas para establecer los derechos de cada Parte, hacían más que necesario la creación de esas Comisiones Administradoras. En todos los casos de referencia, las Comisiones tienen cometidos específicos, y el común denominador que si el problema sobre pasa la posibilidad de solución en el seno de las mismas, este se eleva a ambas Cancillerías (Poder Ejecutivo) para que en segunda instancia se busque la solución y si no es así la recurrencia a la Corte Internacional, como árbitro en la controversia.

Como debe interpretarse esto. Que las Comisiones son el encuentro permanente de ambos Estados en sus cursos acuáticos fronterizos, con la finalidad de estar atentos permanentemente a acontecimientos cotidianos que necesitan coordinación para custodia de intereses y bienes comunes, pero que carecen de atribuciones supranacionales para tomar por si resoluciones que corresponden a la competencia de los Gobiernos.

Por ello las Comisiones deben informar permanentemente a sus Gobiernos de sus tareas, y recibir las instrucciones correspondientes caso a caso, que su entidad lo requiera.

Cuando la situación requiera conocer la opinión de la otra Parte, la Delegación que presenta, ha recibido instrucciones de su Gobierno PATRA hacerlo, no que sea iniciativa propia y privada de una Delegación. Llama la atención el desconcepto de voceros de piqueteros del Puente San Martín cuando dicen de presentar denuncia a la CARU, cuando este organismo no es un Ente real, sino la representación en el tema específico, de los propios Gobiernos.

Confunden quizás las referencias que a la CARU hace el fallo de la Corte, que aparece como requiriendo a la CARU asumir determinadas responsabilidades, sin aclarar suficientemente, que la CARU es sólo el medio directo de contacto entre ambas Naciones, para atender sucesos, casos, proyectos etc. en el Río Uruguay, pero que no es un Gobierno o una institución más allá de los propios Estados. Por tener que atender diferentes casos y actividades referidas al uso del río, es que en Uruguay, las primeras Delegaciones se constituían con delegados a su vez de diferentes Ministerios vinculados con desarrollo de actividades en el Río Uruguay, o en su caso en el Plata, o en el Frente Marítimo, porque se supone que los “sucesos” van a tener origen o relación con las competencias de esos ministerios.

La designación de políticos sin puesto que se varió en la designación de delegados, no ha dejado de tener gran parte de responsabilidad del funcionamiento defectuoso en las Comisiones.En resumen, las Comisiones tienen como primer cometido el contacto permanente de ambos Estados, en sus ámbitos de competencia.

*No producen disposiciones de trascendencia, sino no es con directivas directas de sus Autoridades competentes.

*No tiene responsabilidades del Estado, simplemente las tramitan o administran.

*No son responsables de disposiciones que fueren tomadas por directivas de sus Gobiernos.

*No existe CARU Uruguay, ni CARU Argentina. La CARU es la Comisión binacional uruguaya - argentina, (argentina -  uruguaya); nacionales son las Delegaciones, pero las decisiones de la Comisión sólo pueden ser tomadas con el voto afirmativo de ambas. Será necesario que muchas opiniones antes de ser públicas, conozcan los reales alcances y competencia de estos organismos y tener referencia de lo que corresponde o no.

 

Fuente: YEF

Fecha: 21/07/10

Para que el “cielo azul que viaja” nos vuelva a unir

 

(Opinión Editorial de El Telégrafo de Paysandú.)

El gobierno uruguayo planteó a su par argentino la necesidad de establecer un sistema de control y monitoreo ambiental absolutamente técnico en todas las instalaciones de tipo industrial que se encuentran sobre ambas márgenes del río Uruguay en el tramo que es compartido por estos países. “Ni periodistas ni ambientalistas, ni otra cosa que científicos designados por los gobiernos y en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)”, indicó una alta fuente del gobierno a “Búsqueda”.
La publicación consigna también que el informante estableció que “tampoco queremos crear una discriminación que solo afecte a la planta de UPM”.
Se ha indicado en forma clara también que las autoridades uruguayas no aceptarán la demanda “piquetera” de que integre el grupo de monitoreo de la pastera de Fray Bentos un técnico representante de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. El planteo del gobierno uruguayo, que aparece en primera instancia como una fórmula adecuada y oportuna, ajustada a la realidad y al derecho, podría ser la solución para el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ordena un monitoreo conjunto de Uruguay y Argentina para vigilar permanentemente la situación ambiental del río que compartimos.
Es muy claro que no corresponde que periodistas integren el grupo técnico encargado del monitoreo pero debería establecerse con precisión en el acuerdo la obligación de informar en forma permanente, objetiva y por consenso de sus actividades, hallazgos y resultados.
Por otro lado, no es de recibo la exigencia de los integrantes de la “Asamblea Ambiental” de integrar el organismo de control por carecer de representatividad y por la obvia subjetividad que han demostrando, así como la persistencia en métodos de violencia claramente demostrados con sus años de corte de una frontera de países vecinos y con buenas relaciones.
Resulta muy oportuno y acaso de estricta justicia que el monitoreo se extienda a todas las instalaciones industriales de ambas márgenes pues así se controlará no solo la planta denunciada y atacada por los ambientalistas de Gualeguaychú sino también tantas otras que vierten permanentemente elementos resultantes de su actividad sin un control adecuado según parece. No olvidemos que medios periodísticos y técnicos ambientalistas han denunciado la existencia de plantas “verdaderamente contaminantes” en territorio argentino, a muy escasa distancia del cauce del “Paterno”. Mientras el gobierno del vecino país considera esta propuesta, parecen ser de vital importancia para las negociaciones futuras las consecuencias de las graves denuncias que formulara contra los “asambleístas” de Gualeguaychú que al momento tienen un destino incierto, ya que si bien la Justicia argentina en primera instancia desechó las acusaciones, la fiscal actuante apeló el fallo y la actuación judicial continúa ahora por los correspondientes carriles. En un terreno donde las decisiones políticas resultan de fundamental importancia para el desarrollo de dos naciones, especialmente para sus poblaciones costeras, el planteo uruguayo es sin dudas una base sólida y coherente para establecer un acuerdo que no solo cumpla el fallo de La Haya sino que verdaderamente contribuya a preservar racionalmente nuestro río Uruguay. Y, solucionado este diferendo, podrían encararse decididamente acciones que beneficien enormemente a ambos países como la integración energética, una urgente necesidad argentina o el dragado de los ríos que se comparten, que resulta prioritario para Uruguay. En suma, la propuesta uruguaya, con los ajustes que sea necesario realizar, aparece como un instrumento que puede llegar a lograr un nuevo entendimiento para que los países que están unidos desde el fondo de la historia puedan verdaderamente volver a llamarse hermanos. Será un justo homenaje a todos aquellos que lucharon por el nacimiento de la libertad de nuestras patrias y una sincera ofrenda al río que nos une.

 

Fuente:  “El Telégrafo  de Paysandú “ y Uruguay Visión Marítima

Fecha: 19/07/10

Adiós atunes

Por Juan Oribe Stemmer *

"El caso de la sobrepesca del atún demuestra como la ambición humana puede ser su perdición”. Lo que sucede con la pesca del atún es una demostración práctica de la "tragedia de los bienes comunes": el egoísmo del ser humano lo lleva a cuidar celosamente lo que le pertenece y a descuidar los bienes que son parte del patrimonio general. Que son de todos. El caso de las especies de atún que recorren los océanos es un buen ejemplo.

Los atunes, los grandes navegantes de los mares, son especies altamente migratorias. Por ejemplo, el atún de aleta azul del océano Atlántico austral vive unos veinte años y recién comienza a reproducirse a los siete-nueve años. Un ejemplar adulto puede medir casi dos metros y pesar unos 200 kilogramos. Son grandes nadadores: alcanzan velocidades de hasta 70 kilómetros durante sus prolongadas migraciones de miles de kilómetros.

Estos magníficos animales, para su desgracia, tienen una gran demanda. En el Japón, por ejemplo, el atún es considerado como una delicadeza y los ejemplares que satisfacen las altas exigencias de calidad de ese sofisticado mercado, alcanzan precios astronómicos. El resultado ha sido que las capturas de este grupo de especies han aumentado de 0,6 millones de toneladas anuales en el año 1950 a 9,5 millones de toneladas en la actualidad.

Ese aumento se debe a la combinación de dos tendencias. La primera es cuantitativa: la expansión de las flotas pesqueras de las naciones marítimas tradicionales y las de los países en vías de desarrollo. La segunda es cualitativa: el desarrollo tecnológico en la construcción y equipamiento de los barcos de pesca. La presión de la pesca sobre las especies de atún de mayor importancia comercial no cesa de crecer. El aumento de la eficiencia de los pesqueros, hasta cierto punto, oculta el hecho de que la cantidad de ejemplares de atún disminuye constantemente. La caída de la biomasa de algunas especies es alarmante. FAO estima que existen especies de atún tan sobreexplotadas que sus pesquerías se deteriorarán en el futuro cercano si no se reduce inmediatamente el número de buques pesqueros (este sería el caso, por ejemplo, del atún aleta azul boreal). Una capacidad de pesca en aumento persigue implacablemente una biomasa decreciente. En teoría esto no debería suceder. De los atunes se ocupan tres convenciones multilaterales y una regional, además de la legislación de los países costeros incluidos por su ciclo migratorio y la de los países de la bandera de los buques de pesca. Los tratados son: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre especies transzonales y altamente migratorias y la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (Cites). Los tratados regionales son los acuerdos para la conservación de los atunes en determinadas regiones (como es el caso de Iccat).

Sin embargo toda esa diplomacia, todo ese papel y tinta no consiguen establecer, ni aplicar eficazmente, reglas que aseguren el desarrollo sostenible de las pesquerías de atún más amenazadas.

Una vez más, es la irracionalidad de la razón.

"El caso de la sobrepesca del atún demuestra como la ambición humana puede ser su perdición.

 

 *El autor es editorialista del diario El País de Montevideo. Fué Director del Instituto      Nacional de Pesca (actual DINARA) y representó a Uruguay en Organismos binacionales con la República Argentina.

 

Fecha: 08/07/10

 

Por delegaciones técnicas y no políticas

 

El Tratado del Río de la Plata y el Estatuto del Río Uruguay, fueron firmados por Uruguay y Argentina, luego de superar una crisis política sobre ambos cursos fluviales que son parte de sus fronteras. Ambos documentos son Tratados de Límites territoriales, en este caso de áreas acuáticas, tal como los reconoce el Derecho de los Tratados de Viena.

En ambos documentos, a su vez, se crean Comisiones Administradoras, en el caso del Plata, la de ese río más la Técnica Mixta del Frente Marítimo, con similares finalidades, de acuerdo al ámbito de aplicación de las mismas. El Estatuto del Río Uruguay, crea la Administradora de ese río, basadas en su formulación en la finalidad administrativa de los grandes ríos internacionales fundamentalmente de Europa, como la Comisión del Rin y del Danubio.

El principio particular de las nuestras, era un grupo que tomaba su responsabilidad, diferentes factores y usos cotidianos que sucediendo en el río, no crearan situaciones políticas que debieran enfrentar directamente los Gobiernos, evitando con ello, los malos entendidos, las pasiones políticas que en tiempos pasados concluían con controversias, fricciones y crisis siempre perjudiciales para las relaciones e intereses de ambos Estados.

Grupos negociadores anteriores, nunca pudieron dar soluciones a diferencias que se mantuvieron desde nuestra independencia unos 130 años atrás del momento de la firma de los mencionados Tratados, por encarar con visiones políticas las soluciones de carácter técnico o aquellas de suceso prácticamente diario, nacidas de la vida en común que los propios cursos fluviales provocan.

Al momento de nombrar los integrantes de las diferentes comisiones, por Decreto, y siguiendo el principio fundamental que las había ideado, en Uruguay, similar a lo argentino, se nombraron mediante la representación de funcionarios pertenecientes a Ministerios u Oficinas, vinculadas al desarrollo de las actividades en los cursos acuáticos limítrofes. Así, estaban representados el MTOP, por dragados, puertos,  extracción de arena, el  MGAP por la actividad forestal en el territorio isleño y por la pesca, el MDN por reglamentaciones de navegación, balizamiento, policía marítima, el MRREE por ser nexo con la Cancillería y por tratarse de Comisiones Internacionales, y así podrían según el caso, dar lugar a nombramientos Salud Pública, Medio Ambiente, etc., agregando además la participación ocasional de otras oficinas en carácter de Asesores.

La designación de integrantes vinculados directamente a Ministerios, aportaba además la participación de quienes estaban especialmente aptos, informados y conociendo de primera mano los diferentes temáticas a desarrollar.

A partir de 1990, este principio fue cambiado, aprovechando los cargos de las delegaciones, para cumplir compromisos de políticos sin actividad.

El actual Gobierno declaró que los cargos públicos serían ocupados por especialistas, expertos afines a la actividad que debieran realizar.

Noticias de fin de semana en la prensa, indican que en CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) estará integrada la delegación, por 2 representantes de un partido, uno  y uno de otros y un funcionario designado por Cancillería. Igual comentario merecen las otras dos del Plata, cualquiera sea la repartija.

Es decir, lo dicho antes fue sólo una expresión de fantasía y la realidad indica que se ha vuelto o se continúa en la repartija politiquera de favores y pagos a fracasados electorales.

La falta de representantes entendidos ya ha producido una innecesaria controversia con Argentina, costosa en todo sentido.

La participación de desconocedores, hasta de la propia letra de los Tratados, da lugar a que un abogado piquetero supuestamente ambientalista dijera que el Fallo de la Corte obliga a poder participar en las jurisdicciones totales de los Estados, no entendiendo que la expresión jurisdicción en el Estatuto, refiere únicamente a las comprendidas dentro del ámbito de aplicación del mismo, es decir el río, o que CARU se haga cargo de tareas más allá del río, sin percatarse que CARU está restringida sólo al ámbito espacial del Estatuto, es decir, el río.

Pero mayor confusión se crea con  la creencia que Brasil debe concurrir a controlar la posible contaminación de una planta industrial ubicada en un territorio ajeno, y en un sector del río que también le es ajeno. Los ríos sucesivos, aquellos que atraviesan varios estados, si pueden asumir el estado general de las aguas, pero no participando en normas que pertenecen a Tratados de Límites que les son ajenos. Brasil tiene parte del curso del Río Uruguay en su territorio, luego lo comparte con Argentina, y finalmente el río es compartido por esta y Uruguay. Para que los estudios del régimen natural del río, pueda ser considerado plenamente, si debe ser en todo su curso. Para ello deberá acordarse entre los ribereños en un acuerdo a tal efecto, pero nunca es aplicable el Tratado firmado para delimitar sus territorios entre otros estados.

Si se continúa aplicando este desconcepto, la tarea no tendrá buen fin.

Además, es de recordar los acuerdos del Alto Uruguay, entre Brasil y Argentina para aprovechamientos hidroeléctricos, que afectan el sistema de represamiento, incluyendo Salto Grande, además de la alteración al régimen del río, el cual Uruguay nunca participó. Seguramente los nuevos integrantes pondrán atención a ello.

Son  realidades que no encierran aspiraciones ni apetencias y se manifiestan por conceptos de aportar lo mejor para el país, sostenidas por principios argumentados, desde el lugar del retiro, de haber participado y por razones de vida de ya ni querer ni poder volver a ellas, sólo alertar y contribuir.

 

Fuente:  YEF

Fecha: 07/07/10

Aguas profundas y canales

 

Juan Oribe Stemmer* 

"Se necesitan canales de navegación profundos y puertos eficientes para disfrutar oportunidades".

El buque granelero griego "Aghios Makarios" hizo escala en el Puerto de Nueva Palmira hace pocos días, para cargar 58.100 toneladas de granos. El mayor embarque en la historia de ese puerto. El buque tiene una eslora de 229 metros, una manga de 43 metros y, debido a su diseño puede operar eficientemente con las profundidades de 32 pies del sistema de canales de Martín García. El Puerto de Nueva Palmira se especializa en el manejo de cargas a granel, incluyendo una proporción importante de embarques provenientes de otros puertos en la región. Estos cargamentos son transferidos de las barcazas fluviales a los buques de ultramar que habrán de transportarlos a su puerto de destino final. Las mercaderías que utilizaron las instalaciones incluyeron soja y sus subproductos, trigo, maíz y fertilizantes.

Como sucede con el Puerto de Montevideo, el movimiento de cargas en Nueva Palmira consiste en cargas pertenecientes al comercio exterior uruguayo y en una proporción significativa originada en el resto de la región. El año pasado, aquel puerto movió 1,2 millón de toneladas, de las cuales el 55,6 por ciento correspondió a exportaciones e importaciones uruguayas y el 44,5% a cargas en tránsito o trasbordo.

Ese último tipo de cargas apareja numerosos beneficios para el Uruguay: primero, la manipulación de embarques originados o destinados al resto de la región es una exportación de servicios estrictamente portuarios; segundo, además, se abre la posibilidad de proveer una cantidad de servicios complementarios al buque y a su carga; y, tercero, se reduce el costo portuario por unidad de carga manipulada. Nuestro país exporta productos agropecuarios que se embarcan en grandes volúmenes y que obtienen precios bajos en el mercado mundial donde deben competir con las cosechas de agricultores en otras regiones. Es importante, entonces, reducir lo más posible los costos de transporte marítimo (incluyendo los portuarios). Y, para conseguirlo, se requieren puertos eficientes y canales de navegación profundos para que los modernos buques graneleros puedan operar en forma económica. La industria naviera pone en servicio buques de ese tipo cada vez más grandes. En respuesta, los puertos requieren de inversiones crecientes en infraestructura y equipos. También necesitan volúmenes cada vez mayores de carga para poder operar con economías de escala. Los puertos uruguayos tienen ventajas comparativas, algunas naturales, otras adquiridas, para atraer embarques originados o destinados a otros países de la región.

Este movimiento adicional de cargas les ayuda a conseguir economías de escala y ello, a su vez, reduce el costo de transportar los embarques que forman parte del comercio exterior de nuestro país. La capacidad de competir por esos embarques tiene una importancia vital para el desarrollo del Uruguay. También despierta las envidias de algunos de nuestros vecinos. La secular rivalidad de puertos se mantiene con toda vitalidad.

"Se necesitan canales de navegación profundos y puertos eficientes para disfrutar oportunidades".

 

*El autor es editorialista del diario El País de Montevideo. Fué Director del Instituto      Nacional de Pesca (actual DINARA) y representó a Uruguay en Organismos binacionales con la República Argentina.

 

Fecha: 30/06/10

¿Brasil en la CARU?

Por Ope Pasquet*

¿Se transformaría Brasil en el árbitro de las diferencias entre Argentina y Uruguay?

El gobierno uruguayo insiste con la idea de que Brasil se sume al monitoreo conjunto que Argentina quiere hacer en la planta de producción de pasta de celulosa que ayer perteneció a Botnia y hoy es de UPM. Las informaciones de prensa provenientes de Argentina no son claras acerca de la actitud que adoptará ese país ante la propuesta uruguaya.

Desde Brasil se dice que el gobierno aún no ha recibido ningún planteamiento formal de sus similares rioplatenses. Es posible, sin embargo, que las cancillerías hayan avanzado más de lo que la prensa informa. Para quien esto escribe, el tema de la eventual participación brasileña aparece envuelto en un manto de dudas.  Partimos de la base de que ni el Estatuto del río Uruguay de 1975, ni la sentencia de la Corte de La Haya del pasado 20 de abril, obligan a Uruguay a aceptar el monitoreo conjunto que Argentina pretende hacer en la  misma planta industrial. Si nuestro país decide acceder al planteamiento argentino, ambos Estados  platenses deberán suscribir nuevos acuerdos que prevean esas inspecciones “in situ”, con toda la precisión necesaria para evitar malos entendidos y nuevos desencuentros. Por supuesto, lo que valga para Uruguay valdrá también para Argentina; de manera que los mismos procedimientos que se empleen en la planta de Fray Bentos podrán emplearse, por ejemplo, en el Parque Industrial de Gualeguaychú.

¿Será en ese nuevo marco jurídico que aún está por crearse, que se le quiere dar cabida a Brasil?  Recordemos que Uruguay y Argentina están vinculados por el Estatuto del río Uruguay del año 1975, que creó la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). La CARU se integra con delegaciones de ambos gobiernos, en pie de igualdad (cada delegación tiene un voto). Si no hay acuerdo entre las dos delegaciones, es decir, entre los dos gobiernos, la CARU queda bloqueada. Ninguno de los dos Estados puede imponer su voluntad al otro. La historia de la CARU no es precisamente brillante, porque durante extensos lapsos su acción sufrió las consecuencias de las diferencias entre Argentina y Uruguay, que impidieron el funcionamiento eficaz de la Comisión. Pero por eso mismo, ninguno de los dos Estados  podría reprocharle a la CARU la más mínima lesión a su soberanía.

La situación podría cambiar, si Brasil entrara a formar parte de un acuerdo que hoy comprende sólo a Argentina y Uruguay. La CARU pasaría a tener tres miembros y el empate ya no sería un resultado posible. Eso no sería bueno para ninguno de los Estados platenses, pero peor sería, para Uruguay, que Brasil actuase no como árbitro sino como socio de Argentina. Y eso es precisamente lo que cada uno dice que el otro es para él: su socio;  y más aún, su socio estratégico más importante. No vale la  pena historiar las declaraciones de ministros argentinos y brasileños que dicen lo anterior.

Más elocuentes son los hechos. Desde hace años, Uruguay y Paraguay se quejan –inútilmente- porque Brasil y Argentina han “bilateralizado” el MERCOSUR.  Los dos socios grandes se reúnen, acuerdan, y luego comunican a los demás lo que han resuelto.

Cuando se planteó, entre Uruguay y Argentina, la cuestión de las  plantas de celulosa, y los “asambleístas” de Gualeguaychú cortaron las rutas, nuestro país quiso llevar el asunto al MERCOSUR. Argentina no lo permitió, alegando que el diferendo era exclusivamente bilateral, y Brasil la apoyó. Lula no quiso contrariar a su socio estratégico más importante, sólo por amparar el derecho del Uruguay.

“Más claro, echarle agua”. Hace muchos años que la “doctrina del péndulo” –aquella según la cual cuando nos apretaba Argentina, buscábamos apoyo en Brasil, y viceversa- perdió vigencia. Hoy Argentina y Brasil  están juntos, por lo menos para enfrentar los reclamos uruguayos.  Este es un hecho nuevo –en perspectiva histórica- en el horizonte internacional del Uruguay. Su importancia es tan evidente que no parece necesario subrayarla.

Lo que nos preguntamos es por qué, a la luz de estos antecedentes tan recientes y tan relevantes, el gobierno uruguayo pone tanto empeño en conseguir un árbitro brasileño para el siempre renovado clásico rioplatense. Quizás la Cancillería maneje otras ideas y haya previsto la forma de levantar las objeciones expresadas. Esperamos, como muchos uruguayos de todos los partidos, que el gobierno explique qué es lo que se propone hacer en este asunto tan importante y tan delicado.

 

* Senador del Partido Colorado, Columnista Uruguay al Día

¿Que nos falta para que la Hidrovía Paraguay Paraná sea

Un Verdadero “Corredor Logístico Multimodal?”

Primera Parte

La ACEUM tiene el agrado de compartir con sus visitantes este destacado artículo de la Asociación Internacional de Profesionales en Puertos y Costas (AIPPYC).

IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) como Banco de Inversión de Fomento de Infraestructuras regionales habla hoy de impulsar el desarrollo de Corredores Bioceanicos (recorrido transversal entre Atlántico y Pacífico Sudamericano)  y también existe un programa para la Hidrovia Paraguay Paraná (HPP), como un Eje Norte-Sur, de más de 3.000 Km, de vías navegables que permite transportar carga vía fluvial desde Corumbá hasta el Océano.  Todos los programas están centrados en mejorar la infraestructura existente, en el caso de los Corredores Bioceánicos, básicamente los Ferrocarriles y Rutas existentes que permitirían unir puertos fluviales de la HPP con Puertos del Pacifico Sur, o Puertos Marítimos del Océano Atlántico con los del Pacífico y la HPP propia, como Eje Norte Sur para conectar con el Atlántico Sur, con final en Nueva Palmira (km 0) y luego el sistema del Rio de la Plata, hasta el Océano, en donde se sitúa, en su boca, el Puerto de Montevideo, muy cercano a las profundidades oceánicas naturales de más de 15 metros, en Zona Alfa.

Existe entonces una Hidrovía Oceánica (permite navegación buques de ultramar hasta 34 pies de calado hoy y en proyecto a 36 pies) que va desde el Océano (Pontón Recalada) hasta Santa Fe,  y una Hidrovía Fluvial, que se subdivide en varios tramos, Santa a Confluencia (km 1.000 cercano a Barranqueras) y de Confluencia a Corumbá (Matto Grosso Brasil) o Confuencia a la conexión con la Hidrovia Paraná Tiete que llega casi hasta las cercanías de Sao Paulo (Brasil).

El sistema del Rio de la Plata cuenta con una salida al Norte Río arriba por el Paraná de las Palmas (Vía Canal Mitre) denominada comúnmente “Mitre” y otra por Farallón-Canal Martín García y Paraná Guazú hasta San Pedro, luego es el mismo río Paraná Inferior (de San Pedro a Santa Fe) que continua hacia el Norte, y luego de Santa comienza la denominada Hidrovia Fluvial. El Rio Uruguay, parece olvidado en este análisis, y apropósito lo he mencionado al final, pues realmente ha sido olvidado por los gobiernos de Argentina y Uruguay, en los últimos años por efecto del conflicto de Botnia, pero también, históricamente casi nunca se ha privilegiado en Argentina, dejándolo en segundo lugar, pues sus principales puertos fluviales se encuentran sobre el Paraná.

Sin embargo, para convertir a la HPP en un Corredor Logístico Multimodal, se necesita hablar de un Sistema Logístico, y como sistema, los puertos de la Hidrovia Fluvial serán sin duda Puertos Feeder de los Puertos de la Hidrovía Oceánica, esto es, no en competencia, sino en complementariedad. Sin duda, y a manera de ejemplo, el Puerto de Barranqueras (Chaco, km 1000 de la HPP) cuando se reactive será un puerto feeder de puertos de la hidrovía oceánica argentina (ejemplo Rosario y Zarate en Contenedores y Carga General, y San Lorenzo-San Martin en agrograneles). Y aun mas , en el caso de los buques feeders de contenedores, los puertos de la Hidrovía Oceánica, serán a su vez Feeders de Puertos Oceánicos Hub como Montevideo o sus competidores como Hub Regionales del Atlántico Sur: Navegantes, Rio Grande do Sul, Santos por ejemplo.

Este esquema dinámico de transbordos, esta ya instalado por la navieras principales, y ya hay líneas marítimas globales como Maersk, Hamburg Sud, que tienen líneas regulares que surcan la Hidrovía.

Entonces, viendo esta realidad actual, ¿en donde se debe posicionar estratégicamente este esquema en la Hidrovía y luego en el Canal Martín García y el Rio Uruguay??

Hay que diferenciar la estrategia, entre el mercado de graneles y contenedores, pues es muy distinto su Management.

GRANELES: Consolidando el posicionamiento de Nueva Palmira como Puerto de transbordo de Bolivia y Paraguay, y habiendo aumentado la producción exportable de soja y granos en Uruguay, desarrollo de Nueva Palmira como puerto exportador exige que el Canal Martín García y el Paraná Guazú hasta San Pedro, TENGAN EL MISMO CALADO NAVEGABLE QUE LA HIDROVIA MITRE, esto es 36 pies al cero (que es la nueva ampliación en proyecto).

¿Por qué ARGENTINA puede interesarse en esta posición??

Tres grandes razones:

1.      El desarrollo de un puerto HUB o terminales HUB en la costa del Paraná Guazú en Entre Ríos. (Competidor de Nueva Palmira en parte, pero necesario para mejorar su logística propia de granos, ver punto siguiente)

2.      La posibilidad de fletar buques CAPE SIZE y llegar hasta San Pedro. (es la única manera que se permite navegar a estos buques, pues en el Paraná de las Palmas (Ruta Mitre) no están admitidos por su mayor eslora),

3.      SEGURIDAD Y CAPACIDAD: la vía Farallón-Canal Martín García-Guazú es utilizada ya por el 80% de los buques graneleros en lastre que suben a cargar al polo agroindustrial portuario  San Lorenzo-San Martin. Estos mismos buques, cargados bajan hoy por el Paraná de las Palmas (Ruta Mitre), por no tener Guazú-Martin García Farallón el mismo calado que “Mitre”. El crecimiento de las cargas exige para que el “Sistema” sea sustentable, que AMBAS RUTAS TENGAN EL MISMO CALADO, POR SEGURIDAD, Y POR CAPACIDAD.

CONTENEDORES-CARGAS GENERALES Y RORO : Las razón 3 es  igualmente aceptable para el mercado de contenedores, pero con un eje en ROSARIO-ZARATE-BS-AS Y LA PLATA básicamente, y estos puertos haciendo pivot con HUB en Montevideo o algún puerto de Brasil. El desarrollo de Martin García-Guazú también puede posicionar a SAN PEDRO como un HUB FLUVIAL, hoy inexistente, pues podrían navegar buques POST PANAMAX (CAPE SIZE) hasta allí. (hoy inviable en los puertos antes mencionados, salvo Buenos Aires)

 

 

¿Por qué a Uruguay puede interesarse en esta posición??

Básicamente, contar Nueva Palmira con 36 pies y salida directa hacia Martin García (con el mismo calado navegable) representaría un ahorro en costo estimado en más de 5 U$S-tonelada cargada, y elevaría la categoría de este puerto notablemente. El impacto de esta obra solamente por este beneficio directo (representan 4 pies más que hoy (de 32 a 36), y unas 6400 toneladas más por buque) puede rondar en más de 10.000.000 U$S de ahorros anuales que Uruguay tendrá y que de derramarían en la economía con un efecto de escala (mayores inversiones, etc.).

¿Y el Rio Uruguay?

Si se incluye en el mismo dragado de apertura y mantenimiento del sistema Canal Martin García Guazú, al Rio Uruguay, con 36 Pies en Nueva Palmira, 28 pies hasta Concepción del Uruguay y 22 pies hasta Paysandú, por ejemplo, se estará creando un subsistema fluvial logístico en el Rio Uruguay, en donde puertos de Fray Bentos, Concepción del Uruguay y Paysandú por ejemplo cambiarán de escala a oceánicos, y desde Paysandú al Norte, la Hidrovía Fluvial de Uruguay, alimentando a su propia hidrovía oceánica. Esto, en su escala, sin duda dinamizará la región y el País, con beneficios no solo para Uruguay, sino para Argentina que también necesita reactivar su puerto de Concepción del Uruguay.

 

Ing. Gustavo Anschutz

Presidente de AIPPYC

Alfonso Vivo Chaneton

Representante Aippyc Uruguay

Asociación Internacional de Profesionales en Puertos y Costas (www.aippyc.org)

 

El monitoreo del río

 

Por Juan Oribe Stemmer *

La clave del diferendo entre Argentina y nuestro país sobre el control ambiental del Río Uruguay y de las actividades de la planta de UPM (que son dos temas distintos) es la preocupación (con o sin fundamento) en una banda del río, de que puedan tener un impacto ambiental en su lado ciertas actividades que se desarrollan en la otra banda.

La contaminación a través de las fronteras exige armonizar la unidad esencial de la Naturaleza que no conoce de límites, con la organización de la comunidad internacional en Estados independientes que ejercen soberanía exclusiva dentro de sus fronteras (se aplica la sabia máxima "en mi casa solo mando yo"). La clave para conciliar esos dos conjuntos de valores es la cooperación bajo el Derecho internacional.

El marco de normas que regula, en esta materia, las relaciones entre Argentina y Uruguay está compuesto por el Derecho internacional general y por los acuerdos bilaterales entre ambos.

El primero incluye los principios básicos de soberanía exclusiva y excluyente dentro de su territorio y de igualdad soberana de los Estados.

El Derecho Internacional del medio ambiente contiene los principios y normas que rigen la conducta de los Estados para la protección del entorno y su responsabilidad por el impacto transfronterizo de las actividades que se realizan en un territorio. Es de fundamental importancia defender ese marco jurídico, incluyendo tanto a las llamadas normas "sustanciales" como a las "formales".

No existen las "normas meramente formales" que puedan ser dejadas de lado sin consecuencias de fondo.

El régimen particular consta en el Tratado de límites en el Río Uruguay del año 1961 y el Estatuto del Río Uruguay de 1975. Ahora se les agrega, aunque en otro nivel, el fallo de la Corte Internacional de Justicia. La segunda parte del fallo se refiere a la obligación de proteger el medio acuático y fue favorable a nuestro país.

Establece que el Estatuto se refiere exclusivamente al río Uruguay; que únicamente trata de determinados tipos de contaminación (en principio no incluiría ni la contaminación del aire ni la visual); y que las Partes tienen la obligación de cooperar para proteger el régimen del río.

Aquella obligación de cooperar está acotada por el Derecho general y el Estatuto: CARU no puede extender sus actividades de control por fuera del río (tal como parecería pretender Argentina), porque ello supone una violación de la soberanía del país correspondiente; y, segundo, tampoco debe ocuparse de otros tipos de contaminación que no estén cubiertos por el Estatuto.

Ese marco es, a la vez, un límite que debe respetarse y un punto de partida.

La experiencia demuestra que el Derecho Internacional ofrece medios para avanzar en la cooperación binacional. Pero esta debe cumplir con requisitos esenciales en cuanto al procedimiento para establecerla (tratado) y a su contenido.

La cooperación tiene que cumplir con los requisitos mínimos de reciprocidad de las obligaciones, simetría entre ellas y confiabilidad para las partes.

"Nada fuera del marco del Derecho internacional y respetando la soberanía de nuestro país”.

 

* El autor es editorialista del diario El País de Montevideo, fue Director del Instituto Nacional de Pesca (actual DINARA); y representó a Uruguay en Organismos binacionales con la República Argentina.

 

Fecha: 21/06/10

 

No se trata  de rendir a puertos vecinos

 

Por Emilio Cazalá* 

Costos portuarios adecuados y profundidad de aguas son nuestras únicas armas.

El éxito de Montevideo para atraer tránsito viene del fondo de la historia, de nuestra capacitación, de la ley de Reforma Portuaria y de tener mejor profundidad de aguas en el canal de acceso y dentro del puerto, comparado con cualquier puerto argentino. Hace algún tiempo leímos un excelente artículo publicado en La Nación de Buenos Aires sobre el puerto de Montevideo en el que se destacaba un extraordinario paquete de seductoras ventajas que ofrecíamos, a consecuencia de las cuales el puerto de Buenos Aires perdía cargas a favor de Montevideo y poco menos que aparecíamos en vitrina como los villanos del Río de la Plata. Más allá que los armadores cuidan la economía de sus costos a rajatabla en cuya línea nos ven con ventaja, proclamamos nuestra inocencia; el manejo de la nota es correcto, pero algunos de los conceptos no los compartimos por desenfocados, aunque en general nos gustó porque resalta la calificada eficiencia que hemos logrado en estos 15 años desde la promulgada ley de Reforma Portuaria. Pero también gracias al esfuerzo y emprendimiento de las empresas operadoras TCP y Montecon y a los numerosos operadores logísticos, sumado a la nueva visión de la ANP que entonces asumió incorporándose a este movimiento de avance. No vemos en cambio motivos de perturbación y menos de alarma para nuestros vecinos, por los avances que algunos expertos porteños vaticinaban hace 6 años sobre el puerto de Montevideo, porque en realidad nos hemos quedado en el ímpetu y en algunos proyectos a realizar. Caímos en un especie de delta donde se pierde velocidad. La reflexión es obligada: de infraestructrura podemos mostrar avance con respecto a lo que teníamos cuando el puerto se construyó en 1909, por ejemplo la construcción del muelle de 350 metros y 14 metros de profundidad que Terminal Katoen Natie TCP inauguró a principios de este año. Y el otro avance notorio e importante realizado por ANP es haber llevado la profundidad del canal de acceso al puerto a los 12 metros con una proyección de futuro muy esperanzadora. Nuestro actual equipamiento consiste en 8 grúas gantry (TCP) y 5 grúas móviles sobre neumáticos de Montecon y a veces 10 metros de profundidad frente a los muelles donde antes teníamos 9 metros o menos. Pero solo esto no nos pone en ventaja frente al puerto de Buenos Aires y menos frente al de Rio Grande que sigue creciendo a pasos agigantados, aunque por suerte ahora Brasil se asociará con uruguayos para construir un puerto en Rocha que competirá con Rio Grande. En estos temas de puertos conviene tener presentes afortunados conceptos del ex canciller Dr. Sergio Abreu que rescatamos de una de sus conferencias: "Cuando se lanzan proyectos o se hacen promesas que no se cumplen en asuntos portuarios, lo que se hace es alimentar (alentar) acciones competitivas de los otros". No es fácil para Montevideo competir con el puerto de Buenos Aires equipado por lo menos con 23 grúas portainer y 4 kilómetros de muelles y un comercio exterior 12 veces más grande en constante crecimiento y un país físicamente 15 veces más grande. Obviamente en estas consideraciones observamos de parte de nuestros vecinos cierto desenfoque, porque Montevideo no está preparándose para derrotar a los puertos vecinos sino para ofrecer soluciones al comercio regional, al comercio importador y exportador de los cuatro países con nuestras ventajas geográficas, características físicas y estatutos jurídicos aduaneros, universales y flexibles y sobre todo nuestros costos portuarios y nuestras profundidades de agua. Estas son las dos herramientas estratégicas que tenemos: costos atractivos y mucha agua. Lo otro es simplemente vocación, quizá porque la historia nos puso en este tema, durante el virreinato primero en 1776 y luego con Paraguay. Y lo hemos hecho bien por los logros alcanzados, cuyo éxito se corresponde con el nivel cultural de nuestros recursos humanos. Nuestras intenciones y proyectos son casi los mismos de Amberes, Rotterdam, Hamburgo y Singapur, y que sepamos ninguno de esos puertos actúa para derrotar al otro sino para ofrecer y complementar servicios a Europa. Su éxito demuestra lo válido de nuestra presunción, todos están conformes con estos servicios y todos esos puertos están repletos de contenedores en tránsito y nadie se molesta. La primera ventaja es que somos un puerto organizado y eficiente cuya actividad es gestionada por dos terminales -TCP y Montecon- que con fuertes inversiones en infraestructura, equipamiento adecuado, recursos humanos bien preparados y "know how", son capaces de ofrecer con otros operadores portuarios servicios a la carga y a los armadores. Los puertos no son combatientes, no tienen poder de decisión, son instrumentos de trabajo; en realidad los que toman las decisiones son los armadores/carga y si un puerto no da confiabilidad, servicios eficientes, ventajas y tarifas portuarias competitivas, perdemos. Y entiéndase bien, Buenos Aires no es el enemigo, es Río Grande con 16 metros de profundidad y sigue creciendo sin parar porque el Estado entiende cuál es la batalla, apoya, ayuda y pone plata. Por eso los dueños de la carga buscan alternativas y Montevideo lo es -debiera serlo-para los empresarios de la región y del mundo. Aún no hay conciencia de la importancia estratégica de Montevideo como puerto, a pesar de los 234 años transcurridos. Quizá valga la pena recordar que las cosas buenas que dice La Nación fueron dichas más o menos en parecidos términos en 1767, en 1770 hasta que por algo surgió en 1776 el Apostadero Naval desde donde España administró sus recursos marítimos y comerciales y posesiones en el Pacífico y en el Atlántico, incluidas las Malvinas, por ser el puerto más importante del Atlántico Sur. Para terminar esta nota, digamos que no estamos pensando en el puerto de aguas profundas. Por ahora.

 

*Nota de URUGUAY VISIÓN MARÍTIMA : El autor es cronista especializado del diario EL PAÍS y decano de la prensa marítimo portuaria uruguaya.

 

Fecha: 14/06/10

BUENA VOLUNTAD O INGENUIDAD… Y SUS LÍMITES

 

Cuándo no se respeta a Uruguay, no hay seguridad para otros en el mundo

El acuerdo argentino-brasileño afecta el tránsito de cargas por Montevideo, profundizar el canal Martín García y rever el porcentaje de su mantenimiento, prolongación del canal de acceso son algunos de los problemas que perjudican a Uruguay en el Río de la Plata.

El problema no es solo Gualeguaychú, que es apenas la punta de un iceberg, sino la sumatoria de otros y no tan inesperados hechos generados por Argentina la que cada día se gratifica buscando la oportunidad de perjudicar al Uruguay en puertos, ríos, canales de navegación, importaciones y exportaciones. Ahora con un silencio cómplice de Brasil a través de un Tratado Bilateral de Transporte Marítimo (1985) afecta al puerto de Montevideo impidiéndole recibir cargas en tránsito desde y para puertos de ambos países. Más grave aún es cuando el suceso generado por un funcionario argentino es festejado por su propio gobierno al interpretar malvadamente la aplicación del Tratado, en el cual ninguna de sus cláusulas dice que "el tránsito de mercaderías de ambos países por el puerto de Montevideo esté violando dicho Tratado" sino que habla del manejo de "waiver" cuando no hay barcos de la bandera. Pero antes el funcionario Dorrego daba los "waiver" y ahora no. Lo retorcido del suceso parece formar parte de un plan de acoso al Uruguay que supera la vieja "lucha histórica de puertos". Es un plan tosco que agrede todo, al Mercosur, los tratados, el libre intercambio de mercaderías, la libertad de los puertos, la hermandad, la familia argentino-uruguaya y la buena vecindad, e instala el principio de que los ríos separan. No hay nada inteligente en todo esto. Por cierto y gracias a Dios nada tiene que ver el glorioso pueblo argentino con el que nos sentimos emparentados, así que lo de Gualeguaychú es apenas una banda de gandules, mientras el resto de la nación trabaja sin desmayos para desarrollar el país en paz y amistad. El Tratado marítimo bilateral de marras interpretado por el funcionario Dorrego, es una herramienta que pretende agobiar al puerto de Montevideo y cuanto significa su competencia con Buenos Aires y su intención es bloquear al Uruguay para someterlo. Se nos viene a la memoria el funcionamiento de los puertos de Amberes, Rotterdam, Hamburgo, Le Havre, por los que pasan en tránsito millones de contenedores propiedad de los 20 países de Europa cercanos y distantes, sin quejas y sin bulas pontificias caprichosas. Es una Unión en serio con 13 idiomas.

Por ahora no afecta a barcos con bandera paraguaya que cumplen servicios fluviales Asunción-Montevideo entre cuyas cargas paraguayas suelen venir también las recogidas en los puertos fluviales del Paraná como Corrientes, que transitan por Montevideo rumbo al exterior. Pero un día vendrá carga argentina hacia Brasil y ahí tendremos otro bloqueo a Montevideo. No podrán transitar por el puerto de Montevideo ni siquiera los contenedores vacíos que vengan del Brasil o de cualquier otro país en tránsito con destino a puertos argentinos para ser rellenados y exportados a Brasil. Tampoco desconocemos que en medio de estos sucesos que afectan a Montevideo, los puertos son también abandonados o evitados por los armadores, aunque a veces por razones de estrategia comercial pero principalmente a causa de sus elevados costos sobre lo cual informamos el pasado 5 de abril y Río Grande es siempre una tentación. En el escenario del Río Paraná -léase Hidrovía Paraguay-Paraná-, hace años que estamos sufriendo como lo denunció el propio armador uruguayo Américo Deambrosi, la imposibilidad de explotar barcos fluviales de bandera uruguaya por el Río Paraná, porque un Tratado o Acuerdo entre Argentina y Paraguay (1967) exime a los barcos de ambos países el uso de Prácticos y/o Baqueanos y se los exige en cambio a todos los otros incluidos los uruguayos, cuyos honorarios resultan más caros que el flete producido por el barco; así que la carga argentina existe pero el negocio no cierra y ahí están los dos hermosos y modernos barcos uruguayos fondeados sin poder mover cargas desde Argentina o sea cargas de cabotaje.

MARTíN GARCíA. Pero lo grueso del asunto es el canal Martín García un ejemplo de iniquidades en el marco de Acuerdos, Tratados y Notas Reversales, sí señor con la firma de los uruguayos, ciertamente en un tiempo que salíamos de una cultura casi aceptada de encogimiento de hombros, que para bañarnos en el Río de la Plata teníamos que pedir permiso a la Argentina, heredera del Virreinato, según ellos. Hoy tenemos un Martín García que comparado con el Mitre es dos o tres pies menos profundo sea por semántica, por dragados o por la referencia al Cero, lo cual golpea a los armadores y exportadores cuyos barcos deben cargar menos tonelaje o de lo contrario salir desde Nueva Palmira por el Mitre cuando no puedan hacerlo por el MG. Este es un punto, el otro son los porcentajes de mantenimiento adjudicados a cada uno de los tres sectores del llamado Proyecto Rosario al Mar que distan mucho de lo razonable y esto ha sido ya denunciado en diferentes ocasiones. En las Notas Reversales suscritas se establecen condiciones de equidad para ambos canales: profundidad, balizado, administración conjunta de tarifas y división de sectores, etc. Pero no podemos olvidar que el sector 1/1 se lleve el 44,44% de lo recaudado y el sector 1/2 del Martín García se lleve el 17,5% y el otro tramo que va de San Pedro a Rosario el 38,5%. El MG que va del kilómetro 37 del Río de la Plata a San Pedro en el río Paraná (239 km), es el tramo que requiere mayor extracción de barro, más intenso dragado para su mantenimiento, y curiosamente es el que recibe la menor aportación, solo el 17,5%. Esta cifra realmente sorprende porque al principio al sector 1/2 se le había adjudicado el 29% pero un día despertamos con el 17,5% sin saber quién lo decidió. Bueno, con todos estos números, errores y pecados, hay que hacer un paquete e ir a la construcción del nuevo canal Martín García con profundidad que iguale al Mitre, modificar lo necesario buscando justicia y equidad y procurar que el canal Martín García se sustente por sí solo con lo recaudado por peajes.

Recordamos a los lectores que el canal Martín García es propiedad de Argentina y Uruguay pero es un canal vital para Nueva Palmira, todos sabemos la facilidad de Argentina para crear problemas con sus inesperados decretos por ejemplo un día aplicar a todo barco que venga de Nueva Palmira o del río Uruguay, que para navegar por el Mitre necesitará 4 Prácticos más un inspector o navegar sólo entre las 8 y 9 de la mañana y otras triquiñuelas.

Otro tema que está ahí, es la prolongación del canal de acceso al puerto de Montevideo que ahora llega al km 42 a 12 metros de profundidad pero para llevarlo como pretende la ANP del 42 al 54 a 13 metros, un tramo de 12 kilómetros que está en aguas de Uso Común habrá que contar con la aprobación argentina (CARP).

Como el canal argentino converge en su salida al Atlántico casi con el uruguayo aquí ambos países podrían hacer un acuerdo de mutuo beneficio.

Asuntos de agenda no faltan, por ejemplo el Acuerdo Multilateral de Transporte Marítimo del Mercosur firmado por Argentina, Brasil y Paraguay (reservas de cargas) si lo vamos a firmar, habrá que estudiarlo minuciosamente y en todo caso no tocar el tránsito que debemos defender a capa y espada.- Por Emilio Cazalá*

 

Fuente: El País Digital

Fecha: 25/05/10

CARU: ALCANCES Y COMPETENCIAS

Por Yamandú Flangini*

 

SOBRE LAS COMISIONES ADMINISTRADORAS DE RÍOS Y EL FRENTE MARÍTIMO.

La controversia planteada por Argentina respecto a la localización de una planta industrial de productos derivados de la forestación, llevada a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ha producido la promoción en la opinión pública de la Comisión Administradora del Río Uruguay, mencionada permanentemente por medios escritos orales, visuales y en la propia voz de participantes públicos de alguna manera, en relación con el fallo de la Corte, y enfoques particulares sobre el tema.

El origen de la inclusión en los Tratados del Uruguay y del Plata y Su Frente Marítimo, de las Comisiones Administradoras, tuvo un origen prácticamente común, con las características propias de cada una, en relación al ámbito de aplicación que les corresponde.

Corría el año de 1968, cuando nueva y repetidamente, ocurre un hecho que altera las relaciones de Uruguay y Argentina, en una de sus fronteras fluviales.

Grupos de Trabajo designados oportunamente, se encontraban en reunión a fin de buscar salidas a estos asuntos, que eran planteados por un llamado a prospección de hidrocarburos en el subsuelo del Plata y su frente marítimo, realizado por Argentina, en cuyos planos adjuntos, algunas de las áreas a investigar, sobrepasaban la Línea Media del cauce del río, lo que alteraba la tradicional posición de Uruguay en el tema.

Este Grupo de Trabajo, con presencia de delegados de origen político, no sólo no llegó a resolver el encuentro, sino que agregó enfoques de rispidez que lo agravaron a tal punto, que las conversaciones fueron dejadas de lado, incluyendo movimiento de piquetes armados en islas disputadas.

En paralelo en el tiempo se había comenzado a desarrollar las tareas de Demarcación en el terreno, de lo establecido en el Tratado del Río Uruguay de 7 de abril de 1961, que no habían sido realizadas hasta entonces, y que además en Uruguay, la Comisión designada, hacía ya más de 7 años que se había auto disuelto.

La cordialidad y efectividad con que se desarrollaban estas tareas, llevó a considerar la oportunidad de continuar dando cumplimiento a previsiones del mismo Tratado, como la conformación de un estatuto, como se establecía en el Art. 7 del mismo.

Así, prontamente se formalizó la redacción del mismo, considerándose entre otros cometidos, el establecer una oficina de contacto permanente, que atendiera, sin necesidad de que lo hicieran las Cancillerías, convocadas por alguna situación, considerada natural que sucediera en el uso del río, lo que constituiría un primer paso para la búsqueda de soluciones, aunque siempre, en caso de imposibilidad, se remitiría conjuntamente a ambas Cancillerías; es decir a ambos Gobiernos.

Esta solución tomaba antecedentes y referencias de Comisiones Administradoras de grandes cursos fluviales europeos, tales como Rin, Danubio y otros, así como de otros cursos fluviales y  zonas lacustres de Norte América y Asia.

Los sucesos ocurridos en el Plata, hicieron necesario dar preferencia a la búsqueda de soluciones allí, y por tanto el incipiente Estatuto del Río Uruguay, apenas iniciado en planteamientos y redacción quedó de postergado para atender aquello.

Cuando comenzaron reuniones para intentar un documento que fuera base de tratado en el Plata, siendo los mismos integrantes del grupo negociador, lo ya analizado en el Río Uruguay, pasaría a ser tenido en cuenta para el nuevo trabajo.

La particularidad novedosa a nivel mundial, de establecer un límite de soberanías y jurisdicciones en medio acuático, dejando de lado las tradicionales “líneas firmes” que separaban una soberanía de otra, utilizando en reemplazo diferentes criterios según el uso de las aguas para establecer los derechos de cada Parte, hacían más que necesario la creación de esas Comisiones Administradoras.

En todos los casos de referencia, las Comisiones tienen cometidos específicos, y el común denominador que si el problema sobrepasa la posibilidad de solución en el seno de las mismas, este se eleva a ambas Cancillerías (Poder Ejecutivo) para que en segunda instancia se busque la solución y si no es así la recurrencia a la Corte Internacional, como árbitro en la controversia.

¿Como debe interpretarse esto?. Que las Comisiones son el encuentro permanente de ambos Estados en sus cursos acuáticos fronterizos, con la finalidad de estar atentos permanentemente de acontecimientos cotidianos que necesitan coordinación para custodia de intereses y bienes comunes, pero que carecen de atribuciones supranacionales para tomar por sí resoluciones que corresponden a la competencia de los Gobiernos.

Por ello las Comisiones deben informar permanentemente a sus Gobiernos de sus tareas, y recibir las instrucciones correspondientes caso a caso, según su entidad lo requiera.

Cuando la situación requiera conocer la opinión de la otra Parte, la Delegación que presenta, ha recibido instrucciones de su Gobierno para hacerlo; no que sea iniciativa propia y privada de una Delegación.

Llama la atención el desconcepto de voceros de piqueteros del Puente San Martín cuando dicen de presentar denuncia a la CARU, cuando este organismo no es un Ente real, sino la representación en el tema específico de los propios Gobiernos.

Confunden quizás las referencias que a la CARU hace el fallo de la Corte, que aparece como requiriendo a la CARU asumir determinadas responsabilidades, sin aclarar suficientemente, que la CARU es sólo el medio directo de contacto entre ambas Naciones, para atender sucesos, casos, proyectos etc. en el Río Uruguay, pero que no es un Gobierno o una institución más allá de los propios Estados.

Por tener que atender diferentes casos y actividades referidas al uso del río, es que en Uruguay, las primeras Delegaciones se constituían con delegados a su vez de diferentes Ministerios vinculados con desarrollo de actividades en el Río Uruguay, o en su caso en el Plata, o en el Frente Marítimo, porque se supone que los “sucesos” van a tener origen o relación con las competencias de esos ministerios.

La designación de vinculados “políticos sin puesto” que se varió en la designación de delegados, no ha dejado de tener gran parte de responsabilidad del funcionamiento defectuoso en las Comisiones.

En resumen, las Comisiones tienen como primer cometido el contacto permanente de ambos Estados, en sus ámbitos de competencia. No producen disposiciones de trascendencia, sino no es con directivas directas de sus autoridades competentes.

No tienen responsabilidades del Estado, simplemente las tramitan o administran.

No son responsables de disposiciones que fueren tomadas por directivas de sus Gobiernos.

No existe CARU Uruguay, ni CARU Argentina, la CARU es Comisión binacional uruguaya argentina, (argentina uruguaya), los nacionales son las Delegaciones, pero las decisiones de la Comisión sólo pueden ser tomadas con el voto afirmativo de ambas.

Será necesario que muchas opiniones antes de ser públicas, conozcan los reales alcances y competencias de estos organismos y tener referencia de lo les que corresponde o no.

 

(*) La Asociación Cultural y Educativa Uruguay Marítimo (ACEUM), agradece la colaboración del autor; distinguido socio fundador y asesor de esta Directiva.

 

Fecha: 19/05/10

Petróleo, ecología y manejo costero: alerta para Uruguay

Los lamentables hechos ocurridos con la plataforma de BP en el Golfo de México nos dan un llamado de atención a los orientales.

Es lamentable por tres motivos, el primero y por tanto el mas importante es la pérdida de la vida de más de una decena de trabajadores en la plataforma, el segundo es la debacle ambiental (marina, costera, de los manglares) que ya se está produciendo en dos estados de EEUU; y la tercera es la importante perdida económica que sufrirá la economía próxima a este siniestro. Nuestro país se encuentra abocado a la prospección (por parte de privados) de la plataforma marítima nacional en busca de hidrocarburos (petróleo y gas natural), por lo que la situación que vive EEUU hoy no puede producirse en nuestro territorio, pero y  aquí está el centro del asunto, es una realidad posible en el corto o mediano plazo.

La solución a estos problemas no puede ser única ni mágica, y es nuestra intención desde estas páginas poder aportar al debate que debe indefectiblemente darse ante la proximidad de la explotación de hidrocarburos.

La pérdida de vidas humanas en caso de accidente puede minimizarse utilizando los estándares más altos en lo referente a la seguridad industrial y previendo un sistema que exija estar en el estándar tecnológico adecuado. A esto debemos agregarle la disponibilidad por parte del Estado, a través de la Prefectura Nacional Naval o de la Armada Nacional de equipamiento marítimo y aéreo que permitan una rápida evacuación sanitaria de los posibles accidentados. Teniendo estos medios la capacidad de operar en “todo tiempo”, es decir que las condiciones ambientales reinantes no le impidan realizar la tarea.

En lo referente al daño ambiental  y económico que pueda surgir luego de una catástrofe como esta, retomaremos  el concepto de la previsión de Fondos Estructurales que abordamos en la conferencia sobre “manejo integrado de zonas costeras en presencia de la industria petrolera” dictada en URUMEPA el año pasado.

Para esto la pregunta clave es: ¿Un Estado como el uruguayo es capaz de afrontar los costos económicos del derrame y los que vendrán como externalidad negativa? ¿tendrá el suficiente peso político como para presionar a una empresa transnacional de importancia como para que repare los daños? ¿posée el estado los medios técnicos materiales (buques, aviones, helicópteros ,etc.) y tecnológicos (dispersantes, solventes, soluciones biológicas, etc.)?

Lamentablemente la realidad nos indica que para la magnitud de un desastre como este  Uruguay no cuenta con las capacidades descriptas. Si bien se puede decir que  falta aun mucho para que se explote (si es que existe en cantidades económicamente rentables) los yacimientos petrolíferos, no es menos cierto que la solución parcial a un problema como ese puede demandar más de 10 puntos de PIB en un país como el nuestro. Es decir podría superar el porcentaje actual asignado a la educación, Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente juntos.

Es fácil imaginar los daños al turismo, la pesca y los ecosistemas que podrían producirse además de posibles daños a los países vecinos, que debería solventar Uruguay.

Creemos que una efectiva  manera de prever esta situación es a través de la creación de fondos estructurales que se  nutran con un impuesto a la extracción de hidrocarburos.

Las características de este impuesto deben ser bien específicas para evitarnos sorpresas, creemos que este debe ser de afectación exclusiva, o sea que no integre el caudal de dinero que nutre las rentas nacionales sino que se destine únicamente a estas previsiones.

El mismo debe tener tres destinos fundamentales: un porcentaje debe mantenerse “líquido” es decir  en divisas u otros activos fácilmente convertibles, pero no debería se utilizado para la compra de papeles públicos del estado nacional, para evitar la disminución del valor de los activos debido a un problema que afecte a la economía toda. Otro debe ser asignado a la contratación de seguros (aunque debe esperarse que pase este aluvión para ver como se estabiliza el mercado asegurador en estos próximos años) y el tercer componente debe ser dotado para la adquisición de componentes contra derrames, entrenamiento y tecnologías para ser empleadas por los  agentes estatales que se designen.

Claro que esto no es la panacea ni mucho menos pero creemos que constituye un buen apoyo para realizar las tareas de contención que deben hacerse en esos casos.

No por lo expresado nos olvidamos de las responsabilidades de las empresas que tendrán que devolver al estado todo lo que este gasto además de poseer planes de contingencias propios.

Esto es la primera parte de nuestra contribución al debate sobre este tema, más adelante continuaremos aportando información y opinión sobre el rol de la sociedad civil ante estos imprevistos.

 

Por Sebastián Lattanzio para Visión Marítima

Un nuevo comienzo

Juan Oribe Stemmer *

El fallo de la Corte de la Haya consideró tres temas: la obligación de procedimiento, en el Estatuto del Río Uruguay, de que la Parte que se proponga realizar obras "de una entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del Río o la calidad de sus aguas" cumpla previamente con los pasos de comunicación y notificación a la otra Parte; las obligaciones sustantivas de proteger el ambiente del río; y, finalmente, "las demás demandas" de las Partes. Estas incluyeron el reclamo de que la planta de celulosa fuese desmantelada.

Esta demanda fue rechazada por el tribunal.

 La Corte entendió que la obligación de procedimiento y las obligaciones sustantivas tienen entre sí una relación funcional (la información y notificación es un medio para contribuir al mejor cumplimiento de las obligaciones sustantivas), pero no esencial. Así, observó, que una de las Partes no cumplió con su obligación de procedimiento, lo que no significa automáticamente que no haya cumplido con sus deberes sustantivos de proteger el entorno. También, el hecho de que una de las Partes cumpla con sus obligaciones sustantivas, no lo excusa de su obligación de seguir los procedimientos estipulados en el tratado.

 La Corte encontró que nuestro país "violó sus obligaciones de procedimiento bajo los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay". La seriedad de esa conclusión es subrayada por la segunda parte de ese pasaje del fallo. El tribunal entendió que la sola constatación de tal incumplimiento por uno de los Estados en el litigio "constituye una satisfacción apropiada" para la otra Parte.

 Es necesario reconocer que ese fallo es una sanción severa para nuestro país.                                   El fundamento del Derecho Internacional es el principio de que "todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe" ("pacta sunt servanda").

Mientras que las grandes potencias tienen intereses, y medios materiales para protegerlos, los países más pequeños únicamente disponemos del escudo del Derecho Internacional. Nuestro país tiene un interés claro y directo en fortalecer, a través de su conducta, el Derecho Internacional como su principal defensa ante el incumplimiento ajeno y la fuerza de los prepotentes. El Uruguay siempre ha cumplido con su palabra lo que le ha valido el reconocimiento de los demás países. Lo positivo es que la Corte reconoció que nuestro país cumplió con sus obligaciones sustantivas de no perjudicar el régimen del río ni la calidad de sus aguas (Estatuto, artículo 35); evitar la alteración del equilibrio ecológico (artículo 36) y proteger el medio acuático de la contaminación (artículo 41). No ha existido un daño ambiental. Esta parte del fallo es un reconocimiento de la gestión ambiental uruguaya.                                                          El fallo de la Corte Internacional de La Haya, con su equilibrio interno, ofrece un punto de partida para la cooperación binacional encaminada a asegurar el desarrollo sustentable del Río Uruguay.                                                                                                                                   De nosotros depende que esa posibilidad se convierta en una realidad. 

 

*El autor es editorialista del diario El País de Montevideo, fue Director del Instituto       Nacional de Pesca (actual DINARA) y representó a Uruguay en Organismos binacionales con la República Argentina.

 

Fecha: 05/05/10

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

Nota del  Dr. Edison González  Lapeyre*: 

       Estimados señores de Uruguay, Visión Marítima:

                                  Simplemente para decirles, con todo respeto, que no comparto ni el título sobre pedir disculpas ni las expresiones de mi distinguido amigo el Dr. Opertti en cuanto a que el proyecto no hubiera avanzado si se hubiese cumplido con el Estatuto del Río Uruguay.

                                  Como antiguo diplomático y como internacionalista me duele particularmente el hecho de que nuestro querido país, que se ha caracterizado siempre por el respeto al Derecho Internacional sea declarado como incumplidor de un tratado por la Corte Internacional de Justicia.

                                  El Uruguay no sólo ha sido siempre respetuoso del Derecho Internacional sino que ha participado activamente en su desarrollo y codificación.

A título de ejemplo, cabe mencionar la gestión histórica de Justino Jímenez de Aréchaga en el área de los derechos humanos, de Quintín Alfonsín en lo que refiere al asilo político, de Rodriguez Fabregat en la redacción de la Carta de San Francisco (ONU), de Eduardo Jímenez de Aréchaga, que fue el más importante internacionalista de América del siglo XX e integró entre otros organismos la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y la propia Corte Internacional de Justicia de Las Haya de la que fue presidente, de los doctores Felipe Paolillo y Julio Cèsar Lupinacci en el desarrollo del Derecho del Mar, etc.

Los países pequeños tienen, en el respeto del Derecho Internacional, su mayor fortaleza, por eso este fallo lastima el prestigio tan bien ganado por nuestro país , desde los tiempos en que José Batlle y Ordoñez, en la 2a. Conferencia para la Paz de La Haya de 1907 hizo un planteo, sobre arbitraje obligatorio, que constituye un antecedente necesario de la organización actual de la comunidad internacional.                                                                                                 Nuestro país no debe pedir disculpas, en mérito a las siguientes consideraciones:

1.- El Tribunal Internacional de La Haya, en su fallo, ha establecido claramente que el declarar que no se cumplió por el Uruguay con las normas de procedimiento establecidas en esta materia, constituía "suficiente satisfacción" al planteo argentino.  Debe entenderse entonces, que nuestro país no tiene porque ofrecer disculpas de clase alguna.                                                                                                                             2.- Por otra parte, ha sido  la Argentina la que  ha violado lo establecido en el Tratado de  Asunción, lo dispuesto en su propia Constitución Nacional (art, 14), y en todas las convenciones sobre derechos humanos que consagran la libertad de tránsito de las personas permitiendo el bloqueo de los puentes y, por otra parte, no ha cumplido con el laudo del tribunal del Mercosur que estableció que ese bloqueo era incompatible con el Tratado de Asunción.                                 El gobierno argentino no sólo no ha pedido disculpas, sino que además estimuló estas acciones violatorias del Derecho internacional y de un laudo del Tribunal Arbitral del Mercosur, por lo que no sería jurídicamente procedente una presentación con disculpas por parte de nuestro país al respecto" .                                                                                                  

                                            En mi opinión, se debió  presentar ese proyecto ante la CARU. Esa ha sido la posición de nuestro país, desde los tiempos en que con el Capitán de Navío Yamandú Flangini, logramos, en el seno de ese organismo binacional, que la Argentina presentara, en el año 1981, el proyecto de la presa de Garabí y en lo que a mi concierne, presenté, en 1995, como presidente de la delegación uruguaya, el proyecto para el dragado del canal de Casas Blancas y en 1996, el proyecto para la construcción de una planta de pasta de celulosa, en un área adyacente a la que ocupa actualmente UPM , de la empresa Traspapel.                 

                                          Ahora en lo referente a que el proyecto no hubiera avanzado, si hubiéramos cumplido con el Estatuto del Río Uruguay, como lo ha establecido,en su fallo, la Corte Internacional de Justicia, la suspensión de la obra no hubiera demorado más de siete u ocho meses.                                                                                                                                                                                                                                                            

En efecto, el art. 7 del Estatuto, establece que presentado el proyecto, la CARU debe expedirse en forma sumaria en treinta días y si no hay acuerdo se inician negociaciones directas por un plazo de 180 días. Vencido ese lapso, sin acuerdo, cada parte queda en libertad de continuar, una con el proyecto en cuestión y, la otra, de promover la demanda ante la Corte Internacional de Justicia.                                                                                                                                                                          Esa demora, por otra parte, no hubiera causado perjuicios significativos por cuanto el proyecto estaba en una etapa primaria de obtención de algunos permisos y la realización del terraplenado del área que se podían haber continuado realizando. En consecuencia, ni es mejor pedir disculpar que pedir permiso, ni se hubiera postergado indefinidamente la realización del proyecto.

Cordialmente,

* Edison González Lapeyre 

*Nota de Redacción:  El distinguido lector de Visión Marítima y autor corresponsal espontáneo de la nota precedente, es un muy destacado jurista de nivel internacional de cuya extensa y brillante trayectoria docente destacamos su actuación como catedrático de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado y Derecho Diplomático, en nuestro país y Profesor de la Academia de Derecho Internacional en la Haya. Participó como miembro designado por la Cancillería uruguaya  en la redacción del Estatuto del Río Uruguay; integró la representación Nacional en la Comisión Administradora del Río de la Plata, e integró inicialmente la delegación nacional que representó a Uruguay en La Haya en la  controversia con Argentina ante la Corte Internacional de Justicia.-

 

Fecha: 28/04/10

El Estatuto Violado

Ante la culminación del proceso que llevó a la Corte Internacional de Justicia en la Haya, la situación acaecida entre Uruguay y Argentina en el Río Uruguay por el emplazamiento de un complejo industrial en la ribera oriental, vale la pena evaluar cada una de las etapas que se sucedieron y cotejarlas con lo establecido en el Estatuto del Río Uruguay, a la sazón vapuleado por varias opiniones.                                                                                                                 Convencido de que el enfoque que se debe considerar para la aplicación de documentos vinculantes, cuando se trata de relaciones entre dos o más Estados, es de carácter sustancialmente político, y que lo jurídico sólo interpreta y da forma al entendimiento al que se ha podido llegar, es que considero que lo formal jurídico, no es, ni soluciona el sentir real y político de la cuestión.  En este caso, la Argentina basada en artículos procesales que el Estatuto incluye con el fin de dar un procedimiento para acordar lo que se desea por parte de uno de los signatarios, acusa de violación a Uruguay, del propio Estatuto. Si bien el documento establece que la Parte que tiene interés en realizar obras que puedan alterar el régimen del río o la calidad de las aguas, debe comunicarlo a la otra, estableciendo para ello  una serie de pasos con plazos que se deben seguir.                                               En conocimiento de declaraciones públicas de varios actores, unos integrantes de la CARU, otros ya de Cancillerías; y hasta de los Poderes Ejecutivos de ambos Estados, es de notar que todos conocían una intención nacida en tramitaciones de inversionistas que deseaban establecerse en una u otra orilla.                                                                                       Es decir, si bien no se protocolizó formalmente el hecho, nadie se pudo llamarse a sorpresa. Todos lo sabían. Todos violaron el Estatuto. Que en el seno de la CARU existió informalidad, desprolijidad u omisión, no cabe duda, pero ello no puede invocarse como excusa por cualquiera de las Partes. Ambas pudieron tomar actitud y no sentirse “violadas”. Si se dejó avanzar el proceso con conocimiento de causa, las formalidades procesales, no pueden considerarse como alteración jurídica, cuando se sabe que lo que interesa realmente, son las consecuencias que tienen un carácter puramente político social, económico o de cualquier otra forma, pero político al fin. Que se manejó mal por ambas Partes, no cabe duda, puede decirse “todos somos asesinos” no hay nadie libre de culpa, y menos la tiene el Estatuto. Que el proceso previsto en el Estatuto, apropiado para análisis y formulación de las grandes obras abarque un tiempo que algunos consideren que llega hasta “el año del arquero”, es de pensar que las consecuencias de no proceder apropiadamente, causan más daño que actuar como se debe, por no asumir políticamente el conducir las cosas de manera que se obvien o se disminuyan los efectos, como se plasmó en otros tiempos, considerando si, que los progresos siguen su avance en el futuro y con una amplia redacción que mantiene la posibilidad de utilizarla indefinidamente.                                                                                                    La razón de movimientos supuestamente sociales, pretendidamente justificados en honor al cuidado del medio ambiente, buscan ganar la aprobación demagógica de las multitudes, aunque escondan otras razones de sus actitudes, y hay quienes quieren referirlas al Estatuto, para ganar en letras, lo que se pierde ante realidades.                                                                 Tampoco se justifica, querer mencionar como centro del problema al Estatuto, o los organismos que de él se desprenden, cuando todos primeramente lo ignoran, o intencionalmente quieren pasarlo por arriba.                                                                                                                    El Estatuto no es el culpable. De nuestra parte, otras actitudes han dejado al Estatuto debilitado en su presencia como documento que acordó los derechos e intereses de ambas partes, dejando además caminos libres para lo que  en el futuro podrían aparecer como “como cosas no previstas”.                                                                                                                            Se ha dicho la necesidad de revisar el Estatuto, parte de un Tratado de Límites muy especial, que es opinión de grandes internacionalistas, que nunca debe ser abierto para no debilitar y causar perjuicio al más débil de los signatarios. Si es necesario, como puede considerarse ante este caso, que lo previsto para “medio ambiente” requiere actualización, apropiado es, hacerlo a través de Notas Reversales, u otra forma de Acuerdo complementario, a adjuntar al Tratado, sin necesidad de exponer a una revisión, que de por si, permite que sea hasta total del Tratado.

 Otra debilidad es el cambio de criterio en el nombramiento de los Delegados a las Comisiones (tanto del Río Uruguay, como del Río de la Plata y Su Frente Marítimo), cuando se sustituyeron los nombramientos de representantes de Ministerios involucrados en los temas a desarrollar en las Comisiones. Por ejemplo: MRREE, por ser Comisiones Internacionales, MGAP, por forestación y conservación de riberas e islas y  pesca: MDN por la navegación y custodia de la seguridad en varios sentidos, MOP por dragados de explotación y técnicos, vías navegables, puertos, y así sucesivamente. Cuando los temas a tratar superan el número de delegados por especialidad, está previsto que otros como asesores, puedan integrar las deliberaciones de la Comisión.

Este sistema fue sustituido para dar paso a designaciones de compromisos políticos de aquellos que no tenían puestos pero que habían sido colaboradores en campañas políticas partidarias.    Esto bajó considerablemente la representación capaz, experiente, funcionarios dedicados en forma permanente a sus especialidades, etc. Realmente lamentable. Delegados políticos, que solo aportaron su presencia en las reuniones, sin aportar, sin conocimiento real de la tarea.

 Si la Delegación ante CARU, hubiera contado con representantes aptos para la función, seguramente se hubiera procedido apropiadamente.

Por fin, ante el convencimiento de que no se tendría respuesta favorable al planteo uruguayo para llevar adelante el proyecto, no es de recibo tomar la actitud de la avestruz, más mirando los resultados, donde las pérdidas por otros rubros han sido demasiado duras, para los transportistas, para los operadores turísticos, para las poblaciones de Fray Bentos y Mercedes, en sus negocios, para toda la población de nuestra República al haber tenido mayores costos derivado de fletes y demoras, y mucho más.                                                                             Si hay un acuerdo político internacional, sería mejor mantenerse dentro de él, y no arriesgar. Y no creer que lo jurídico es lo principal, mantener la política que resguarda los verdaderos intereses nacionales, es lo deseable. Menos aún, que juristas nacionales en lugar de aportar soluciones cualesquiera sea el planteamiento, defendiendo la posición nacional, se pronuncien en rigor jurídico, sosteniendo que el violador del Estatuto  es nuestra República.                                        El fallo aprovecha lo procesal y jurídico del Estatuto, no su fondo político, para un resultado diplomático que recoge el viejo principio de que “si bien es cierto…, no es menos cierto que…” y con ello queda a la prudencia e inteligencia de los enfrentados dar salida honorable y útil para ambos.                                                                                                                              Acá tampoco el Estatuto es culpable, pero quizás de modo sutil, también ha sido violado.

Creo que el Estatuto, debería ser revindicado de tanta violación

Yamandú Flangini  

Fecha: 27/04/10

 

Uruguay Marítimo y Puertos

 

Por Gustavo Penadés *

Luego de muchos anuncios frustrados acerca de la construcción de un puerto de aguas profundas en nuestro país, parece que esta vez se estaría hablando más en serio. Aunque, claro está que deberían darse dos supuestos fundamentales: uno, que la empresa Aratirí termine por desarrollar sus planes de explotación minera; el otro, es que el medio más rentable para la importación y exportación de mineral sea la costa de Rocha.

Si esos intereses prosperan, posiblemente el puerto de Rocha se convierta en una oportunidad de negocios para otros operadores estatales y privados. Lo cierto es que se estaría cumpliendo aquello de que un puerto no nace por mero voluntarismo, sino cuando se verifican circunstancias de índole comercial y económico que lo tornen deseable.

Dando por bueno que se construirá un puerto en la costa rochense, hay que pensar -seguramente hay personas que ya están en ello- de qué forma se integrará al conjunto de servicios que prestan los otros puertos nacionales, incluyendo el de La Charqueada.

Más, si el desarrollo de la navegación de ultramar es fundamental para los intereses nacionales, no debemos olvidarnos del Río de la Plata ni de la Hidrovía, en cuyo final se ubica, nada más ni nada menos, que la Terminal de Nueva Palmira. Indisolublemente vinculado a todo ello está la Marina Mercante Nacional, la que tiene un papel fundamental a cumplir y que hoy no recibe la consideración y apoyo que efectivamente requiere y merece. Al día de hoy, el número de embarcaciones es muy reducido y concentrado básicamente en el tráfico en el Río de la Plata y la Hidrovía. Para tener conciencia de la significación de ésta basta con advertir que, si en 1988 el tráfico estaba a cargo de unas 250 barcazas, al día de hoy operan más de 2000.

No obstante, al respecto persisten para nuestros empresarios problemas complejos que ameritan la intervención decidida y enérgica de nuestras autoridades del servicio exterior. Siendo que la intención de los correspondientes acuerdos es el beneficio mutuo de los Estados, en la práctica se verifican situaciones que tienden a beneficiar a unos en detrimento de los otros. Nada más que como demostración de lo que afirmamos, es el costo que implica la contratación de prácticos o baqueanos para la navegación por el Paraná, los que Argentina exige que sean de esa nacionalidad. Sin embargo, tampoco a nivel nacional existe conciencia de que la Marina Mercante es un sector de actividad de vital importancia. Veamos que hasta el año pasado -por lo menos- Ancap vendía el combustible más caro a la flota mercante que a los pesqueros; y que el acceso el crédito es caro; aunque, quizás, lo que mayor desaliento cause sea una cierta visión de que se trata de una actividad de importancia secundaria.

 

Senador del Partido Nacional - Editorialista del Diario EL PAÍS

 

Fecha: 08/04/10

Puerto La Esmeralda

 

Por Eleuterio Fernández Huidobro*

Uruguay no debiera hacer puertos ni terminales “al grito” pero todavía eso es así. Carentes de un plan estratégico y de un acuerdo nacional de Transporte a largo plazo, debemos estar dos por tres discutiendo diversas iniciativas que a veces se plasman, otras no y que, muchas veces, son peregrinas y hasta extravagantes (Bopicúa por ejemplo).

Ahora se ha puesto de moda el hierro. No es para menos: habiendo llegado a los 140 dólares la tonelada en los recién pasados tiempos, hoy se cotiza a 110 dólares con franca tendencia al alza. La demanda de China es enorme y en aumento.

Eso es lo que hay en Valentines: flor de precio mundial que hace rentable un yacimiento no muy grande (comparativamente) pero harto conocido, que durmió durante muchos años la espera de los precios mundiales que le dieran, como a la Bella Durmiente, el beso enamorado del ¡Levántate y anda!.La empresa minera Zamin (que también se especializa en puertos y en ferrocarriles), espantando el ganado, catea nuestras bucólicas praderas en plena Semana Criolla. Busca saber la dimensión concreta del yacimiento y, de valer la pena, los lugares precisos donde comenzar a destripar terrones para poner el hierro a cielo abierto.

Hasta ahora la minera ha dicho que piensa sacar unos diez millones de toneladas al año de un yacimiento que calculan tiene quinientos millones. Cincuenta años a razón de más de mil millones por año según los precios actuales. De eso, el Estado cobraría un misérrimo tres por ciento. Si la realidad post venta muestra que serán “nada más” que cinco millones de toneladas anuales, no cambiaría la cosa.De cifras tan escandalosas y de otros asuntos por el estilo, surge la imperiosa necesidad de cambiar la actual Ley de Minería (que no la hizo Zamin). Y también el vetusto Código de Aguas que padecemos desde 1925.

Pero además Zamin le ha echado el ojo a la playa rochense de La Esmeralda.

Resulta que entre ella y la playa de La Sirena, el Ministerio de Defensa posee unas exquisitas 1850 hectáreas con seis kilómetros de playa estatal al frente y tres kilómetros de fondo hasta la ruta nueve por lo que también tiene seis kilómetros de salida directa a dicha arteria internacional y, como quién dice, está en la orilla de la enorme Laguna Negra.

Imaginamos que el hermoso paraje hoy muy arbolado estuvo y ésta en manos de dicho Ministerio porque se enclava en la Angostura que otrora (por lo menos hasta la Guerra del Catorce) fuera punto militar neurálgico para las invasiones de ida y vuelta. Por eso construyeron la Fortaleza de Santa Teresa ahí.

Para colmo, a poca distancia de las blancas arenas, mar adentro, hay dieciséis metros naturales de profundidad y, un poco más allá, la isóbata bendita de los veinte metros.

No hay lugar en la Región que sin necesidad de dragado sea tan hospitalario y competitivo para los más grandes buques graneleros y portacontenedores del planeta.

Pero tampoco lo hay con 1.850 hectáreas disponibles para el despliegue portuario en tierra. Se trata de una Esmeralda muy escasa. Zamin debe resolver el problema logístico de sacar hierro y entrar carbón al mismo tiempo. Porque para transformar el mineral en pellets se necesita cal y carbón. Al puerto entonces hay que agregarle un ferrocarril o, en su defecto, un mineroducto de 230 kilómetros atravesando campos. Se trata de un caño de unos sesenta centímetros de diámetro por el que con agua a presión (hay un desnivel de más de doscientos metros desde Valentines a las playas citadas) baja el mineral en pellets. Ya en el puerto se separan ambos componentes y el agua vuelve cuesta arriba por otro caño cerrando un circuito que requiere mucha energía para su funcionamiento. A tal efecto se piensa construir en el futuro puerto una central eléctrica a carbón con capacidad para unos 200 megavatios.

La otra alternativa es la Laguna Merin y, por el canal San Gonzalo, la laguna de los Patos hasta el puerto oceánico brasileño de Río Grande (de menor calado que las playas rochenses). Para esa ruta ya existe un vía ferroviaria desde Nico Pérez hasta Yaguarón que pasa muy cerca de la desembocadura del río Yaguarí donde hoy se proyectan dos puertos: uno especializado en granos y otro en clinker y carbón para yacimientos de piedra caliza cercanos que ­ se dice ­ también entrarían en explotación. Por esta parecía inclinarse Puntigliano el año pasado cuando en oportunidad de cierto Congreso de ingeniería naval y refiriéndose al hierro de Valentines agregaba en power point las 300 barcazas necesarias, sus “empujadores”, el tiempo entre viaje y viaje y la ventaja en ese sentido con relación al largo trayecto que desde los yacimientos de El Mutún en Bolivia y Urucúm en Brasil, debía recorrer el valioso mineral para llegar al Océano.

Para ambas alternativas logísticas en Uruguay lo racional es el ferrocarril (los mineroductos suelen romperse ocasionando graves daños ambientales). Para el caso de Rocha no parece “sana” una central eléctrica quemando carbón a tan pocos kilómetros de playas que seguirán siendo tales. Pero debemos también tener en cuenta que esa “carga” y la infraestructura a construir contribuyen a rentabilizar el futuro proyecto de un Puerto de Aguas Profundas en dicho lugar que, como es obvio, serla más que atractivo también para el hierro del Mutún y Urucum y otros graneles sólidos y líquidos.

Por último por ahora: si el yacimiento de Valentines no tuviera 500 millones de toneladas, o si ellas fueran exportadas más rápido, la duración del Proyecto con toda su infraestructura construida, no sería por muchos años.

Uruguay jamás debe enajenar esas vitales 1.850 hectáreas ni tampoco su plena soberanía para decidir qué cosa se haría allí.

Si fuera un Puerto de Aguas Profundas con todo lo que ello implica, nadie ni nada debería sustituir al Estado en el diseño y gobierno de tanta estrategia junta. Ello no impide sino que garantiza la partictipación de empresas privadas en estricta igualdad de condiciones y transparencia. Tampoco nadie ni nada debe adquirir derechos por anticipado sobre ese futuro Puerto ni siquiera en mérito a ninguna concesión parcial.

Porque entre el yacimiento y el Puerto profundo lo más valioso para Uruguay es el Puerto. Por lejos.

 

* Senador por el Frente Amplio - Columnista  de Uruguay al Día

Fecha: 05/04/10

Un puerto lejano

 

Si hay algo peligroso, es un político aquejado por "fiebre" de anuncios. Si hay un lugar que ha sufrido de este mal es La Paloma. Desde tiempos lejanos, el balneario rochense ha sido postulado para ser centro pesquero, terminal maderera, polo minero, o la favorita del público: puerto de aguas profundas.

Cada Presidente que asume parece tener nuevos proyectos para esa zona, siempre acompañados de adjetivos grandilocuentes y seductores. Sin embargo la realidad, tan terca como los pamperos implacables que azotan al pueblo en invierno, termina por imponerse, dejando cicatrices emblemáticas como los hormigones de la vieja planta de Astra que a décadas de su fracaso siguen empañando el paisaje.

El presidente Mujica, para subir la apuesta a sus antecesores, fue a Bolivia a ofrecerle a Evo Morales construir allí un "megapuerto" a ser usado por los países del Mercosur. Una idea más propia de Alicia en el País de las Maravillas, que de la realidad regional actual.

Es verdad que muchos expertos creen que el destino inexorable de esa zona es convertirse en el puerto oceánico que canalice las exportaciones de Argentina (cuyos puertos están condenados al barro por la geografía) y del llamado "hinterland" de la hidrovía hacia el resto del mundo.También es verdad que otros entendidos creen que ese es un proyecto irrealizable, y que lo correcto sería enfocarse en el crecimiento del puerto de Montevideo, cuya recientemente frustrada licitación de una segunda terminal de contenedores parece mostrar que tiene mucho camino por recorrer antes de llegar a su techo.

Ilustrativas resultan las cartas publicadas en Búsqueda la semana pasada de dos entendidos en el tema como el Dr. González Lapeyre y Yamandú Flangini. En ellas se hacen preguntas elementales como ser con qué cargas va a operar esa terminal, con qué puertos va a competir, o qué estudios serios se han hecho para determinar que esa es la ubicación adecuada, su sostenibilidad económica y ambiental y, sobre todo, cual es la posición de la comunidad local (sería bueno saber qué opinan los candidatos a alcalde al respecto). Como dice Flangini, "todo lo demás es poner la carreta antes que los bueyes".

Pero hay otra realidad que ni políticos ni estrategas parecen tomar en cuenta. En los últimos años, cuando todos esos proyectos faraónicos fueron chocando con la fría pared del fracaso, lo único que mantuvo vivo al pueblo fue el turismo. Un turismo no basado en grandes inversiones sino en pequeñas apuestas locales. Así la zona ha ido creciendo lenta pero sostenidamente.

Ahora cada vez que un político vuelve a la carga con sus "megaplanes" para la zona, esa gente aguanta la respiración. Es entendible. A nadie le hace gracia que cuando está por decidir una apuesta económica importante, los empujes emotivos de un jerarca le frustren un negocio, o pongan en duda el valor de una propiedad.

¿No sería bueno que nuestros dirigentes fueran más medidos con sus anuncios, y tuvieran en cuenta el impacto que éstos tienen en la comunidad? Lo que en la charla de quincho puede sonar ingenioso y hasta inteligente, dicho desde un palacio de vidrio de la Plaza Independencia puede tener efectos a lamentar.  

Fuente: Por Martín Aguirre Regules-(EL PAÍS)

              (Opinión Editorial del Diario EL PAÍS)

Fecha: 29/03/10

Escepticismo en Bolivia: “Uruguay, entre los deseos y la realidad”

 

Opinión editorial - Diario Correo del Sur – ( Bolivia)

 Hace una semana, cuando el presidente de Uruguay, José Mujica, visitó nuestro país, dejó a su paso la mejor de las impresiones y avivó algunas de las más antiguas esperanzas del pueblo boliviano, de esas que nunca se extinguen pese a todas las adversidades que las condenan a pertenecer siempre al plano de las ilusiones.
La posibilidad de que Uruguay compre gas boliviano para satisfacer su demanda de energía y de paso así contribuir a la “diversificación de los mercados”, por una parte, y la oferta de una salida al océano Atlántico a través de los puertos de Nueva Palmira y Montevideo, por otra, son dos ejemplos de lo dicho. Que tales señales de acercamiento entre ambos países hayan sido dadas por un mandatario como “Pepe” Mujica, fue suficiente para que sean muy bien acogidas por nuestros gobernantes y por la ciudadanía. Es que su simpatía, sus antecedentes personales, la franqueza de sus palabras y la indudable buena fe que inspira sus intenciones, bastaron para dar la impresión de que un gran paso estaba siendo dado hacia la integración económica y geográfica entre ambos países. Y como si dos noticias aparentemente tan buenas fueran pocas, se volvió a sacar del olvido –una vez más— al proyecto Urupabol, (Uruguay, Paraguay, Bolivia) una de las quimeras integracionistas que con sus 50 años de existencia sólo en los papeles es una de las más antiguas de nuestro continente. Lamentablemente, en este como en muchos otros casos, los datos de la realidad no parecen respaldar los buenos deseos. Es que, por un lado, la demanda uruguaya de gas es muy pequeña y su proyección hacia el futuro es aún menos alentadora, pues Uruguay –como ninguna otra nación- no tiene ninguna intención de depender a mediano y largo plazo del gas boliviano, y si lo necesita hoy es sólo como un paliativo momentáneo mientras concluye muchos proyectos energéticos que están tan bien encaminados que Uruguay será pronto un competidor de Bolivia en el mercado energético regional, más que un comprador. A ello se suma que por la las dimensiones de la demanda y sus exigencias de infraestructura, cualquier contrato con Uruguay terminará siendo sólo un apéndice del vigente con Argentina, y ya se sabe que éste no está nada bien encaminado. Por otra parte, la oferta de dar a Bolivia un puerto en el Atlántico está en forma directa condicionada a mejorar sustancialmente la navegabilidad de la Hidrovía Paraguay-Paraná, lo que implicaría un costo medio ambiental tan alto que nadie está dispuesto a pagar. Mucho menos en tiempos en los que del ecologismo se hace un dogma. Esa, entre otras, es la causa de que el proyecto Urupabol se mantenga desde que fue concebido en 1963 –hace ya casi 50 años— en condición de proyecto inviable. A pesar de esos datos de la dura realidad, cabe esperar que esta vez las intenciones sean pronto respaldadas por algo más que buenos deseos y en ese marco pueden inscribirse, además, las negociaciones sobre comercio de medicamente a costos accesibles y encarar proyectos de investigación en forma mancomunada.
Más allá de las buenas intenciones, el acercamiento entre Uruguay y Bolivia necesita bases más sólidas que las que por ahora se ven.

 

Fuente: Diario Correo del Sur - Bolivia

Fecha: 26/03/10

Fernández Huidobro opinó sobre la subasta de terminal portuaria

Hace tiempo que ya sabíamos que nadie se iba a presentar, más allá de que quizá hubiera alguna empresa interesada”, en la subasta de la terminal de contenedores.

Lo dijo el senador Eleuterio Fernández Huidobro, quien en entrevista con LA 30 habló también sobre la nueva publicación periodística que saldrá el miércoles 24 de marzo.

Respecto a la no presentación de interesados en la subasta de la nueva terminal de contenedores, Fernández Huidobro advirtió que “hace tiempo que ya sabíamos que nadie se iba a presentar, más allá de que quizá hubiera alguna empresa interesada. Tenemos que darnos cuenta de que este tema no está aislado y depende de todo el contexto, porque tenemos problemas portuarios muy importantes. Por ejemplo, necesitamos puertos de aguas profundas en la costa atlántica. Entonces, pasó lo que podría pasar y eso lo sabíamos, no sólo los legisladores y los ministros, sino también los funcionarios que trabajan en los puertos”.

Complementando este punto, Fernández Huidobro dijo que “no hay que ver los temas aislados, sino que hay que analizarlos y determinar por qué suceden.”

 

Fuente: CX30 RADIO NACIONAL

Fecha: 25/03/10

Ante claro veredicto del mercado: revisar pliego portuario

Según gran parte de los que entienden de este negocio -como el anterior presidente de la administración portuaria, Ing. Fernando Puntigliano- el puerto de Montevideo necesita ampliar su oferta de servicios a través de una segunda terminal de contenedores. La inversión ronda los 300 millones de dólares y la herramienta para alcanzar esa meta es la concesión de obra pública. El Estado necesita un socio inversor y operador. En la antevíspera no pudo conseguirlo, al frustrarse el remate que, por razones de transparencia, debía decidir la adjudicación. Cuando sea oportuno se deberá insistir, pero con condiciones que puedan ser atractivas para un inversor. Según se detalló en la documentada crónica publicada ayer por Ultimas Noticias, no hubo interesados en hacerse cargo de la concesión de la segunda terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Para seleccionar al concesionario con la mayor transparencia se había resuelto apelar a la subasta pública, pero durante el procedimiento lo único que se escuchó fue la voz del rematador, que por 148 segundos intentó inútilmente que algún inversor participara de la puja. Con un remate de por medio, realizado frente a los ojos de todo el Uruguay -el edificio de la Bolsa de Valores albergó durante la subasta a más periodistas y más cámaras que corredores- no puede dudarse de que el mercado dio un veredicto que debe comprenderse: las condiciones del pliego no resultaron atractivas para operadores y compañías navieras que en principio habían manifestado su interés en realizar la importante inversión, que se estima en 300 millones de dólares. El tema de la segunda terminal fue desde el principio polémico, ante la airada oposición de los concesionarios de la primera, la empresa belga Katoen Natie. Hay incluso respetables alegatos jurídicos que se pronuncian a favor de los puntos de vista de los titulares de la primera concesión, que creen haber adquirido el derecho a trabajar sin competencia. En contraste, autoridades portuarias y gubernamentales consideraron que el país tiene perfectos derechos a realizar el llamado y que Katoen Natie adquirió en su momento -la subasta de entonces recaudó 17 millones de dólares- una concesión no exclusiva. Este tema sigue siendo objeto de negociación y pende la advertencia de que el Estado uruguayo puede ser objeto de una demanda sobre el tema ante un tribunal arbitral.

De lo que prácticamente no hay dudas, más allá de la obvia oposición de los primeros concesionarios, es que el puerto montevideano necesita incorporar otra terminal para alcanzar un mejor desempeño en su inevitable competencia con Buenos Aires -y otros puertos regionales- como centro de distribución de las mercaderías que salen y llegan a la región.

Tal cosa se hace especialmente cierta en un momento en que el país intenta abrir su litoral marítimo y fluvial también al tránsito de mercaderías de Bolivia. Y cuando el puerto de aguas profundas en Rocha, sin dudas complementario al de Montevideo para la distribución regional de mercaderías llegadas en los grandes cargueros, se convierte en un proyecto impulsado con firmeza por las autoridades. La segunda terminal se convierte así en una meta nacional que es necesario impulsar. El costo calculado de las obras y los equipos que deben incorporarse alcanza, según lo ya señalado, a los 300 millones de dólares. La herramienta para lograr su construcción en un breve plazo es sin duda la concesión de obra pública, mecanismo en principio cuestionado por algunas corrientes estatistas dentro de la coalición de gobierno pero que ahora se acepta como una herramienta para promover la inversión y el trabajo en el país. Esto es, darle impulso a un país verdaderamente productivo.

Lo obvio es que una inversión de ese porte no va a comprometerse con el progreso portuario del país a menos que tenga una razonable expectativa de encontrar un retorno para sus colocaciones. En especial en una situación como la del puerto montevideano, en que la plena ocupación de una nueva terminal va a resultar del aumento en el flujo de mercaderías promovido por la eficiencia de gestión. En otras palabras, el éxito económico no depende de la posibilidad de dividir el tránsito de mercaderías que ya existe sino del aumento del número de contenedores manejados en el puerto de Montevideo. En lo que fue una detallada investigación periodística, los cronistas de Ultimas Noticias que cubrieron el frustrado remate consiguieron incluso adelantar, en consulta con interesados, algunos de los aspectos del pliego que se cuestionan y que dieron lugar a la abstención de quienes habían manifestado un interés primario. En ese sentido, la crónica señaló que a juicio de los potenciales inversores la cláusula más cuestionada es la que impone márgenes mínimos de actividad en los primeros tres años de trabajo, penalizando al inversor con la pérdida de la concesión y del 80% de lo invertido en el caso de que esta meta no se cumpla. En realidad, en la volátil economía del último decenio, resultaría muy difícil que una cláusula así pudiera ser aceptada. Se señaló asimismo que la nueva terminal trabajará en competencia con al existente y que la fijación de un canon asimétrico es también un factor de disuasión para los eventuales inversores.

Desde el punto de vista técnico se planteó asimismo que debe autorizarse un cambio en la ubicación de la terminal, que haría más accesibles las obras de relleno que el concesionario debe encarar para la edificación de los nuevos muelles. Todo lo anotado, por último, resulta en dificultades para obtener financiación para el proyecto por parte de fondos que colocan en proyectos prometedores en cuanto a resultados y no en otros que significan considerables riesgos, como el que plantea la primera de las normas cuestionadas.

En definitiva, Uruguay necesita ampliar las posibilidades de su puerto y busca un socio que enfrente las cuantiosas inversiones que derivan del proyecto. Con el remate desierto a la vista, lo inteligente será revisar el pliego y promover mejores condiciones para que el socio también tenga la expectativa de alcanzar una utilidad.

 

Fuente: Editorial Diario Últimas Noticias –Montevideo

Fecha: 23/03/10

El Águila y el Graf Spee

 

"La recuperación de naufragios, con los proyectos de arqueología subacuática, hoy todos trancados, produjo esta semana la visita del Canciller de Alemania, con motivo de la gran presión que su gobierno está ejerciendo sobre Uruguay para que el águila de popa del Graf Spee, no se venda ni se exhiba.

Hay más de 1.000 naufragios en aguas territoriales uruguayas. Solamente con la subasta del naufragio Nuestra Señora de la Luz se construyó el liceo de San Carlos, y en ese caso era sólo el 1% de la carga original. España cedió a Uruguay los derechos de los naufragios en el Tratado de 1870. Alemania vendió -y cobró- el Graf Spee en 1940 (Embajador Otto Langman) en 14.000 libras al ciudadano uruguayo Julio Vega Helguera. Alfredo Etchegaray realizó una investigación histórica (Public Record Office de Londres + El País, 2 de marzo 1940 + documentos Museo Naval + documentos Regusci Voulminot) y comprobó que el Servicio de Inteligencia inglés, en forma secreta, compró el Graf Spee y retiró ocho piezas para su análisis.

Además, el decreto ley 14.343 en su artículo 5 declara propiedad de Uruguay todos los naufragios. Luego de prolongadas investigaciones en los archivos históricos, tecnología de última generación para la búsqueda electrónica y miles de horas de arriesgado buceo en aguas turbias con la supervisión de técnicos y arqueólogos, hemos ubicado 254 naufragios. 25 años de esfuerzos e inversiones significativas, a la espera de ser rescatados, para apoyar nuestro más rico patrimonio: nuestra gente, nuestras familias, nuestro pueblo, siempre preservando la información histórica y realizando una adecuada divulgación cultural.

Nuestra constitución garantiza un sagrado derecho humano y ciudadano: el derecho a la justa compensación por nuestro trabajo. Aplaudí con entusiasmo y esperanza las frases de nuestro Presidente, José Mujica, en el Conrad: `Apuesten al Uruguay (…) Precisamos gente que se la juegue e invierta. (…) Un clima que propicie la inversión, el sueño, la utopía (…) Cuanto más inversión, más crece la economía, más crece la recaudación para los servicios sociales y se logran más oportunidades para los más necesitados (…) El partido se juega en el campo del talento (…) El progreso…es el trabajo`. El destino sugerido por nosotros siempre fue serio, histórico y cultural, contemplando la justa compensación: un museo en el Cerro, Punta Brava, el edificio de la Armada de Lindolfo Cuestas en un proyecto con el Museo Naval, un dique de aguas tratadas, transparentes, rodeando el naufragio, o una subasta con pre-calificación de interesados y garantía del destino histórico cultural de la pieza (se deja una copia en Uruguay) y se logran fondos para servicios sociales, salud, vivienda y educación. Una solución consensuada que contemple a todas las partes puede culminar además con un atractivo turístico internacional. Todos queremos un trato constructivo y conciente para los restos del Graf Spee."

 

 Alfredo Etchegaray  

Fecha: 16/03/10

Entrampados en el Mercosur

 

Por Ignacio de Posadas (*)

 

Presos en sus escombros. ¿Qué hacer? Una de las decisiones más difíciles para el nuevo gobierno, pero también de las más trascendentes y más impostergables. Basta de "queremos más y mejor MERCOSUR". Pues no nos lo van a dar. Hay que encarar. ¿Cómo? Con Madurez y Realismo (y en el caso del gobierno, también con "mutismo": debe tratar de hacer y no hablar sobre lo que piensa emprender).

Madurez: ha faltado para ver la realidad. En vez, sumamos a los graves problemas prácticos, construcciones voluntaristas, cargadas de ideología, que superponen ataduras políticas a las comerciales, sin beneficio alguno.

Nuestro país no tiene una política exterior coherente, fundada en la comprensión de los intereses nacionales. El último gobierno terminó de desnortearla cuando confundió política exterior con nirvanas ideológicos (apolillados). En esa línea, mareados por un discurso plagado de lugares comunes (apolillados), nos dejamos empaquetar con el "Mercosur Político" (y su suprema barbaridad: el parlamento del Mercosur).

Al son de "la familia latinoamericana", aplaudimos cuando nos sustituyeron la realidad comercial y económica con quimeras (y aventureros). Así, pasamos de algo difícilmente manejable, pero donde jugábamos un rol gravitante y sobre todo circunscripto a asuntos de nuestro interés, a un circo, donde se juegan partidos geopolíticos en los que deberíamos ser ajenos (o por lo menos, jugar de líbero), con un rol tan diluido que no alcanzamos ya a ser ni siquiera actores de reparto. Siempre supimos que para Brasil el Mercosur era primordialmente un proyecto político, pero el quid del asunto estaba en el quo económico que aquel país debía pagar por su pretendido liderazgo. Hacer de claque no es ni conveniente, ni decoroso.

Realismo: no hay política exterior viable si no está enraizada en la realidad (así le fue al sueño de las afinidades ideológicas) ¿Cuál es nuestra realidad en este tema?

1) El Mercosur nos sirve cada vez menos. En materia de inversiones, directamente nada. Peor, Brasil consintiendo los incumplimientos argentinos y desarrollando los propios, obtuvo el resultado querido: ante la inseguridad jurídica, el inversor se coloca en el mercado más grande.

En materia de comercio el panorama es más complejo: las posibilidades de desarrollarlo como fue planteado en el Tratado de Asunción son escasas e inciertas, pero aún sobrevive uno de los motivos que llevaron a incorporarse al Mercosur. El PEC y el CAUCE subsisten (aunque habría que evaluarlos a la luz de nuestra economía hoy). Este es uno de los motivos por los cuales no se puede pensar alegremente en dar un portazo.

2) El Mercosur no tiene arreglo. Para retomar el camino de construir una unión aduanera, se precisa que a Brasil le interese y que Argentina vuelva a reflexionar acerca de cuáles son sus intereses. Esos supuestos hoy no existen. Sin eso, los otros socios nada pueden hacer.

3) Es muy dudoso que una unión aduanera, sea hoy una buena opción para el Uruguay.

4) Lo que mejor nos convendría es una "fuite en arrière". Como estamos es malo; avanzar es imposible y de dudoso beneficio en cualquier caso, piantarnos es muy riesgoso, (económica y políticamente).

Detengámonos aquí. No hay posibilidad de innovación para el Mercosur sin Brasil. Como, seamos realistas, no hay posibilidad para el Uruguay de armar una política exterior sin Brasil. Pregunta realista entonces: ¿dónde está Brasil en estos temas?

La respuesta no es promisoria. Las líneas tradicionales de la política exterior brasilera, están algo borrosas. Sus ancestrales metas geopolíticas se han visto obnubiladas por infusiones ideológicas y, últimamente, por una mal disimulada soberbia: Nada avanzaríamos con el gobierno Lula en su estado actual. Pero es igualmente cierto que para el Brasil la utilidad del Mercosur ha disminuido mucho, al tiempo de que también para él se ha convertido en una trampa. Las finalidades geopolíticas que Brasil añora, o bien las ha tratado de empujar (con poco éxito) por otros caminos (Doha; Grupo de los 20, visita a Cuba, recibimiento a Ahmedinajad etc.) o bien ha constatado que el Mercosur "no calienta a nadie". Paralelamente, Brasil ha pasado, irónicamente, a ser también prisionero del Mercosur. Ante las escasas perspectivas que ofrece la ronda Doha, casi todos los países se lanzaron a crear redes de acuerdos bilaterales. Los integrantes del Mercosur quedamos afuera y eso es muy negativo y muy riesgoso si Doha fracasa. Muchos en Brasil entienden esto claramente y les preocupa. Brasil firmó tratados con todos los países del subcontinente, pero tiene la ñata contra el vidrio de casi todos los demás.

¿Qué hacer en concreto?

I.-Hablar poco y muy prudentemente. El nuevo canciller ha demostrado oficio en esto. II.- Hacer un análisis a fondo de nuestra realidad y las opciones que ofrece, cuantificándolas. Encargar esta tarea a un grupo de trabajo, "pesado", multidisciplinario ("y multi-ideario"), reducido, con plazo y fuera de candilejas, no sería mala cosa. III.- Empezar a contactarse e informarse de las posiciones y preocupaciones de distintos sectores de influencia y poder en Brasil. Luego, ir preparando, primero al gobierno y después a la opinión pública de lo que seguramente serán decisiones muy difíciles, con consecuencias cuya certeza ningún gobierno puede responsablemente asegurar.

 

Nota: El autor es editorialista del diario El País de Montevideo, fue Senador de la República por el Partido Nacional y Ministro de Economía y Finanzas.

 

Fecha: 15/03/10

Puerto de aguas profundas: Los tiempos pasan….

* Por C/N (R) Yamandú Flangini

Hace más de varias décadas, en mis primeros contactos con el tema del transporte por aguas en Uruguay, he conocido de los más variados proyectos o propuestas para la construcción de un puerto de aguas profundas.

A modo de anecdotario, puedo recordar proyectos en las costas de Rocha, como en el propio Banco Inglés, en medio del Río de la Plata, en base a rellenos que daban la posibilidad de obtener un área para el desarrollo del puerto, pero que no consideraban ni como llegaban o se iban de él las mercaderías en tránsito.

También un  proyecto de abrir la barra de la Laguna Negra y establecer allí el puerto aprovechando la profundidad natural de la Laguna que se estimaba en 20 metros producto de la lectura en la carta de sondajes de 2.0, olvidando el punto que en realidad marcaba 2 metros solamente.

Pero más allá de las anécdotas, hubo si un factor común en el puerto de aguas profundas, era darle ubicación en base a la profundidad cercana a la costa que permitiría obtener lo deseado: Profundo.

Considero que  a la fecha, no se ha tenido la consideración que el tema requiere, y que han sido dejados de lado o soslayado, los enfoques que debieran considerarse realmente, para poder evaluar la conveniencia o no de su concreción.

La primera es analizar una política portuaria a desarrollar, unida indivisiblemente a tener en cuenta los otros factores que hacen el todo de un transporte por agua: el buque, la vía navegable y el propio puerto.

Así también considerar que un puerto comercial, es esencialmente una concepción económica, y sin ella, por más que los aspectos de ingeniería, las condiciones geográficas del área lo hagan posible en su construcción física, el objetivo real está muy distante de ser posible.

Se nombra ahora La Paloma como puerto de aguas profundas, lo que pudiera o no ser apropiado, siempre que cumpla o no con todos los aspectos a considerar.

Es obvio que un puerto de amplias capacidades para el movimiento de cargas de origen nacional, aparece como una operación económicamente insostenible por la inversión frente a la ocupación  real o necesaria.

Si se concibe la utilización de un puerto en nuestro territorio, pero con captación de interés de servicios de toda la región del Atlántico Sur Occidental del continente, lo primero que se debe enfocar, son las características de la aceptación  de lo que se ofrece, que exigencias se soportaría y como repercutiría ello en lo interno político y social de nuestro país, sus costumbres y sus aspectos legales.

Si como ejemplo de comparación o de inspiración tomamos la actividad que se desarrolla en los Países Bajos, que tienen un muy importante movimiento captando cargas de prácticamente toda Europa, se deberá observar bajo que condiciones se logra.

Pensar que el puerto esté regido por el Estado bajo un régimen legislativo como el actual, atendiendo y sometiéndose a formas sindicalizadas de trabajo, o equipando el mismo con dineros del Estado, o dándole comunicaciones terrestres (ferroviarias y de acceso carretero), o cualquier otra inversión estatal para mantener un ofrecimiento de servicios acorde con requerimientos de los más diversos aspectos, es cerrar casi las puertas al interés y al éxito de la empresa.

Los negocios comerciales del transporte por agua, son esencialmente apropiados para ser realizados por el sector privado y no por el estatal. Reglas económicas y sociales regidas por el Estado en su totalidad y rígidamente fijadas, tampoco dan buen atractivo frente a reglas especiales, flexibles y con amplia participación privada.

Es si necesario considerar que beneficios se pretenden obtener, pasando ellos por la ocupación de mano de obra a todo nivel, aplicación de nuestro régimen jurídico, la no enajenación de terrenos sino la concesión, y normas de cuidado de procederes, cuidado de medio ambienta y control de tráfico lícito, y fundamentalmente además, la utilización de medios de transporte de cabotaje, fluviales, ferroviarios, carreteros, con amplia participación nacional, así como lo relativo a aprovisionamientos y demás servicios de apoyo a la actividad portuaria, sin incluir lo referente a utilaje portuario en si.

Si estas materias no son antes acordadas y consideradas como aceptables en lo interno, la profundidad del puerto, o mejor, el puerto en si, no tiene aspectos convincentes de éxito.

Las reformas en el puerto de Montevideo, la conducción del mismo en los últimos años, han sido especialmente eficientes, pero Montevideo como tal, no presenta muchas más oportunidades de expansión ni posibilidad de erigirse en un puerto esencial de la región.

Elegir el Este, en este caso sí, por razones de profundidades naturales cercanas a las costas, por facilidad de acceso, por rutas navegables no restringidas, todo acorde con los tamaños de los buques más usados en la actualidad y posiblemente en un futuro bastante extenso,  justifica el emprendimiento a ofrecer a la región.

Es pues primero analizar la política que se emplearía en un puerto en el Este, considerando sus aspectos políticos, jurídicos, sociales, de relación con el Estado, etc. y después de ahí, y como etapa evidentemente secundaria, pensar si es La Paloma, o cuantos kilómetros de costa por el Este (Rocha) estarían en algún lugar destinados al emprendimiento, quién y como se haría

Lo demás es poner la carreta antes y así poco probable es que funcione.

Quizás un pensamiento apropiado es desear ser los Nederlands (Países Bajos) de América, y no la Suiza. Somos parecidos como país territorial a ellos, diferente es la región que nos rodea, pero las adecuaciones pueden realizarse.

Los tiempos para el Puerto de Montevideo se acaban, tiene demasiadas limitaciones para ser un puerto verdaderamente atractivo en lo regional.

Se hace necesario concretar las decisiones de política portuaria, antes que próximos a nuestras costas del Este, aparezcan otros primereando en el mercado.

 

YEF

Es necesario aumentar vigilancia del mar territorial

 Entre quienes formarán parte del gobierno electo existe la firme convicción de que Uruguay debe incrementar sensiblemente su presencia en el mar territorial a efectos de desarrollar una acción disuasiva que evite el ingreso de quienes vienen a pescar a sus aguas territoriales. Este aspecto cobrará mayor dimensión cuando la ONU oficialice la extensión del mar territorial tal como fuera oportunamente planteado por la Administración saliente en base a un largo trabajo que ya lleva varios años. Un equipo que trabaja en la transición que se viene procesando entre el gobierno del presidente Tabaré Vázquez y el de su sucesor, José Mujica, analiza realizar un mayor despliegue militar sobre la plataforma continental marítima con el objetivo de marcar la soberanía y preservar los recursos naturales que allí existen y así disuadir a los que quieran apropiarse de las riquezas del país.

El control debería realizarse sobre las 350 millas marítimas que van desde el límite del Chuy hasta Punta del Este y constituyen la denominada plataforma continental. Los expertos en el tema advirtieron que para controlar esa franja es necesario un despliegue de la Armada diferente al que se tiene ahora, e inclusive, con el apoyo de la Fuerza Aérea.

De acuerdo a lo informado por una nota documentada publicada por Ultimas Noticias en una  reciente edición, una posibilidad para hacer valer la soberanía puede ser la construcción por la Armada de un tipo de  embarcación especial. Algo así como una “patrullera oceánica” que puede ser construída también en conjunto con los países de la región como mecanismo válido para abaratar los costos del operativo.

Si bien el valor financiero que significa para Uruguay la aplicación de este proyecto es considerado alto, en comparación con los resultados que puede traer en términos económicos se justifica ya que cuando se encuentra un pesquero -por casualidad- dentro del mar territorial, al país le sale más caro descargar la materia prima que lleva en sus bodegas y ponerle la multa que desarrollar un patrullaje preventivo.

Otro mecanismo que piensan aplicar las autoridades son los vuelos de disuasión por parte de unidades de la Aviación Naval.

Esta idea de ejercer la soberanía más allá del horizonte terrestre no es nueva en el entorno del mandatario electo. El senador de la Cap-L, Eleuterio Fernández Huidobro, advirtió varias veces acerca de la falta de control que tiene Uruguay a nivel de su mar territorial. Así expresó en sus columnas en varias publicaciones al apuntar que en tan vasto espacio y a diferencia del área continental de la República, la presencia del Estado y la representación de nuestra soberanía sólo la ejercen la Armada -hoy muy menguada- y la ausente Marina Mercante Nacional de la que a duras penas sobrevive la flotilla pesquera (también en crisis).

Aún está en trámite ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) una solicitud formal presentada por Uruguay ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental para ampliar su zona marítima de 200 a 350 millas náuticas, afirmando sus derechos exclusivos sobre esta zona económica, con la perspectiva de explotar aún más los recursos ictícolas y descubrir posibles yacimientos de gas y petróleo.

La prolongación del mar territorial aumentaría el territorio marino en 103.000 km2, que sumados a los actuales 120.684 km2, superarían en 45% la superficie terrestre del país.

El reclamo se ajustó a los requerimientos de la Convención de Derechos del Mar de la ONU, de 1982, y se basó en mediciones de profundidad y geofísicas realizadas por la Armada para determinar el alcance de la plataforma submarina.

La Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar rige las potestades de los Estados sobre los respectivos territorios marítimos, lo cual permite extender los derechos de soberanía nacionales ampliando a 350 millas náuticas la Zona Económica Exclusiva de jurisdicción nacional, e incorporando al patrimonio nacional importantes recursos marinos, como por ejemplo, los recursos minerales y pesqueros presentes en la zona.

La presentación formal que hizo Uruguay coincidió con los planes de búsqueda y exploración marina de eventuales yacimientos de hidrocarburos en la llamada Cuenca Punta del Este, en el océano Atlántico, donde se considera que existen depósitos de gas y petróleo.

Así las cosas, no cabe más que respaldar esta iniciativa de aumentar el control militar del mar territorial porque si bien Uruguay es un país que habitualmente ha mirado poco hacia su rico litoral marítimo, es hora que esa visión cambie y se ejerza un cuidado más estricto de un área que es mucho más grande como el territorio terrestre que tiene el país.

 

Editorial del diario Ultimas Noticias- Montevideo

Fecha: 24/02/10

REMANDO

Por Eleuterio Fernández Huidobro Senador de la República - Fundador y exdirigente del M.L.N.- Tupamaros.

 Tenemos que cambiar el mapa mutilado: enseñarle a nuestros hijos y nietos y al mundo, el Uruguay completo. Que incluya la patria de agua.
Ahora que hay debate sobre educación bueno sería corregirlo”
.

Hablar de nuestros intereses marítimos es manejar un concepto abarcativo. Incluye lo fluvial, lo lacustre y los aspectos sociales, políticos, científicos y económicos. Las costas, los puertos, los canales, la Antártida, etcétera.                                                                                                     Veamos rápidamente:
El Rey de España señalando hace siglos la bahía de Montevideo marcó sin quererlo el nacimiento de una patria.
La “manzana de la discordia” no se redujo nunca a la ciudad de Colonia.
El conflicto interminable fue, además, por estos territorios ubicados en una esquina vital y por eso “peligrosa” del mundo.
Montevideo fue el más grande bastión marítimo del Imperio Español en el Atlántico Sur, una marca fronteriza entre imperios y una formidable guarnición militar. La puerta de un estuario que da entrada a una vastísima cuenca fluvial que se interna por miles de kilómetros en el continente.
Inglaterra quiso, a sangre y fuego, con altísimos costos, poseer esa llave y, cuando Artigas con su pueblo se alzó en armas, tuvo que fundar, además de un ejército, una Armada, y librar patentes de corso que hicieron flamear nuestra bandera en todos los mares.
La famosa carta a Bolívar es pidiéndole apoyo para eso.
La llamada Guerra Grande mostró por nuestros mares y ríos a las más poderosas flotas del mundo injiriéndose militarmente en nuestros asuntos, bloqueando estos puertos y abriendo a cañonazos la navegación del Paraná a pesar del heroísmo de Lucio Mansilla.
No muchos años después, una poderosa flota brasileña fondeó ante Paysandú para no dejar allí piedra sobre piedra: ello era necesario, imprescindible y previo a la Guerra del Paraguay.
Sin Uruguay, la Triple Alianza auspiciada por Inglaterra no hubiera podido invadir aquél país.
Montevideo fue nuevamente una gran base naval y un emporio logístico (bélico y comercial) de entrada y salida.
Entrando al siglo XX, su Primera Guerra Mundial, aparentemente tan lejana, libró en la zona la llamada Batalla de las Malvinas entre alemanes y británicos muriendo en ella quien pocos años después daría nombre a un acorazado alemán hundido frente a nuestras playas en la primera batalla naval de la II Guerra Mundial.
Pocos meses después, en jornada parlamentaria memorable, el Senador Luis Alberto de Herrera interpela al Ministro Guani denunciando e impidiendo la inminente instalación de una base aeronaval de los Estados Unidos en Laguna del Sauce.
Recientemente recibimos en la Comisión de Defensa del Senado la visita de integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara de los Lores. Uno de ellos, joven militar en actividad destacado por esos días en Afganistán...
Nos preguntaron para qué necesitaba tener FFAA el Uruguay. Dijimos entre otras cosas, que para ser neutrales. Porque nadie en el mundo cree en países neutrales que no tengan la capacidad militar de serlo.
Y en segundo lugar porque estamos en un lugar peligroso del planeta según la Historia nos enseña, incluyendo en esas enseñanzas la tan reciente, cercana y conocida por ellos Guerra de las Malvinas. Hace poco recibimos en nuestro despacho a un estadounidense de origen japonés. Su abuelo inmigrante estuvo preso en los EEUU durante una guerra, su padre fue traductor de Mcarthur en otra guerra y ahora él es profesor universitario, urbanista especializado en “clusters”. Estaba estudiando Montevideo con sus alumnos. Dijo que suponía que en Uruguay había o debía haber “clusters” vinculados a la industria de la carne y a la industria láctea pero que estaba seguro de que ya había de hecho uno que vio apenas llegó: el “cluster” portuario de Montevideo. En realidad: el que debía haber porque rompía los ojos.
Las instalaciones de ese puerto deberían, dijo señalando por la ventana los jardines del Palacio Legislativo, llegar por lo menos hasta acá.
Pero también dijo que en su vida había visto una cebra peatonal sobre la ancha avenida de acceso al puerto y menos a un peatón cruzándola tomando mate mientras los camiones esperaban...
Y mucho menos una autopista cortando por la mitad al puerto y separándolo del ferrocarril.
¿Cómo puede ser que estudiantes y profesores recién llegados desde una lejana universidad vean lo que nosotros miramos pero no vemos?
Sencillamente porque desde hace demasiados años le hemos dado la espalda al mar.
Hasta la Intendencia Municipal de Montevideo apoyó el Plan Fénix olvidando que Montevideo es en primerísimo lugar un puerto.
Nos lo recuerdan varios faros iluminando desde nuestra niñez las noches; uno de ellos lo llevamos en el Escudo Nacional.
Nos lo recuerdan los cada vez más numerosos y grandes barcos estacionados en el horizonte.
Pero no actuamos en consecuencia.
En enero tuvimos el honor de ser recibidos en Vigo por la Cooperativa de Armadores de Pesca.
Conocen nuestro puerto, sus canales, sus accesos, sus diques, sus muelles y depósitos mejor que quien habla. Nos dejaron una frase retumbando en el pecho:
“Os ha quedado chico el puerto”: ¡lo dicen nuestros “clientes”!
Y por ahí andan ciertos inversores interesados en nuestra profundidad natural de 20 metros tan cercana a la costa en el este, y por ahí están nuestros canales en situación crítica, y Nueva Palmira expandiéndose, y los puentes internacionales cada poco bloqueados...
Como se ve, entrando al tema, apenas hemos salido del puerto y andado por algunos ríos: nos quedan todos los demás ríos y los lagos, la mar nuestra que pronto llegará como a setecientos quilómetros rumbo al horizonte. Toda la mar restante. Y la Antártida.
Po
r no hablar de otros litorales, observemos que nuestros balcones al mar son municipalmente hablando Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. No hubo en ellos, tampoco hay aunque vamos a tratar que haya, políticas municipales referidas al mar salvo algunas de carácter turístico.
Desgraciadamente parece que el mar es apenas de uso veraniego y para bañarse.
Pensemos solamente, por poner un solo y modesto ejemplo, en los pescadores artesanales.
Le dimos la espalda al mar.
Destruímos la marina mercante de ultramar incluyendo la petrolera. La fluvial y la de cabotaje.
Los diques y astilleros languidecen o están muertos como la industria pesquera en tierra salvo honrosas excepciones.
La Armada no ha escapado de esos golpes.
Pero no se puede tapar el cielo mirando para otro lado. El cielo y la mar seguirán allí: imponentes.  Se trata de nuestro Departamento número veinte. El más grande. Tanto que pronto cubrirá más espacio en el planeta que los otros diecinueve juntos.
Nos une, como un camino, a la Antártida y al Atlántico Sur donde el futuro nos espera; a las costas de Africa que son nuestros países vecinos olvidados; a las de Brasil y de Argentina; al Estrecho de Magallanes y por él al Pacífico; al Pacífico también por nuestros puertos actuales y futuros con sus nervaduras carreteras, ferroviarias, aéreas y fluviales; nos mete corazón adentro del Continente y, en fin, con nuestra flota pesquera y la segurísima mercante que el destino nos depara, nos une con todo el mundo.
Porque somos un país marítimo.
Es apremiante el mandato de la geografía, la Historia y el Futuro.
Andaremos por la vida con un remo al hombro...
Ahorramos detallar la interminable lista de tesoros que ese vasto espacio guarda para nosotros: animales, vegetales y minerales. Acuáticos, subacuáticos y subterráneos. Genéticos, científicos y culturales. Extractivos, industriales y de servicios...
Por los caminos del mar y desde el mismo mar; por los ríos y en los lagos y desde ellos, nos viene y vendrá la energía incluyendo la eólica y la de las olas.
Necesitamos una Política Marítima de Estado. Que traspase gobiernos y Partidos. Que sea una Empresa Nacional.
Necesitamos un Ministerio Marítimo y, mientras tanto, un organismo que coordine y ejecute esas actividades.
Que una las fuerzas ya disponibles y desarrolle la potencial disponible haciéndola realidad.
Que incluya varias Universidades Marítimas y aunque siempre hemos criticado que haya tantos abogados, ahora abogamos porque los haya pero expertos en Derecho Marítimo Internacional (hay muy pocos). Que vitalice nuestras flotas, sus diques y astilleros comenzando urgentemente por la petrolera y ahora también la gasera. Que impulse y apoye la industria y los servicios vinculados.
Somos optimistas: hemos recorrido el país muchas veces realizando actividades grandes y chicas y podido ver, con sorpresa, en los rincones más perdidos y más alejados de la costa, entre la multitudinaria gente humilde, una muy extraña curiosidad sobre estos asuntos. Porque no dejaba de ser extravagante a primera vista hablar de estas cosas por ejemplo en Isla Mala o en Noblía. Duerme en nuestra gente un raro interés que despierta en ella una lluvia de preguntas. Se ve que en el alma de este pueblo, a pesar de todo, hay una profunda añoranza del mar que le dió origen.
Tenemos que cambiar el mapa mutilado: enseñarle a nuestros hijos y nietos y al mundo, el Uruguay completo. Que incluya la patria de agua.
Ahora que hay debate sobre educación bueno sería corregirlo.


 Fuente: www.depolitica.com.uy

Fecha: 23/02/10

El estatuto del Río Uruguay y la necesaria prudencia

 

Por el C/N (R) Yamandú Flangini (*)

Al igual que el Tratado del Plata, hay quienes tienen intención de revisar el Estatuto del Río Uruguay,  para lo cual se ha anunciado por un dirigente del Partido nacional, tener un proyecto listo para considerarlo con el nuevo Poder Ejecutivo cuando este asuma.

El Estatuto nace del Tratado de Límites del Río Uruguay, de 7 de abril de 1961, en el que en su art. 7° dispone su redacción, luego de entrado en vigencia el propio Tratado.

Hasta 1968 ninguna tarea de demarcación prevista, ni la redacción del Estatuto se había producido.

Durante la demarcación se verificaron numerosas dificultades de interpretación del texto, respecto a la realidad física de los componentes del río, incluyendo la no consideración de islas aluvionales, que se modificarían en sus perfiles con el tiempo. Es decir, el Tratado se estructuró en base a datos históricos y viejos registros, sin considerar la realidad de su geografía.

La etapa de demarcación, exigió sortear todas estas imperfecciones del texto, para evitar cualquier tipo de modificación del Tratado, que como tal, según la Convención Internacional sobre Tratados de Viena, exigiría la apertura del Tratado con la disposición de los países firmantes.

O sea, que abrir el Estatuto, es como abrir el total del Tratado, con los mismos riesgos que se consideran cuando se hizo referencia al Tratado del Plata. Tan riesgoso para el país de menor peso, que se arriesga innecesariamente a perder lo logrado y quedar sin el respaldo de un documento político jurídico de referencia.

Desde que las Comisiones Administradoras dispuestas en los Tratados de Límites con Argentina, las Delegaciones uruguayas, dejaron de designar a representantes de Ministerios involucrados en los diferentes temas relativos a los usos del río, para tener designaciones de consuelo político para partidarios sin destino logrado, las dificultades de manejo de los textos se fue haciendo cada vez más notoria, y aparecen asesoramientos con estas propuestas, nacidas de desconocimientos y apropiada experiencia sobre el tema que se pretende modificar o cambiar.

En efecto, ya no hay representantes directos del MOP, en cuanto a Hidrografía, dragados etc., ni del MGAP para manejo de bosques suelos, islas, pesca, ni del Ministerio que atiende el medio ambiente, etc. Todas estas designaciones fueron a la bolsa de nombramientos de pagos políticos.

Y así fueron dando tumbos disposiciones apropiadas a contemplar todo lo que se pretende por separado y modificaciones, que los Tratados en sus textos lo permiten como  posible, si se entiende el proceder dentro de los mismos.

Osado será abrir el Estatuto, o sea el propio Tratado de Límites, con un panorama muy diferente a la época de sus firmas, con las del día de hoy, con piqueteros, negación de dragados (que no se pueden negar, salvo que no se entienda lo previsto), hablar de vías de navegación para portes marinos, sobre profundidades naturales del cauce que exigirían inversiones descalificantes económicamente, y mucho más.

Será prudente dejar de innovar, y tomar mejor conocimiento y comprensión de lo que se logró; una vez, y quién sabe cuando se darán las condicionantes para repetir lo hecho.

 

( *) La Asociación Cultural y Educativa Uruguay Marítimo (ACEUM), hace suyas las consideraciones, conceptos y conclusiones del precedente informe y agradece la colaboración del autor; distinguido socio fundador y asesor de esta Directiva.

 

 COMISIÓN DIRECTIVA-ACEUM

Fecha: 18/02/10

La nueva frontera

Juan Oribe Stemmer *

 

En el discurso pronunciado al asumir el cargo de Comandante en Jefe de la Armada Nacional, puso énfasis en la importancia de mejorar los medios de que dispone la Armada, incluyendo tanto a sus elementos materiales como al personal. Todo ello con el fin de "afirmar y defender" la soberanía de nuestro país.

La Armada Nacional cumple con un papel muy especial para conseguir ese objetivo esencial, que abarca desde la investigación científica (caso del Sohma), hasta la aplicación de los convenios internacionales de la OMI referentes a la seguridad de la vida humana, las cargas, los buques y el medio marino. Al mismo tiempo, y sin perjuicio de aquel papel central de la Armada, la tutela de los intereses marítimos depende de un conjunto más amplio de actividades que involucran a muchos sectores de nuestra sociedad.

Desde la enseñanza y la información (los creadores de la conciencia marítima), hasta la investigación científica y, fundamentalmente, las actividades económicas vinculadas con el aprovechamiento de los usos y la explotación de los recursos de los ríos y mares.

Las actividades marítimas y fluviales de nuestro país parecerían concentrarse en dos o tres grupos de intereses. Uno de ellos es el constituido por la navegación comercial y la actividad portuaria. Los principales puertos uruguayos reciben un importante tráfico de buques, incluyendo a Nueva Palmira (810 buques en el año 2008), Fray Bentos (138 buques en el 2009) y Montevideo (4.881 buques, o, mejor, escalas, en el 2009).

El movimiento total del Puerto de Montevideo el año pasado incluyó 1.003 buques fluviales o de cabotaje (con un tonelaje de registro total de 3,2 millones de toneladas), 2.068 pesqueros nacionales y extranjeros (924 mil toneladas) y 1.810 buques que operan en los tráficos de ultramar (43 millones de toneladas).

Ese tráfico se incrementa continuamente y es una actividad económica de trascendencia nacional y regional. También apareja responsabilidades para nuestro país.

Otro grupo de intereses son los vinculados a los recursos minerales en el subsuelo acuático.

Hoy, la plataforma continental de nuestro país se extiende hasta una distancia de 200 millas náuticas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide el mar territorial. Es decir que su límite exterior coincide con el de la zona económica exclusiva.

Eso cambiará. En abril pasado el Uruguay entregó a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas su presentación para extender aquel límite hasta la milla 350. Aún cuando los derechos de soberanía que le corresponderían a nuestro país en la franja comprendida entre las millas 200 y 350 se limitan a la exploración y explotación de los recursos de la plataforma (no de las aguas), la decisión favorable de la Comisión le abriría importantes posibilidades a nuestro país.

Pero, en el mar no basta con tener derechos, es necesario conocerlos a fondo, defenderlos, vigilarlos y, sobre todo, ejercerlos.

"Las actividades marítimas de nuestro país se concentran en dos o tres grupos de intereses".

 

* El autor es editorialista del diario El País de Montevideo, fue Director del Instituto Nacional de Pesca (actual DINARA) y representó a Uruguay en Organismos binacionales con la República Argentina.

 

Fecha: 16/02/10

Sobre posibilidad de revisar el Tratado del Río de la Plata

“Analizar la posibilidad de revisar el Tratado ya veterano del Río de la Plata”, el dragado del Río Uruguay y en especial el del Martín García” (expresiones del futuro Primer Mandatario, en Semanario Búsqueda  14.1.10, Pág. 4.) Esta información ha llamado la atención en nuestro país y en particular en la Asociación Cultural y Educativa Uruguay Marítimo (ACEUM).

Por tal motivo hemos recurrido a la experiencia y autoridad de uno de nuestros asociados que nos honra como Presidente del Concejo Asesor de nuestra Comisión Directiva, el Señor C/N(R) Yamandú Flangini. Es de resaltar la larga trayectoria del citado profesional, y la participación directa que le cupo en particular, en las tareas de negociación binacionales, que culminaron precisamente con la firma de los tratados que terminaron con las diferencias que se mantenían con el hermano país en esos aspectos.

Los Tratados, en especial aquellos que refieren a la limitación de territorios, no son posibles de ser modificados, salvo consentimiento de las Partes signatarias.

Reconociendo la estructura de un Tratado, en mi opinión de siempre, los Tratados, u otras formas de acuerdo, presentan su estructura en forma jurídica, pero en la realidad, tienen su base de concreción en lo político, y es a través de ello que se concretan o no.

Abrir un Tratado de límites entre un estado de menor posibilidad, y otro de mayor, es suicida para el menor.

En el caso del Tratado del Plata, pasaron 140 años sin poder obtenerse un acuerdo, y sólo condiciones muy especiales de relación permitieron llegar a la firma.

La equidad lograda, los beneficios para uno y otro, la cordialidad de su desarrollo, hacen de este documento internacional, un texto que recogió los mayores  elogios a nivel internacional, particularmente en el propio seno de la Conferencia sobre el Mar de Naciones Unidas en 1974.

Es más, el Tratado fue depositado en NNUU, sin reservas o rechazo por ninguna nación.

 Donde nunca convenció a opiniones públicas y de Estado fue en la Argentina, entendiendo que como venía haciendo sentir su presencia de dominio y uso anterior, no se debió acceder a un convenio que la limitaba, reconociendo derechos a su vecino, sin ninguna presión ni reacción de importancia, siendo aquel de menor posibilidad de hacerlo.

Si el Tratado se reviera, sólo se arriesgará perder lo logrado.

El Tratado logró para Uruguay, iguales derechos en todo lo que refiere a su uso, canales, pesca etc. Logró el reconocimiento de sus derechos jurisdiccionales, así como la soberanía plena en fajas costeras.

Junto a las aguas del río, logró la equidad en los derechos sobre las aguas, lecho y subsuelo del océano contiguo, extendiendo además a una Zona Común de Pesca, hecho que permitió el desarrollo pesquero basado en la certeza jurídica de las operaciones de captura.

Logró la línea de equidistancia que separa los el Frente Marítimo, dando soberanía y jurisdicción, tanto en aguas como en subsuelo, especialmente en lo que refiere a los recursos, vivos (pesca y otros) como no vivos (hidrocarburos, nódulos de metales etc)

Logró el poder presentar iguales fórmulas ante el otro vecino, estableciendo el límite lateral marítimo con Brasil.

Revisar el Tratado, aparece como tan riesgoso, tan innecesario, como imprudente.

No se debe confundir el Tratado, con Notas Reversales, que hábilmente Argentina promovió y logró el consentimiento uruguayo, para recuperar de esa forma su prevalencia en los usos principales del río, tal como la autoridad en el Canal, fijación de peajes, presencia de Autoridades marítimas aún en aguas que el Tratado define como de jurisdicción uruguaya.

Estos actos, las Notas Reversales de 1997, los Convenios para Dragar Martín García, la denuncia del Convenio de Transporte de 1974, si hace ya tiempo que merecen ser revisados. Esto si, el Tratado no.

Será de felicitar si en ese tipo de revisión, se logra volver a lo que realmente estableció el Tratado, deben tener la ilusión que la situación ultra especial en que se firmó el Tratado, vuelva a suceder.

Las cosas claras. Revisar el Tratado, por ahora jamás, las Notas posteriores, muy de acuerdo, pero sin ver posibilidad cierta.

Finalmente el Tratado no es anciano, lo previsto está en plena vigencia, en lo jurídico y en lo técnico. Puede considerarse que el avance permanente en el transporte por agua va a requerir adecuación, pero ello no es parte de revisar el Tratado, sino crear operativas apropiadas aún dentro de su encuadre.

Si se considera que este Tratado de 1973 es anciano, en visita que se haga a Brasil, se encontrará con un Tratado de Límites de 1852 y ahí si que se encontrará trabajo de revisión, de la Isla Mal Llamada Brasilera, el Rincón de Artigas, Pueblo Albornoz, y otros.

Hay que tener mucha fe para revisar tratados a favor, ante vecinos tanto más grandes.

La Asociación Cultural y Educativa Uruguay Marítimo (ACEUM), hace suyas las consideraciones, conceptos y conclusiones del precedente informe y agradece la atención de su distinguido socio fundador y asesor.

 

 COMISIÓN DIRECTIVA-ACEUM

Fecha: 29/01/10

Uruguay también existe

“Le dimos la espalda al mar y se la seguimos dando”… *

Por Eleuterio Fernández Huidobro Senador de la República - Fundador y dirigente del M.L. N.- Tupamaros.

 Los uruguayos (en enorme mayoría) y a lo largo de nuestra historia le hemos venido dando cinco espaldas al país o cinco veces la espalda. Es por ello que muchos dudan de su viabilidad.

Sencillamente porque con tanta espalda puesta contra el horizonte sólo se puede ver un pedazo, y pequeño, del ombligo. Si a tal paisaje lo consideramos “el país” entonces está claro que no es viable.
Le dimos la espalda al mar y se la seguimos dando. Es algo inexplicable. La extensión de los intereses marítimos orientales es mayor a la de las áreas terrestres. Llega por el mar hasta la Antártida y sus aledaños y sube por los ríos y lagos, país y continente adentro.
Le dimos la espalda al subsuelo tanto del mar como de la tierra y se la seguimos dando. Hacia “abajo”, de Uruguay sólo conocemos o nos ha interesado conocer hasta el lugar adonde llegan las raíces del pasto. Como si el Uruguay fuera nada más que una finísima lámina. Cabe señalar subsidiariamente que también se la dimos al cielo (recién ahora tendremos radares para saber quién va y quién viene por él) y al espacio (donde poseemos derechos satelitales).
Le dimos la espalda a la tierra comprando veleidades urbanas (para colmo exhóticas, envasadas y mal traducidas) que se nos instalaron en la cabeza y por ella en el territorio (país macrocefálico y no solo centralizado sino centralista). De esas malformaciones la peor, por lejos, es la mental. Será la más difícil de erradicar porque las neuronas anquilosadas carecen de cintura apropiada como para que el cuerpo ya calcáreo también pueda darse vuelta. Como si fuera una heladera.
Le dimos la espalda a la industria. Incluso la combatimos. Hubo un Ministro de Economía y Finanzas que con flagrante honestidad intelectual llegó a plantear la disolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Y lo logró.
Presenciamos, paralizados por la sorpresa, la más grande demolición industrial del mundo (en términos relativos a nuestro tamaño) y nos quedamos a vivir entre las ruinas de un grande cementerio industrial (que pueden verse todavía como vestigios de una civilización pretérita asolada por la caída de un meteoro).
Le dimos finalmente la espalda a la gente que comenzó a hundirse en la pobreza y por ella en la indigencia hasta llegar al submundo de la exclusión. Pero también al mundo del envejecimiento poblacional y la emigración.
Si no nos revertimos; si no decidimos poner espalda contra espalda olvidando el ombliguismo y así poder mirar para afuera, no podremos ver al desintegrado país descuartizado. Al país así roto. Al Uruguay entero que debemos reconstruir, restañar, cicatrizar, unir. El único viable que a la vez es extremadamente viable.
Esta es además una ecuación “matemáticamente” demostrativa de que a pesar de todo (incluso de nuestra ceguera) Uruguay también existe.

 

*Nota: Los resaltados en negrita son nuestros-(UVM)

 

Fecha: 27/01/10

 

Estilo y sustancia

JUAN ORIBE STEMMER

Durante la entrevista que tuvieran el presidente electo de nuestro país y su señora esposa con la presidenta argentina se consideraron importantes temas en la agenda bilateral argentino- uruguaya. Según informó El País, el senador Mujica ha hablado recientemente de "repasar el ya veterano tratado de la época de Perón" del Río de la Plata (El País, 13 de enero) y en la reunión con Cristina Fernández se "habló de reformular los tratados" (15 de enero).

¿Cuál fue la naturaleza del encuentro?

El Sr. José Mujica aún no es el presidente de la República. Pero es el presidente electo. La Sra. Topolansky es una influyente senadora del partido ganador en las últimas elecciones. La persona que los recibió inviste el cargo de presidenta de la República Argentina. A ello se agrega el peso de los temas mencionados durante el encuentro.

Es ingenuo pensar que el encuentro solamente puede ser visto como una visita de cortesía de un vecino que pasa por el barrio.

Llama especialmente la atención las referencias hechas al tratado del Río de la Plata. Por diferentes motivos.

En sentido estricto no existe un tratado de ese nombre. Existe el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, suscrito en 1973. La circunstancia de que un acuerdo internacional sea "ya veterano" no debe servir de fundamento para que sea "repasado". Lo que importa es el contenido del documento. Si comenzamos a revisar tratados solamente porque son viejos entonces pronto nos veremos en graves problemas.

Además, el Tratado del año 1973 es un instrumento internacional de considerable complejidad.

Primero, se refiere a dos espacios geográficos adyacentes que tienen su propio régimen jurídico bajo el Derecho Internacional (el Río de la Plata y lo que llama Frente Marítimo). Segundo, es un acuerdo de límites que también incorpora un completo estatuto que se refiere a la explotación de los recursos vivos (pesca) y no vivos (¿petróleo?) en esas aguas y los usos de ellas. Especialmente, en el caso del río, a la navegación y construcción y mantenimiento de los canales de navegación. Finalmente, el Tratado es un instrumento muy flexible que previó el establecimiento de dos comisiones binacionales con importantes cometidos, que, en general, cumplen muy bien.

El Tratado de 1973 es un elemento esencial de la política de Estado de nuestro país (y, probablemente, tiene un significado muy parecido para la hermana República Argentina). Cualquier propuesta para "repasarlo" debería ser considerada con extrema cautela y conseguir el respaldo de un amplio consenso nacional, antes de ser presentada.

Aunque sea en una charla informal.

El estilo un poco iconoclasta del presidente electo es una brisa fresca en el escenario político, que, quizás, se ha vuelto demasiado envarado y distante. Pero una actitud más informal no significa necesariamente dejar de lado la fría y necesaria meditación previa cuando se trata de la sustancia de las cosas. Especialmente en las relaciones internacionales.

"Las relaciones internacionales no deben ser manejadas en un marco de informalidad".

Juan Oribre Stemmer

Fecha: 21/01/10